Durante la preliminar que se realiza ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, el procesado ex ujier Édgar Ayala prestó declaración.
En su deposición, dio todos los detalles de su trabajo en el Juzgado de Paz de La Catedral, del Segundo Turno, a cargo de la jueza Nathalia Garcete.
Explicó que conversó con la jueza cuando ingresó y que le dijo que de todas las recaudaciones semanales por las notificaciones en los juicios ejecutivos, le iba a tocar el 30%, y que la jueza se quedaba con el resto.
Ayala dijo que la magistrada le señaló que “tenía que estar atento porque teníamos personas tipo delivery que nos ayudaban a realizar las notificaciones en el caso que nos parecían”.
Afirmó que “conversé con una de estas personas y normalmente solían ser distintas que se acercaban, ya que era un grupo y cobrando un monto inferior nos ayudaban con el volumen inmenso de las notificaciones”.
“Asimismo, los procuradores tanto de empresas como abogados particulares, sin distinción, nos traían los proyectos de cédulas debido a que en las secretarías solamente contábamos con una impresora vieja, de esas que funcionan con cinta, lo que imposibilitaba la realización normal y la fluidez del trabajo”, relató.
Indicó que “en algunas ocasiones, teníamos que poner dos hojas y un papel carbónico para realizar el original y las copias para agilizar”.
Reveló que “los procuradores normalmente nos traían entre 150 y 200 cédulas para diligenciar aproximadamente y, en algunos casos, una planilla con un resumen de la cantidad que nos traían, juicios y montos que estos eran inferiores a los establecidos por la Corte Suprema de Justicia”.
Dijo que conversaba con la jueza “sobre el volumen que había entrado en la semana, que era imposible de realizar todos incluso con la ayuda de los motociclistas, donde me mencionó que tenía que ser diligente y mantener el mismo flujo de rapidez, y que si era necesario, realizar los informes y volver a entregar en la semana a los procuradores”.
“Así también estableció un monto de lo que ingresaba, que era del 30%. De esa forma se trabajó hasta el día en que renuncié como ujier en el año 2023. Quiero mencionar también que en el juzgado no había cámaras ni micrófonos, y que normalmente, la doctora tenía un espacio en secretaría donde trabajaba diariamente firmando las resoluciones”, sostuvo en su declaración.
Aseguró que “las planillas y copias de los recibos que les entregaba a los que traían las notificaciones, las guardaba y archivaba debajo de mi escritorio. La doctora mientras realizaba su trabajo, observaba el normal funcionamiento de la secretaría, teniendo conocimiento de las cuestiones diarias”.
Mencionó que “me encargaba netamente de todo lo concerniente a las notificaciones y me retiraba muy rápido en el día debido a que mi horario era hasta las 9:30".
Dijo que realiza actualmente un tratamiento psicológico por lo sucedido. Además, dijo “fallé como persona, como joven y como profesional”, por lo que estaba muy arrepentido.
Después, solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, donde, a través de su abogado, requirió al juez que admita el pedido.
El ex ujier, según su abogado, ya renunció en el 2023 y que es una persona joven sin antecedentes, además de que los delitos acusados pueden ser objeto de la suspensión condicional del proceso. Respecto a la reparación del daño, dejó a lo que determinaba la Fiscalía y el Juzgado como condiciones.
