El juez de paz Víctor Nilo Rodríguez, del Juzgado de La Recoleta, ciudad de Asunción, se presentó hoy ante el Ministerio Público por la causa de la mafia de los pagarés, ante el llamado para declarar; sin embargo, se abstuvo de hacerlo.
El magistrado suspendido está imputado por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La fuerte sospecha de la Fiscalía es que, entre el 2023 y 2024, “en por lo menos 174 expedientes habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad”.
Esto, porque supuestamente sabía, consentía y acordó que los expedientes y las actuaciones fuesen elaborados por los propios abogados demandantes.
Se trata del segundo juez que es citado por los fiscales Jorge Arce, Luz Guerrero, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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Ya ayer compareció también la ahora ex jueza de paz Liliana González de Bristot, del Juzgado de San Roque.
Para los próximos días también están citados los demás: Gustavo Villalba (Juzgado Catedral Primer Turno), Nathalia Garcete Aquino (Juzgado Catedral Segundo Turno) y Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación).
Casi 800 resoluciones “en violación de la ley”
Según la Fiscalía, en total se dictaron 781 resoluciones en violación de la ley. 174 en la Recoleta, 97 resoluciones en el Juzgado de La Catedral Segundo Turno, 237 en La Encarnación, 185 expedientes en San Roque y 88 resoluciones en La Catedral Primer Turno.
Se sospecha que los jueces sacaron los fallos “a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho”, en conocimiento, supuestamente, de que las notificaciones eran falsas y de que los demandados no comparecieron a reconocer su firma, ya que los informes de notificaciones coincidían en fecha, hora y ciudades de un extremo al otro del país.
