Editorial ÚH
Después de un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y presuntos marihuaneros, en el Departamento de Canindeyú, fue hallada una agenda en la que aparecían evidencias de supuestos pagos a agentes por parte del capo narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Este sería el encargado de la financiación de plantaciones de marihuana, y también el facilitador de aterrizajes de avionetas con cocaína. El personal policial de la zona ya fue relevado, pero este caso debe ser rigurosamente investigado.
Esta semana tuvo gran impacto la noticia sobre un hombre que falleció de cáncer, sentado en el sillón de un hospital por no haber conseguido una cama. La ministra de Salud dijo que, al no haber capacidad de respuesta, se deben priorizar los casos más urgentes. Mientras la Cámara de Diputados rechazaba un pedido de interpelación a la ministra, pacientes con cáncer enviaron una carta de auxilio al presidente para explicar la difícil realidad que viven, pero Peña estaba muy lejos, asistiendo a un partido de fútbol en las Olimpiadas de París.
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos días, de un audio enviado a un medio uruguayo para afirmar que las autoridades paraguayas “están persiguiendo a una persona inocente”, y con escasa sutileza amenazó a jueces y fiscales. Ya caben pocas dudas de que el Estado paraguayo se encuentra bajo el asedio del crimen organizado; es, pues, el momento de reforzar la institucionalidad y defender nuestra soberanía.
El caso de la expulsión de la senadora Kattya González en febrero pasado es un hecho que todavía está lejos de haber quedado resuelto. Claramente, la destitución de una de las senadoras de la oposición más votadas fue realizada con gran precisión, pero al adaptar resoluciones y reglamentos, la mayoría colorada cartista y sus aliados en el Senado están poniendo en serio peligro nuestro Estado de derecho. La democracia, tan trabajosamente construida en las últimas tres décadas, hoy se encuentra en peligro.
La falta de soluciones y alternativas al agudo problema del transporte público en nuestro país es un suplicio que afecta no solamente a los usuarios. Toda la ciudadanía se ve afectada, pues al no constituirse en una alternativa para la movilidad, se debe recurrir al uso de automóviles y motocicletas, aportando de esta manera al caos cotidiano que se vive en las calles y avenidas. Paraguay necesita con urgencia un nuevo sistema de movilidad, uno que sea cómodo, seguro, que contamine menos el ambiente y que otorgue calidad de vida al ciudadano.
Recientemente, un dictamen de la Contraloría General señalaba que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, había manejado de manera ilegal fondos provenientes de bonos emitidos para obras. Hace un par de días, la Junta Municipal aprobó un nuevo endeudamiento para cubrir el déficit temporal de caja de la Municipalidad de Asunción, a pesar de las objeciones, del escándalo por dinero faltante y del allanamiento de la Comuna. Esta imagen se completa con la situación de absoluto abandono en la que se encuentra la capital.
Finalmente, la aplanadora colorada en el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley 5295 de antinepotismo, y dejó de lado el proyecto de ley presentado por la iniciativa popular conocida como Chau Nepotismo que había presentado 50.000 firmas de ciudadanos. Con los artículos aprobados por los parlamentarios no se introdujeron modificaciones, pero sobre todo, los políticos dejaron de lado la posibilidad de sancionar a las autoridades y funcionarios que utilicen sus influencias para ubicar en la función pública a su familia.
Sin dejar de cumplimentar por la reciente incautación de otra megacarga de cocaína en un puerto privado de la capital, lista para ser embarcada a un puerto europeo, se debe enfatizar en la necesidad de que las autoridades nacionales lleguen a fondo con las investigaciones para poder apuntar a todos los responsables del hecho. Resulta inverosímil considerar que tal cantidad de cocaína haya aparecido de la nada; por lo tanto, la cadena de complicidades debe ser extensa. El Estado paraguayo está en riesgo por el narcotráfico y el crimen organizado.
