La Fiscalía confirmó, tras su investigación en la mafia de los pagarés, que los originales de estos títulos de créditos no se presentaban en los cuatro Juzgados indagados, y lo hacían de forma adrede, ya que las empresas sabían que las víctimas no iban a presentarse, pues nunca fueron notificadas.
“Nunca vi ni un solo pagaré original en el Juzgado, ni me consta que los mismos hayan presentado los pagarés originales ante el Juzgado”, dijo el ujier Alfredo Benítez, del Juzgado de La Encarnación, de Asunción.
Por su parte, una de las funcionarias del Juzgado de Paz de Recoleta, mencionó que en expedientes individuales que venían de abogados particulares o que tenían pocos casos, “siempre estaban los (pagarés) originales para la exhibición.
Confirmó que “en los casos de las empresas grandes (Carsa, Satec), no”.
Otra funcionaria aseveró que “a veces” algunas empresas (pequeñas) presentaban los pagarés para reconocer firmas y dejaban en biblioratos, “pero no había ninguna documentación respecto a la recepción de esos documentos o el depósito, no se hace luego”.
Nunca vi ni un solo pagaré original en el Juzgado, ni me consta hayan presentado los pagarés originales.
La Fiscalía confirmó que, evidentemente, en el allanamiento “no fue encontrado ni incautado escrito alguno referente a empresas, así como tampoco pagarés que pudieron depositar dichas empresas”.
Esto confirma la tesis de que los abogados representantes de las grandes empresas de cobranzas no depositaban ni presentaban los pagarés, porque “sabían que los deudores no se presentarían”.
“No hagan problemas”
La Fiscalía también descubrió la forma en que trabajaba el Juzgado de Paz de Recoleta, donde las notificaciones no se hacían y de igual manera se cobraba por ellos.
“El juez (Víctor Nilo Rodríguez) adoptó la instalación de cámaras de circuito cerrado, en total 16, instaladas encima de nuestro escritorio, tenía hasta micrófono”, dijo uno de los ujieres.
“...Nos decía: ‘atiendan al abogado fulano que está ahí’, nos presionaba que firmemos rápido los expedientes que salían del despacho, nos decía ‘no hagan problemas’, que nosotros refrendábamos nomás su firma”.
Así como en los demás Juzgados (Catedral 2º Turno, La Encarnación y San Roque), en Recoleta también se confirmó que los abogados llevaban a la sede judicial los proyectos ya elaborados, ya sea de las sentencias, providencias o las mismas cédulas de notificación, que los ujieres solo debían firmar y sellar como notificadas.
Acusados
En total, el Ministerio Público acusó y pidió juicio oral para 61 personas, entre ellos, para las juezas Carmen Analía Cibils y Nathalia Garcete y para los ex jueces Víctor Nilo Rodríguez y Liliana González de Bristot.
Incluso, Rodríguez está procesado por el hurto de expedientes de su Juzgado, en la madrugada del 6 de febrero, tras ser suspendido.
