Escaso tiempo ha transcurrido de aquel histórico fallo que, según dijéramos desde este mismo Editorial, daba un poco de credibilidad a la Justicia. Poco más de un mes después, el caso de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel, sigue manchando de descrédito a la Justicia paraguaya. González Daher está envuelto en una nueva trama: imputado por quebrantamiento del depósito en grado de instigador y por extorsión en grado de autor, por el caso de los cheques hurtados del Juzgado de Humberto Otazú, antes del juicio oral en el que fue sentenciado a 15 años de prisión. Pese a todos los elementos, un juez le concedió la libertad ambulatoria. Parafraseando al filósofo, en el Paraguay la historia también se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. Es hora de que la Justicia demuestre su independencia.
El problema climático es un hecho que ya no puede ser ignorado. Olas de calor prolongado, sequía e incendios tienen un efecto catastrófico a nivel social y económico. Tampoco se puede obviar el aspecto del humor social en la presente y las pasadas semanas vividas en el país: las inusualmente elevadas temperaturas resultantes de la ola de calor, sumadas a cortes de energía eléctrica y en la provisión de agua potable, el humo acumulado en el ambiente, producto de los incendios, así como la muy limitada oferta de lugares de recreación públicos para el baño, ponen a prueba seriamente la paciencia del ciudadano. Las autoridades deben tomar seriamente la situación actual y obrar conforme a las urgencias de la coyuntura; sin embargo, se deben analizar las alternativas para paliar los eventos climáticos a mediano y largo plazo. Necesitamos respuestas efectivas.
El cambio climático está teniendo efectos devastadores en la economía; una de las consecuencias de este fenómeno es la sequía. Esta semana representantes de los gremios que aglutinan a productores sojeros presentaron un estudio sobre las pérdidas que están enfrentando en la presente zafra y solicitaron el apoyo estatal. El Gobierno respondió positivamente con una serie de medidas que beneficiarán al sector, cuyos costos no se conocen. Es importante que los organismos estatales informen y transparenten, con el propósito de cuantificar el impacto económico público y privado que tendrá el problema.
El aprovechamiento de las declaraciones de emergencia para desviar recursos públicos siempre existió. El problema es cuando a pesar de conocerse la situación, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo siguen utilizando dicha figura sin hacer los cambios necesarios para evitar el mal uso de los mismo. En las municipalidades y departamentos el abuso se agudiza y, a pesar de ello, ninguno de estos poderes hace los cambios necesarios en las normas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. El Poder Judicial no deja de tener responsabilidad al dejar impunes los actos de corrupción. Los organismos responsables de controlar los gastos públicos, combatir la corrupción e impulsar la transparencia de la gestión pública deben hacerse cargo del problema ejerciendo el rol que les corresponde.
Ante el gran incremento de contagios por Covid-19 hay que insistir en los cuidados y el cumplimiento de las medidas sanitarias a fin de no facilitar la propagación del virus. La vacunación con el esquema completo es clave para impedir más muertes. Está comprobado que evita que se agrave la enfermedad. La mayoría de los casos en vacunados, especialmente ahora con la ómicron que es la predominante, son leves. A pesar de haber sido inmunizado, se debe cumplir con el protocolo de prevención no solo pensando en uno mismo, sino en el entorno familiar, el grupo de trabajo y de amigos.
El operativo Navis de la Senad y la Fiscalía revela un nuevo caso en que el narcotráfico corroe los tejidos más sensibles de la política. Un antiguo dirigente liberal fue detenido como un eslabón importante de una estructura criminal liderada por el hijo de un ex diputado también del mismo partido. Este hecho se suma a otros que muestran como los partidos políticos están infisionados por el poder narco. Las instituciones antidrogas deben invertir cada vez más en tecnología de punta para fortalecer sus investigaciones y de esa manera perseguir con mayor eficacia a los integrantes de las bandas criminales que fomentan el tráfico.
Arrancamos un año eminentemente electoral y los caudillos políticos cuentan con una vasta clientela empotrada en el Estado para sus campañas. Ostentan como botín los cargos, que ofrecen en todos los niveles en la medida que el proceso electoral avanza y toma fuerza. Tienen el mal hábito de manejar arbitrariamente puestos o contratos en las diversas instituciones públicas para asegurar punteros. Se debe romper esta mala costumbre de solventar campañas a costa del erario. Las elecciones internas partidarias serán en diciembre, pero el cronograma electoral se inicia este mes. Los candidatos en carrera ya comenzaron a calentar los motores.
El agua potable es vital para nuestra salud, por lo que su adecuado tratamiento es también fundamental para su consumo. En un informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) se dio a conocer que nada menos casi 1.500.000 personas de la población que tiene acceso a agua corriente la reciben sin procesamiento sanitario apropiado. También se deduce que cerca de 900.000 personas ni siquiera la obtienen por este sistema, sino que lo harían de pozos, arroyos y ríos. Números elevados que denotan un riesgo para la salud y que urgen que el Estado facilite este derecho humano básico.
La informalidad en Paraguay tiene múltiples aristas. La mayor parte de las veces se relaciona con las personas o actividades que tienen un peso reducido a la hora de cuantificar su impacto económico. Limpiavidrios, vendedores en la calle, mujeres que venden productos elaborados en casa, microemprendedores que no emiten facturas, paseros que coyunturalmente viven de esa actividad cuando el tipo de cambio de los países vecinos genera competitividad, entre otros, suelen estar en la discusión. Sin embargo, los grandes números de la informalidad según múltiples informes de organismos nacionales e internacionales están en actividades de gran porte que a su vez se vinculan a los grandes capitales. Cualquier acción en contra de la informalidad debe empezar por ahí.
La corrupción tiene más costos económicos de los que generalmente la ciudadanía dimensiona. No es fácil cuantificar, debido a la gran cantidad de costos invisibles, aunque es fácil dimensionar utilizando el sentido común. Por otro lado, también hay un problema ético; por ejemplo, la corrupción en salud, ¿cómo se cuantifica la pérdida de la vida de una persona por la falta de medicamentos o la gestión prebendaria o partidizada de los recursos humanos? ¿Es posible ponerle un valor a esa vida perdida? Los costos económicos de la corrupción son inconmensurables, obstaculizando cualquier aspiración de crecimiento económico, desarrollo y mejora de la calidad de vida.
