Los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero acusaron y pidieron juicio oral para el juez del Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, Gustavo Villalba y a cinco personas más, entre ellos funcionarios judiciales y abogados. Se trata de la última sede judicial que integraba la mafia de los pagarés, según las sospechas. La semana pasada habían sido acusados otros cuatro jueces más.
Se comprobó con las investigaciones que aparentemente todo el sistema dentro del Juzgado funcionaba “solo en apariencia de legalidad”, específicamente en los juicios ejecutivos, donde los abogados iniciaban las demandas y no se notificaba al deudor para reconocer si las firmas de los pagarés judicializados eran reales o no.
Además de Villalba, están acusados ujieres notificadores Osvaldo Insfrán Vera y Jorge Rene Montiel, el actuario judicial Aarón Itamar Bernabé, el oficial de justicia Ronald Iván Navarro y el abogado Alejandro Valiente Martínez.
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El juez está procesado por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, mientras que los demás también por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
¿Qué dice el Ministerio Público?. Que el juez Gustavo Villalba Báez, en 83 expedientes, en el año 2024 dictó resoluciones judiciales “violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones, dado que sabía, consintió y acordó que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas”.
También violó el derecho “al falsear los hechos”, sobre todo en lo que concierne a las supuestas notificaciones practicadas, ya que no le permitió a las personas defenderse, un derecho establecido en la Constitución Nacional.
¿Cómo funcionaría el esquema en el Juzgado?
“Lo que sucedía, era que los deudores demandados no eran notificados de las actuaciones judiciales y todo el juicio era llevado a espaldas de los mismos. Para el efecto, los ujieres notificadores elaboraban informes de notificaciones y los oficiales informaban sobre la intimación de pago y ejecución de los mandamientos a ellos entregados, sin que las diligencias fueran realizadas”, dice la acusación.
Incluso, refieren que el abogado Alejandro Martínez “se valió del sistema judicial” para hacer los juicios sin que los deudores sepan; y que Fiscalía reitera que el juez Gustavo Villalba “tenía conocimiento de todo ello”.
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Las supuestas notificaciones
Según la acusación, uno de los ujieres, Osvaldo Insfrán, informó falsamente que sí notificó a 50 deudores a reconocer firmas, y que todo eso lo hizo en un solo día, el 29 de agosto del 2024, “sin horarios de diligenciamiento” y en 15 diferentes ciudades, como Capiatá, San Lorenzo, Areguá, Asunción, Luque, Itauguá, Guarambaré, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Ñemby, Villeta, Limpio, Villa Hayes, Minga Guazú.
Los fiscales mencionaron que “esta falta de consignación del horario de diligenciamiento, ya es motivo suficiente para alertar no solo a un abogado de la matrícula diligente, sino también al actuario”.
