Edit Noemí Román es una docente jubilada que también denuncia haber sido víctima de la mafia de los pagarés. Tres veces le embargaron su sueldo por una supuesta mercadería que habría comprado en el 2014 y terminó pagando G. 14.148.000. Ella es de Itapúa, pero le demandaron en Villa Elisa.
“Soy víctima también de este esquema conocido como la mafia de los pagarés. Quiero contar mi caso también, porque es la única manera para que podamos encontrar una solución”, dijo la mujer, oriunda de General Delgado.
“En marzo de 2025 me acerco al cajero para cobrar y me encuentro con que mi sueldo es solamente G. 500.000”, contó, pero su calvario judicial ya había iniciado tiempo atrás, sin que ella se diera cuenta.
“El sueldo nuestro es un sueldo honesto, que nos ganamos por años de trabajo. Señores ministros, ayuden a las personas a solucionar esto, a que no se le quite un centavo de plata que no corresponda”.
Tres embargos irregulares por un solo pagaré
Ella recuerda que solían adquirir cosas “vía ministerial” y firmaban triplicados. Piensa que quizá uno de los que firmó en esa época empezaron a debitarle.
Entre el 2014 y el 2015 ya le habían descontado silenciosamente, sin que ella se percatase. En ese primer embargo, en total le habían sacado G. 4.900.000.
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Recién ahora descubrió esos descuentos y encontró que fue por un pagaré que ella firmó, aparentemente en blanco, pero que tiene fecha del 16 de mayo 2016. Es decir, que se le embargó adelantado, ya que se le descontó en el 2014.
El segundo embargo vino años después. “Al retirar mi extracto del Ministerio de Educación, me encuentro con la sorpresa de que en el 2021, en dos meses me quitó (en total) 2.200.000 también”, explicó.
El último embargo inició este año, en marzo. La empresa SGE SRL le descontó G. 1.500.000 por cinco meses. “Ahí ya medio que me golpeó, que casi me quitó todo el sueldo, porque también tenía otras deudas”… “Yo no recibí ni una notificación que yo estaba demandada”, dijo.
Demandada por una extraña
En esta demanda, pese a solo cobrar G. 500.000, logró llegar desde General Delgado (Itapúa) hasta el Juzgado de Paz de Villa Elisa, donde se encuentra con que la demandante es Vanessa Araceli Chaparro Ávalos, de la empresa SGE SRL. Le embargó por G. 7.048.000.
“Estoy a 300 kilómetros de Asunción, yo no le conozco a esta persona, yo no tuve trato con ella”, contó.
Finalmente, le contactó a la mujer, pero esta le derivó con otra persona, hasta que llegó al abogado Alcides Estigarribia, quien dijo que tampoco sabía nada. Finalmente, le expresó: “Seguro fue por mercaderías, señora, es una casa de venta de muebles”.
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“Los juzgados no averiguan, no investigan, simplemente ejecutan. Es tan difícil y duele Paraguay que nuestras autoridades, como la Corte Suprema, dice que no puede hacer nada”, lamentó Edit Román.
Continuó diciendo que “el sueldo nuestro es un sueldo honesto, que nos ganamos por años de trabajo. No le robamos a nadie, y que se nos toque así. Señores ministros de la Corte hagan algo, ayuden a las personas a solucionar esto, a que no se le quite un centavo de plata que no corresponda”, finalizó.
