19 sept. 2025

Enjuician a la jueza de Paz de Villa Elisa y piden a la Corte su suspensión

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso el enjuiciamiento de oficio de la jueza de Paz de Villa Elisa Marta Beatriz Benítez Alderete, con pedido de suspensión en el cargo a la Corte Suprema de Justicia. Fue a raíz de irregularidades constatadas en una auditoría en 112 expedientes.

jurado.jpg

Sesión. El Jurado dispuso enjuiciar de oficio a la jueza de Paz Marta Benítez, con suspensión en el cargo.

Foto: Gentileza.

El caso tiene relación con las manifestaciones del ministro Eugenio Jiménez Rolón, sobre la auditoría que se realizó a la magistrada de Paz de la citada localidad, donde se constataron las irregularidades, con lo que el pleno de la Corte dispuso remitir los antecedentes al Jurado.

Supuestamente, en 112 expedientes de juicios ejecutivos, la jueza admitió las recusaciones sin expresión de causa, ya luego de que se tramitaran las demandas, incluso algunas finalizadas, con lo que los remitía al Juzgado de Paz de Lambaré, a cargo de José Segundo Velázquez. Este tipo de pedidos deben hacerse con el primer escrito de demanda, y no luego de los trámites.

Con ello, el Jurado admitió el enjuiciamiento de oficio, tras recibir los antecedentes del Máximo Tribunal, aunque solo con relación a la jueza de Paz Marta Benítez, y que el juez de Paz de Lambaré José Segundo Velázquez ya renunció a su cargo, por lo que se archivó el caso en su caso.

Los miembros del JEM coinciden en que se trata de conductas reiterativas en los expedientes, y que los juzgados de Paz son los primeros a los que acude la ciudadanía para reclamar justicia.

Ante esto, dispusieron el inicio de la investigación de oficio de la magistrada, con el pedido a la Corte Suprema de Justicia de disponer la suspensión en el cargo hasta tanto culmine el enjuiciamiento.

Fue sorteada como fiscala acusadora, la abogada Alejandra Benítez, quien deberá llevar adelante la acusación contra la jueza de Paz durante el enjuiciamiento.

Ahora, será el pleno de la Corte el que deberá resolver sobre el pedido de suspensión con goce o sin goce de salario, conforme con el procedimiento utilizado.

Plazo para investigación

Por otro lado, el Jurado resolvió que el próximo 17 de octubre de este año evaluará si inicia o no una investigación de oficio contra la jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, en un caso de supuesto abuso sexual.

En el caso, la magistrada dispuso de oficio la realización de un test de credibilidad, a pesar de que la Cámara Gessel ya había ratificado que presuntamente existió abuso sexual cuyas víctimas son dos niños.

Además, esta prueba se ordenó una semana antes de que la Fiscalía tenía para presentar su requerimiento conclusivo en la causa. Los hechos fueron publicados en varios medios de comunicación.

Más contenido de esta sección
Tras el doble crimen en Presidente Franco, una experta destacó la falta de políticas públicas para proteger a las familias y advirtió que las autoridades no están abordando el aumento de denuncias
Emma González Ramos, ex abogada de Ramón Mario González Daher, apeló la confirmación del Tribunal de Sentencia que le juzgará por supuesta denuncia falsa. Con ello, el pedido pasa a la Sala Penal de la Corte. Además, los jueces le citaron para resolver su recurso contra el inicio del juicio.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fijó para el 17 de octubre la fecha en la que puede estudiar si abre o no una investigación de oficio al fiscal Juan Daniel Benítez, de Santa Rosa del Aguaray, quien liberó al presunto autor de un feminicidio, a más de cantar y bailar la polca Colorado con la intendenta local.
Afirman que hay tres dictámenes periciales que concluyen que el supuesto abuso denunciado no existió. Ahora, la Fiscalía pide desestimar la denuncia en contra del ex vicenistro Federico Mora y queda en manos del Juzgado de Villarrica decidir.
Zulma Duarte Romero estaba embarazada de cuatro meses, cuando su pareja, en medio de una discusión, extrajo un cuchillo y le clavó en la clavícula, en el 2023. La comunidad indígena a la que pertenece quería como sanción expulsarlo por dos años, pero el caso llegó a la Justicia ordinaria y fue condenado.