Editorial ÚH
El más reciente caso de presunto nepotismo, conocido como neposobris, nos enfrenta
una vez más a la dolorosa y preocupante realidad de nuestra clase política, en particular, en esta situación a quienes ostentan la mayoría en el Congreso Nacional y es la falta de coherencia. No dudaron en expulsar a una senadora opositora, pero protegen a otra del sector oficialista, adscrita a la mayoría colorada, y vinculada al caso de nepotismo. Estas acciones y la arbitraria imposición de la mayoría le hacen un gran daño a nuestra democracia.
una vez más a la dolorosa y preocupante realidad de nuestra clase política, en particular, en esta situación a quienes ostentan la mayoría en el Congreso Nacional y es la falta de coherencia. No dudaron en expulsar a una senadora opositora, pero protegen a otra del sector oficialista, adscrita a la mayoría colorada, y vinculada al caso de nepotismo. Estas acciones y la arbitraria imposición de la mayoría le hacen un gran daño a nuestra democracia.
Mientras transcurre el tiempo se van extendiendo y, al mismo tiempo, normalizando las serias deficiencias en el Instituto de Previsión Social, IPS. Lamentablemente, el paso de las diferentes administraciones no ha logrado asegurar una mejor gestión, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la institución, y menos aún, consolidar un mejor sistema de atención a los aportantes de la previsional. Los obstáculos en el sistema de agendamiento, falta de camas y largas esperas para estudios básicos y especializados son ya inaceptables.
Paraguay tiene una oportunidad histórica para impulsar su desarrollo mediante la industrialización basada en energía limpia, la generación de empleos verdes y el aprovechamiento de su bono demográfico. La energía proveniente de las represas constituye una fuente renovable y abundante que puede ser el catalizador de este proceso, siempre que se implementen políticas públicas que integren estos tres ejes estratégicos. Sin embargo, a pesar de ser copropietario de estas fuentes energéticas, el país no ha logrado aprovechar su potencial.
Las comunidades del Chaco continúan soportando el injusto abandono por parte del Estado. No solamente son ignorados sus reclamos por el Gobierno Central, sino también por gobernaciones y municipalidades. El principal motivo de demanda es el difícil acceso a servicios públicos eficientes, como es el derecho a agua potable y provisión de energía eléctrica; sin embargo, a estos se suman los pedidos constantes de mejores caminos y rutas de acceso en todo tiempo. La desidia y el abandono a la población del Chaco son inaceptables.
Cada 1 de agosto el país revive el dolor, la rabia y la indignación al rememorar el día de la tragedia del Ycuá Bolaños, y el recuerdo de las 400 personas fallecidas, los más de 500 heridos y 6 desaparecidos. Un supermercado ubicado en un populoso barrio de Asunción, que un domingo en la mañana se presentaba colmado de clientes, familias enteras que recorrían sus pasillos, cuando se desató el infierno con una explosión. 21 años después los recuerdos siguen doliendo, lo mismo que reconocer que no aprendimos la lección.
En las últimas semanas se han compartido testimonios de madres de personas adictas relatando desgarradoras historias que describen con realismo la situación que genera el extendido consumo de drogas. Paraguay tiene una limitada infraestructura para la rehabilitación, pero no se debe reducir la problemática a una de las víctimas –los adictos–. En la cima del organigrama de esta nefasta cadena dominan los traficantes de las drogas, que explotan a niños y jóvenes con el consumo, pero también usándolos en el negocio.
Sin una verdadera Justicia, la corrupción pública en el Paraguay no solamente seguirá gozando de impunidad, sino que además va a extenderse como un incurable cáncer. Este es el grave riesgo que corre el país de continuar el actual esquema en el que el sistema de Justicia otorga un trato especial a autoridades que habían sido electas para administrar la cosa pública y que luego fueron condenadas por hechos de corrupción. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo, estos terminan siendo beneficiados con medidas de privilegio.
Son muchos años de funcionamiento del esquema de estafas conocido como la mafia de los pagarés. En todo este tiempo, los delincuentes han dejando un verdadero reguero de víctimas, y estas ya no pueden seguir aguardando a que las instituciones les ofrezcan una solución, pues está en juego nada menos que su subsistencia. La denominada mafia de los pagarés no deja de causar daño a trabajadores que se ven perjudicados al tener embargados sus salarios o pensiones. La Justicia debe dar respuestas y soluciones.
La seguridad social constituye uno de los principales mecanismos para reducir la vulnerabilidad de las personas y las familias, combatir la pobreza y garantizar una vida digna en la vejez. En el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), además, facilita el acceso a servicios de salud en situaciones de enfermedad, sin necesidad de contar con recursos económicos adicionales en una etapa de la vida en la que la atención resulta fundamental para el bienestar.
