La Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés convocó a los jueces de los Juzgados de Paz más afectados y cuyos antiguos funcionarios tuvieron que ser suspendidos mientras dura la investigación en el Ministerio Público para tratar temas respecto a la trama delictiva. El encuentro debía realizarse hoy, pero fue pospuesto para el próximo lunes.
Por una cuestión de una agenda cargada en la Cámara de Senadores, se postergó para la otra semana la reunión con los magistrados de la Primera Circunscripción Judicial de la Capital y de la Décimo Sexta Circunscripción Judicial de Central.
Actualmente, están siendo investigados los Juzgados de Recoleta, Catedral 1er y 2° Turno La Encarnación y San Roque, así como otros de los Departamentos Central y Presidente Hayes, en el marco de estafas masivas con pagarés ya cancelados o de contenido falso.
La preocupación es por el aparente alto involucramiento de los magistrados y funcionarios judiciales, que se habría prestado, según la Fiscalía, para firmar y resolver embargos a cientos de víctimas que no fueron notificadas y que no pudieron defenderse.
“Es imperioso, urgente llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé por qué ellos ya no actuaron en esto, si acá hay complicidad evidente de jueces, prevaricadores. Todo se hizo mal, no hay una cosa que esté bien”, sostuvo recientemente la senadora Celeste Amarilla.
Continuó diciendo que “acá hay una red de personas que ha trabajado dedicándose a estafar a las clases más vulnerables, vulnerables por su desconocimiento jurídico, vulnerables por su desamparo, vulnerables por su pobreza, vulnerables”, sentenció.
Investigación de la Fiscalía
La principal investigación que lleva adelante el Ministerio Público menciona que existen 781 expedientes presuntamente irregulares, por los que están imputados cincos jueces de Paz. Ellos son:
- Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado Recoleta)
- Gustavo Villalba (Juzgado Catedral 1er Turno)
- Nathalia Garcete Aquino (Juzgado Catedral 2do Turno)
- Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación)
- Liliana González de Bristot (Juzgado de San Roque)
A eso, se le sumó la denuncia de otros 400 expedientes más, 200 de ellos remitidos por los propios jueces interinos, porque habrían detectado hechos punibles y otras 200 denuncias de víctimas.
La causa está a cargo de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, integrado por los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero, Jorge Arce y Luz Guerrero, quienes el próximo 24 de setiembre deben acusar o presentar otro requerimiento conclusivo en la causa.
Los fiscales indagan las denuncias de víctimas que reclaman que no recibieron notificaciones en sus causas, que siguen sufriendo cobros compulsivos, pese a –según las denuncias– estar ya canceladas las deudas.
Hay otros que pagaron parcialmente su deuda y se les vuelve a demandar por el total. Incluso, existen denuncias en las que se mencionan que las demandas promovidas habrían sido sin pagarés.
