Los fiscales Leonardi Guerrero, Belinda Bobadilla y Jorge Arce detallaron el modus operandi de la mafia de los pagarés, luego de acusar a 61 personas y pidieron que estos vayan a juicio oral. En esa lista se encuentran como sospechosos jueces, ujieres, oficiales de Justicia, actuarios y abogados.
En conferencia de prensa, los fiscales que llevaron adelante la investigación expusieron que las actuaciones de los funcionarios judiciales “eran realizadas en apariencia de legalidad, y con el propósito de hacer avanzar las diferentes etapas para llegar a los estados de cobro de sumas de dinero”, dijo el fiscal Leonardi Guerrero.
En total, fueron 639 expedientes presuntamente irregulares encontrados, con resoluciones de cuatro Juzgados de Paz, pese a que no hicieron las notificaciones a los deudores.
“Consideramos que es un hecho bastante, de envergadura muy importante, porque se trata justamente de la Administración de Justicia”.
El modus operandi variaba. En varios casos, se pudo determinar que ocurría así: Los abogados presentaban las demandas (acción preparatoria de juicio ejecutivo) y hacían los sorteos de los expedientes, que se iban presentando en grupo. Los sorteos hacían en la misma fecha o fechas consecutivas.
El mismo grupo de expedientes, desde su sorteo y presentación en físico ante el Juzgado, se iba manejando y manteniendo en bloque y así pasaban agrupados a la jueza y actuario.
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Luego pasaban a los ujieres. En muchos casos coincide que estos recibían de los propios gestores de las casas de cobranza “un paquete de cédulas de notificaciones”, que solo necesitaban el sello y la firma de que sí se notificaron, pese a que esto nunca ocurría.
Y ese paquete de cédulas de notificaciones era retirado nuevamente por los gestores para gestionar el siguiente paso procesal, de vuelta en la casa de cobranza. “Entendemos que fue así”, explicó Guerrero.
Incluso, había algunos casos de cédulas de notificaciones que no tenía fecha, ni tenían impresa la dirección, el domicilio, “nada de constancia que haga una seriedad mínima para que un profesional pueda peticionar un acto siguiente”, detalló.
Posteriormente, los abogados empezaban a instar a los jueces para que se les tenga por confesos a los deudores, ya que no se presentaron, algo que era imposible de que ocurra, si nunca fueron notificados.
Los jueces después solicitaban el informe al actuario y estos afirmaban que sí se hicieron las notificaciones, y finalmente, los Juzgados sacaban las resoluciones, “en violación de la ley”, sospecha la Fiscalía.
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Un hecho gravísimo que detectó la Fiscalía, es que “en ninguno de estos expedientes fueron depositados o presentados los pagarés para la audiencia de reconocimiento de firmas”.
¿Prevaricato y falsificación de documentos públicos?
La Fiscalía acusó a la jueza Nathalia Garcete (Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno), junto a 13 personas más. La magistrada habría dictado irregularmente resoluciones en 97 expedientes.
También está acusada la ahora ex jueza Lilian González de Bristot (Juzgado de Paz de San Roque), junto a 17 personas, por sacar resoluciones, supuestamente violando la ley, en 179 expedientes.
Fue acusada la jueza Carmen Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación), junto a 16 personas, por supuestas resoluciones irregulares en 185 expedientes.
Por último, fue acusado, el ahora ex juez Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado de Paz de La Recoleta), junto a 11 personas, por dictar resoluciones en 178 expedientes, también irregulares.
“Consideramos que es un hecho bastante, de envergadura muy importante, porque se trata justamente de la administración de Justicia”, precisaron los fiscales.
La fiscala Belinda Bobadilla, por su parte, explicó que se acusó por prevaricato a los jueces y que en este hecho punible “existe un elemento que es intención de beneficiar a una de las partes. Esta situación, a criterio nuestro, quedó plenamente establecida con el propio análisis de los expedientes”.
Algunas tendrán salidas alternativas
La Fiscalía pidió la suspensión condicional del procedimiento para cinco personas, quienes se acercaron voluntariamente y aportaron información al proceso, según comentó el fiscal Jorge Arce.