Un reciente artículo nacional que analiza la evolución de la inflación y los ingresos laborales encontró una caída de estos últimos en términos reales. Esto significa una pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares. Dicho resultado resulta contradictorio si se consideran el alto nivel de crecimiento económico, incluso por encima de los promedios regionales, y los cambios en determinadas condiciones institucionales que hicieron que una de las agencias calificadoras otorgara a Paraguay el tan esperado “grado de inversión”.
Hace unos días, dos legisladores colorados lograron captar la atención ciudadana con sendas y poco felices declaraciones. Uno de ellos habló sobre cortes de carne prémium y otra del consumo de café de especialidad y tarta de queso. Con ello, y con una polémica que generó debate, discusión, indignación y memes en redes sociales, ha quedado lamentablemente demostrado que algunos parlamentarios –que son los representantes del pueblo– están absolutamente desvinculados de las realidades que vive la población.
En cuanto a la condición en la que se encuentra el Municipio de Asunción se hace urgente y necesaria afrontar la situación real a nivel financiero y de infraestructura. Resulta evidente, de acuerdo con los primeros hallazgos del interventor, que más allá de la imagen externa de caos, suciedad y abandono, la capital del país se encuentra inmersa en una profunda crisis, sin duda, podría arrastrar consigo incluso la imagen y calificación país. Es hora no solo de transparentar, sino de apuntar a todos los responsables y sus muchos cómplices.
Una peregrinación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar), desafortunadamente, expuso no solamente la fragilidad de nuestra democracia –tan afanosamente lograda– sino que nos muestra el peligro que supone un regreso autoritario. Durante esa peregrinación, la Policía censuró uno de los carteles sostenido por un sacerdote, indicando que no podía continuar en la marcha con ese cartel y que si lo hacía sería detenido. En el cartel se podía leer la frase: “¡Reforma del transporte público ya!”.
Después de –una vez más– haber cedido a la presión de los empresarios del transporte, el Gobierno sigue demorando el inicio de tan ansiada como necesaria reforma del sistema de transporte público en nuestro país. Las amenazas de realizar un paro en demanda del pago de subsidios atrasados, las negociaciones apresuradas, el pago y el levantamiento del inminente paro del servicio es casi parte de un ritual que los ciudadanos observan periódicamente. Las soluciones ya no deben demorar más, pues los ciudadanos merecen calidad de vida.
Cada jornada llega cargada de terribles noticias sobre muerte y hambruna. Los grandes medios internacionales informan a diario sobre un conflicto que está llegando a un grado de crueldad inaceptable. Como expresara el papa León XIV, “debemos dejar las armas, el mundo no lo soporta más, dejar ya tanta violencia y tanto odio”. Tras el reciente ataque contra la Iglesia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza, el único templo católico del territorio palestino, se elevan las voces de protesta, demandando el fin del conflicto.
El caótico paisaje urbano de Asunción y de los municipios del área metropolitana está dominado por el ruido, la contaminación, las largas filas de vehículos atascados, el estrés y el malestar de la ciudadanía. Estos son síntomas de un sistema de transporte público totalmente disfuncional. La reforma integral del transporte público en Paraguay no es una opción de política urbana; es una imperiosa necesidad económica, social y ambiental, un requisito fundamental para construir ciudades más habitables, equitativas y sostenibles.
Las lamentables expresiones de políticos minimizando el problema del aumento de precios de los alimentos o magnificando el bienestar de la población son un indicador de la falta de compromiso, y explican la ausencia de políticas de producción de alimentos que ayuden a mitigar la inflación. Paraguay es un país que produce y exporta alimentos, pero a la vez está importando más y dependiendo de otros países. Es inconcebible que se ubique entre los países de mayor aumento de los precios del rubro más importante de la canasta familiar.
Forbidden Stories, una red internacional de periodistas con la misión de continuar el trabajo de reporteros que han sido silenciados, trabajó durante más de un año junto a sus socios del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y medios de comunicación en América Latina y Europa, en lo que se denominó Alianza Paraguay. La investigación sugiere que nuestros principales fiscales –entre cuyas funciones se incluye indagar el crimen organizado– no investigaron adecuadamente la impunidad generalizada en el país.
La sociedad paraguaya se ha acostumbrado a reaccionar con asombro y estupor ante cada feminicidio. El más reciente dejó tres víctimas. Cada muerte, cada situación de abuso que no ha sido evitada representa una falla del Estado. Debemos entender que no basta con leyes, programas o proyectos coyunturales si no se promueve un cambio estructural. La violencia contra las mujeres y niñas, y su forma más extrema: el feminicidio, son expresiones tanto de la desigualdad como de la discriminación hacia las mujeres.