En la audiencia preliminar por el caso de la mafia de los pagarés, realizada ayer ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, declararon dos ujieres procesados, Édgar Ayala y Alfredo Samudio, quienes hablaron del 30% que estableció la jueza de Paz de La Catedral del Segundo Turno Nathalia Garcete.
En su declaración, ambos señalaron que el monto establecido por la magistrada era del 30%, lo que, en principio, se creyó que era lo que quedaba para los ujieres.
“Así también, estableció un monto de lo que ingresaba, que era del 30%. De esa forma se trabajó hasta el día en que renuncié como ujier en el año 2023. Quiero mencionar también que en el Juzgado no había cámaras ni micrófonos, y que normalmente la doctora tenía un espacio en secretaría donde trabajaba diariamente firmando las resoluciones”, sostuvo en su declaración Édgar Ayala.
Sin embargo, los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero aclararon que ese monto del 30% era para la jueza de Paz Nathalia Garcete, conforme lo señalado por los procesados durante la preliminar ante el juez Otazú.
Indicaron que la declaración era nueva para ellos, y que los iban a tener en cuenta en el juicio oral. Estos deben contestar mañana viernes, en la continuación de la preliminar, los incidentes planteados por las partes, entre ellos, los pedidos de suspensión condicional del procedimiento.
Lea más: Mafia de pagarés: Ex ujier dice que jueza le daba 30% de lo recaudado en juicios
En la audiencia de ayer, los fiscales se ratificaron en su acusación, en el sentido de que los representantes legales de empresas de cobranzas promovieron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro de guaraníes o reconocimiento de deudas, en los cuales se produjeron informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos.
Además, sostuvieron que estos falsos documentos fueron hechos con el propósito de hacer prosperar los juicios sin que los deudores demandados tuvieran conocimiento de ellos. Esta maniobra derivó en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con la intención de beneficiar a las partes actoras.
En el caso, además de la magistrada Garcete, están acusados los abogados Sun Yung Bang (en representación de Plan Urbano SA), Carlos Neffa Persano (en representación de Gestiones y Cobranzas SA), José Ignacio Olmedo Lansac, Juan Alberto Bogado y César Rubén Bogarín Alen (todos ellos abogados de CARSA y Olmedo Lansac, además, presidente de dicha firma).
Asimismo, los ujieres Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Alfredo Samudio y Édgar Fabián Ayala Melo, a más de los actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitia; los oficiales de Justicia Lucio Renato Sosa Cáceres, Óscar Fernando Rivela Gregor y Cristian Daniel Martínez Meaurio.