La investigación periodística emprendida por Última Hora y Telefuturo está mostrando el método con el que directivos ineptos están desangrando los recursos de la Previsional, a través de contratos basura, que duran más de 20 años y que no tienen beneficios ni para la institución ni para los asegurados. De acuerdo con las denuncias, la administración de inmuebles del IPS ha tenido más pérdidas que ganancias, y cabrá determinar si se debe a simple desidia o hubo intencionalidad. Es hora de poner fin a este despliegue impune de incompetencia.
Desde el inicio del Tratado del Mercosur, Paraguay se ha beneficiado de numerosas medidas establecidas en el marco de este acuerdo como, por ejemplo, del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). Para ampliar aún más los beneficios de este proceso debe hacer mayor esfuerzo con miras a aumentar su competitividad externa, lo cual lleva a la necesidad de implementar mejores políticas públicas como las de infraestructura e industrialización. Los acuerdos logrados en la última Cumbre fueron muchos y en diferentes ámbitos, pero quedarán en los papeles si no hacemos bien la tarea a nivel interno.
Paraguay requiere una política habitacional integral que enfrente las causas de la problemática y ofrezca soluciones integrales adaptadas a los diferentes grupos poblacionales que demandan vivienda: Jóvenes, mujeres jefas de hogar, poblaciones en situación de pobreza o la clase media, poblaciones rurales, entre otros particularmente afectados por el déficit habitacional. Con el objetivo de solucionar parte del problema, el Gobierno lanzó esta semana el programa Che Róga Porã de manera a facilitar el acceso al crédito para financiar la vivienda propia. Esperemos que tenga éxito y que paralelamente se planteen otras alternativas para los diferentes sectores que demandan más y mejores viviendas.
Asunción y las ciudades vecinas que componen su área metropolitana abarcan un amplio territorio que alberga a un gran porcentaje de la población. Trabajadores y sus familias, estudiantes, ciudadanos viven en este espacio y padecen la mala calidad de los servicios, el desorden cotidiano del tránsito y el pésimo estado de las calles. Al final de una larga y agotadora jornada, el vecino que mora en estas ciudades se pregunta, ¿qué hacen sus autoridades municipales?, pues sus impuestos no se ven reflejados en la calidad de vida que reciben.
La aplanadora colorada junto con sus agregados está presta para dejar de lado la propuesta ciudadana de modificación de la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública, una iniciativa popular que logró reunir 61.000 firmas de apoyo. El nuevo presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez, decidió que no se trata de una iniciativa popular, por lo cual tratarán su propio proyecto. Además, del temor de que suavicen las sanciones, preocupa el desprecio que muestra la clase política por las opiniones de la sociedad.
Datos oficiales señalan que, en los últimos cuatro años, los casos de violencia familiar aumentaron en un 50%. Asimismo, este delito, junto con el hurto y el robo, constituye de los más denunciados en el país. La paraguaya es una sociedad en la que se está naturalizando que la violencia sea la forma de resolver los conflictos, a través de amenazas, golpes, agresiones y tratos denigrantes. El Gobierno debe actuar con más eficiencia a través de las instituciones, y no solo presentar rimbombantes planes que al final quedan en la retórica.
El actual escenario político es el que se temía, cuando, tras las elecciones de 2023, se produjo el acaparamiento por parte de la ANR de los poderes del Estado. La aplanadora cartista ya ha demostrado antes sus intenciones, regalando impunidad a los suyos, torciendo incluso normas constitucionales como el caso del desdesafuero. Gran preocupación debe generar la intención detrás del proyecto de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, que puede ser vista como un intento de controlar a la sociedad civil.
Pacientes que recurren al Hospital Distrital de Presidente Franco, en Alto Paraná, aguardan desde la madrugada, bajo la intemperie la oportunidad de acceder a un turno, y después de soportar la helada les informan que los médicos se ausentaron de las consultas; en el Instituto Nacional del Cáncer habían emitido una escandalosa resolución, en la que prohibían a los médicos la prescripción de medicamentos no registrados en el país. El Gobierno debe resolver de forma urgente todas estas situaciones de precarización de la salud pública.