El magistrado Otazú rechazó varios pedidos de suspender la audiencia para todos los procesados, salvo algunos para los cuales dispuso la postergación respecto a cinco de los procesados, por razones de salud y debido a que algunos cambiaron de abogado para la preliminar.
Sin embargo, continuó la importante diligencia para los demás, entre ellos, la jueza de Paz Nathalia Garcete, y de otros acusados que habrían integrado el esquema criminal conocido como la mafia de los pagarés.
Entre los procesados están actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados de empresas de cobranzas, según el pedido del Ministerio Público.
En el caso, además de la magistrada Garete, están acusados los abogados Sun Yung Bang (en representación de Plan Urbano SA), Carlos Neffa Persano (en representación de Gestiones y Cobranzas SA), José Ignacio Olmedo Lansac, Juan Alberto Bogado y César Rubén Bogarín Alen (todos ellos abogados de CARSA y Olmedo Lansac, además, presidente de dicha firma).
Asimismo, los ujieres Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Alfredo Samudio y Édgar Fabián Ayala Melo, a más de los actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitia; los oficiales de Justicia Lucio Renato Sosa Cáceres, Óscar Fernando Rivela Gregor, Cristian Daniel Martínez Meaurio.
Después, la fiscala Belinda Bobadilla se ratificó en su pedido de elevar la causa a juicio oral contra los procesados por presuntos hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como por prevaricato, conforme señaló.
Según explicó, los representantes legales de empresas de cobranzas promovieron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro de guaraníes o reconocimiento de deudas, en los cuales se produjeron informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos.
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Estos falsos documentos se elaboraron con el propósito de que los juicios prosperen sin que los deudores demandados tuvieran conocimiento al respecto. Esta maniobra derivó en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con la intención de beneficiar a las partes actoras.
Se ratificó igualmente de las pruebas que presentó para que sean diligenciadas en la etapa procesal pertinente.
Con ello, la fiscala refirió que probará en el juicio oral la acusación, por lo que solicitó al magistrado Otazú que elevara a la siguiente etapa procesal el caso para que puedan enfrentar juzgamiento público.
Después, las defensas deberán presentar sus excepciones e incidentes, a más del ofrecimiento de pruebas.
