Juzgado de Paz
En sesión extraordinaria, esta mañana, los ministros de la Corte no confirmaron a la fiscala Laura Beatriz Ávalos, quien se allanó a una leve sanción por la mega deforestación en Mariscal Estigarribia, Chaco, y al sobreseimiento del otro procesado. Se declaró vacante su cargo. Además, entre otros, ratificó al juez de Garantías, Miguel Palacios.
La jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, y otros seis acusados afrontarán juicio oral. Además,el magistrado Humberto Otazú se opuso a dar la suspensión del proceso para otros dos procesados por el caso, para los que la Fiscalía se allanó al pedido.
La fiscala Belinda Bobadilla solicitó esta mañana al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú el rechazo de la mayoría de los incidentes planteados por las defensas de los acusados en el caso de la mafia de los pagarés, correspondientes al Juzgado de Paz de La Catedral del segundo turno.
Los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero aclararon que el 30% que hablaron los ujieres Édgar Ayala y Alfredo Samudio era el monto con el que se quedaba la jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, según la declaración realizada ayer en la preliminar, y no para los ujieres.
El ex ujier Édgar Fabián Ayala Melo declaró ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, que la acusada magistrada de Paz Natalia Garcete le entregaba el 30% de lo recaudado por las notificaciones en juicios ejecutivos. Además, señaló que los abogados presentaban las cédulas de notificación ya diligenciadas. Solicitó la suspensión condicional del procedimiento.
La Corte informó esta mañana, durante su sesión plenaria, que dispuso la depuración de los juicios ejecutivos en Juzgados de Paz tanto de la capital como de Central. Según explicaron, se trata de más de 23.000 juicios ejecutivos que fueron depurados, entre finiquitos, caducidades y levantamientos de embargos.
Tras rechazarse un pedido de suspensión de audiencia para todos los procesados, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú inició la preliminar para la jueza de Paz de La Catedral Nathalia Garcete y los demás acusados, en uno de los casos de la mafia de los pagarés.
El pleno de la Corte Suprema suspendió con goce de salario básico a la jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz, y a los funcionarios de dicho juzgado en sus secretarías 1 y 2. Además, dispuso sumario administrativo, y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento.
Según la Fiscalía, se usó el sistema judicial para perjudicar a víctimas, ya que se hacían juicios “a espalda” de los supuestos deudores y que el juez Gustavo Villalba aparentemente sabía todo. Este se suma a los cuatro jueces ya acusados.
Para las grandes empresas de la mafia de pagarés había un trato diferenciado, ya que estas no dejaban en las sedes judiciales los pagarés, como exige la norma. Se sabía que “los deudores no se presentarían”.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado concedió cinco meses más para investigar al ex juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, y otras siete personas, entre ellas, ex directivos de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en uno de los casos de la denominada mafia de los pagarés.
La Fiscalía presentó la conclusión en la causa principal de la mafia de los pagarés y encontró que las notificaciones no se habrían realizado en 639 expedientes y los pagarés nunca fueron presentados. Muchos casos se movían desde las casas de cobranzas y no en los juzgados.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso el enjuiciamiento de oficio de la jueza de Paz de Villa Elisa Marta Beatriz Benítez Alderete, con pedido de suspensión en el cargo a la Corte Suprema de Justicia. Fue a raíz de irregularidades constatadas en una auditoría en 112 expedientes.
Comisión Especial del Senado convoca a jueces de Paz para hablar sobre casos de mafia de los pagarés
Jueces de Paz de Asunción y del Departamento Central son convocados por senadores para hablar de las problemáticas que se enfrentan tras el descubrimiento de la trama delictiva con pagarés. El evento está previsto para la otra semana.
El ministro de la Corte, Gustavo Santander, recibió esta mañana a las víctimas de la mafia de los pagarés. Les sugirió que en el Parlamento pidan incluir en la ley de emergencia que los expedientes sean trasladados a las localidades donde residen los demandados, para poder ejercer su derecho a la defensa.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado ratificó la resolución del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, que dispuso la extracción de datos de los celulares de la ahora ex jueza de Paz de San Roque Liliana González de Bristot, imputada por su presunta vinculación en los casos de la mafia de los pagarés.
