En la continuación de la audiencia preliminar para los procesados por el caso relacionado con el Juzgado de Paz de La Catedral, entre ellos, la jueza de Paz Nathalia Garcete, la Fiscalía respondió los incidentes planteados.
Además, en la preliminar, declaró el oficial de Justicia Cristhian Daniel Martínez, quien pidió la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, ya que si bien cometió errores administrativos, siempre actuó de buena fe, según explicó al juez. Después, su defensor requirió aplicar la citada figura procesal.
Posteriormente, la agente Belinda Bobadilla pidió rechazar la nulidad de la acusación promovida por la mayoría de las defensas, con el argumento de que cumple con todos los requisitos legales, ya que describen los hechos atribuidos a cada uno de los procesados, y señalan los hechos punibles, y se individualiza la prueba.
Además, también solicitó rechazar el sobreseimiento definitivo que plantearon las defensas sobre que no se habla de cómo ocurrieron la producción y el uso de documentos públicos de contenido falso y el prevaricato. Alegó que lo que solicitan debe ser estudiado dentro del marco del juicio oral y público.
También se opuso a la exclusión de las pruebas. Las defensas atacaron las principales evidencias, por lo que la Fiscalía señaló la pertinencia de todas las pruebas.
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Se opuso también a la inclusión de pericias contables y administrativas, ya que se pretende evaluar el desempeño de los juzgados de Paz, cuando que los peritos no están capacitados para ello, dijo.
Además, requirió el rechazo de los testigos ofrecidos, el Dr. Miguel Zacarías Michelagnoli y el juez de Paz que no tenían que ver con el caso. Sí se allanó a la declaración de Karen Antonia López y Fernando Bello Colmán, ex funcionarios del Juzgado.
También se allanó a la inclusión del resultado de la auditoría de gestión jurisdiccional realizada por la Corte Suprema de Justicia, ya que es una prueba común con el Ministerio Público.
La audiencia continúa, y es posible que hoy el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resuelva si estos van o no a juicio oral.
En el caso, además de la magistrada Garcete, están acusados los abogados Sun Yung Bang (en representación de Plan Urbano SA), Carlos Neffa Persano (en representación de Gestiones y Cobranzas SA), José Ignacio Olmedo Lansac, Juan Alberto Bogado y César Rubén Bogarín Alen (todos ellos abogados de CARSA y Olmedo Lansac, además, presidente de dicha firma).
Asimismo, los ujieres Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Alfredo Samudio y Édgar Fabián Ayala Melo, así como los actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitia; los oficiales de Justicia Lucio Renato Sosa Cáceres, Óscar Fernando Rivela Gregor, Cristian Daniel Martínez Meaurio.