Los miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los pagarés presentaron una nota dirigida a la Corte para solicitar la confirmación de la audiencia fijada para el próximo 11 de agosto en el Poder Judicial. Quieren seguir el diálogo sobre el tema, a más de estudiar las propuestas presentadas.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú concedió la libertad ambulatoria al ex juez de Paz de Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta, imputado por su presunta participación en un esquema irregular que habría perjudicado a miembros de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
Zila Zárate Ávila, una de las manifestantes del caso de la mafia de los pagarés, denunció que falsificaron su firma, la demandaron y hasta fue inhibida. Afirmó que todos los informes del juicio eran falsos. Por su parte, el abogado denunciado, Milciades Toledo, asegura que ella sacó un crédito que no pagó, motivo por el cual fue demandada.
Miembros de la Coordinadora de la Mafia de los Pagarés se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Justicia, donde entregaron una nota solicitando audiencia con los ministros de la Corte. Además, anunciaron que desde la próxima semana realizarán una vigilia. Afirman que, a nivel país, hay unas 17.000 víctimas, de las cuales 15 se habrían suicidado.
Desde el Senado pretenden dar soluciones a las víctimas del esquema de estafas con pagarés y hacer un “saneamiento” en los casos, por lo que buscan declarar la emergencia judicial. Además, están avanzado en crear leyes que localicen expedientes con embargos activos.
La defensora pública de Mariano Roque Alonso Leticia Casaccia obtuvo el levantamiento del embargo que pesaba sobre una de las víctimas de la mafia de los pagarés. Además, en otro caso, se dispuso la reconstitución del expediente que estaba desaparecido, según informó la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Defensa Pública.
La Sala Penal de la Corte remitió al Tribunal de Apelación Penal Especializado para estudiar la impugnación del camarista Arnulfo Arias, en contra del apartamiento de su colega Bibiana Benítez, en el caso de la mafia de los pagarés, con respecto al juzgado de Paz de La Catedral, del segundo turno, a cargo de la suspendida jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino.
En la sesión del pleno de la Corte, la ministra Carolina Llanes presentó un informe sobre la producción de los jueces del fuero de la Niñez y la Adolescencia a nivel país. Explicó que, en los primeros seis meses del 2025, se dictaron 15.208 sentencias definitivas, 26.426 autos interlocutorios y 212.133 cédulas de notificación en el fuero. Además, informaron sobre los juzgados de Paz intervenidos.
Una mujer denunció que fue demandada por una deuda con la firma Facilandia, por lo que abonó el crédito, le devolvieron los pagarés y le dieron un certificado de cancelación. Sin embargo, ahora otra empresa le demanda con la copia del mismo pagaré que está en su poder, pero autenticado por escribanía.
Pidieron que en 50 casos más se reconstruyan los expedientes, ya que estos no aparecen. Mientras, como medidas cautelares solicitaron suspender en esas causas los cobros compulsivos.
Las juezas de paz de los distritos de La Encarnación y Catedral decidieron no hablar ante los fiscales que investigan la trama de estafas masivas con pagarés. Con esto, se completaron la comparecencia de los cinco jueces involucrados que fueron citados por el Ministerio Público para declarar.
A través de diez defensores de la capital, el Ministerio de la Defensa Pública presentó esta mañana ante el Juzgado de Paz de La Encarnación y en otros juzgados, pedidos de intervención en más de 200 casos de víctimas del esquema de la mafia de los pagarés.
El juez Víctor Nilo Rodríguez también se abstuvo de declarar ante los fiscales que investigan la trama de la mafia de los pagarés. Se presume que sacó 174 resoluciones en violación de la ley. Ayer ya se había presentado la ex jueza Liliana González de Bristot.
El pleno de la Corte aceptó la renuncia del juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez, y del defensor público, Gustavo Daniel Núñez, ambos suspendidos en sus cargos; el primero por su presunta vinculación con la mafia de los pagarés, y el segundo por haber cobrado sus servicios de forma irregular.