Todas las historias de víctimas de la mafia de los pagarés vienen con lágrimas. Los cientos de convocados hoy en la marcha piden a las autoridades avanzar en dar resultados, principalmente con el levantamiento de embargos.
Rufina Ocampo: “No puedo comprar medicamentos”
Rufina Ocampo es una docente jubilada de Encarnación y fue directora de una institución. Se enteró que empezaba cada mes a cobrar un poquito menos.
“Mi expediente no se encuentra ahora en Benjamín Aceval, nunca recibí notificación y yo soy de Encarnación. Saqué mi extracto y encontré dos embargos, que estaba pagando 14 cuotas de 16 y me volvió a entrar otro embargo de 12 cuotas de G. 953.850; no sé de qué ni de dónde salió esa cuenta”, relata.
Ahora, tiene tres embargos más esperando, dijo entre sollozos.
“Tengo a mi mamá de 86 años enferma. A veces no tengo medicamentos para comprarles, ni pañales. Tanta injusticia. Queremos cobrar nuestro salario dignamente que he trabajado. He dejado huella en educación. Creé un colegio y uno se siente impotente”, comentó.
Shirley Troche: “Me dejan solo el 20% de mi salario”
Shirley Troche se trasladó desde la ciudad de Edelira, del Departamento de Itapúa, para denunciar que hace un año está sufriendo embargos. “Me sacan el 80% de mi salario. Me dejan solo el 20% y con eso ya no puedo hacer nada”.
Ella tiene un hijo de 6 años con discapacidad que no camina, usa pañal y tiene que hacerse su tratamiento “y hoy día es difícil”, contó entre lágrimas. “Pedimos para ser escuchados y puedan darnos una pronta solución”.
Ella hoy tiene dos embargos de G. 2 millones cada uno que termina en el 2026. “Yo hice un préstamo de G. 5 millones y en vez de que entre para un descuento, directamente entró como embargo. Ya estoy pagando G. 65 millones”, mencionó. En total, estaría va a terminar pagando G. 100 millones. “Imagínense disfrutar las fiestas y no tenés con qué. Pedimos solución para atajar los embargos y poder cobrar nuestros sueldos”, dijo conmocionada.
Liz Prieto: “Tengo 4 títulos y no fue para esto”
Liz Prieto, quien había denunciado que compró un microondas y sacó un crédito de G. 1 millón, pero le terminaron embargando por G. 1.000 millones, dijo que continúa con cuatro embargos, de los diez que tenía. Seis de ellos ya están suspendidos.
“Cuando nos estafan es muy doloroso”, cuenta. “Si nosotros que somos docentes fuimos estafados, ¿Qué más esperamos de la gente que no están escolarizados?”, lamentó.
Ella con cuatro títulos, lloró al pensar que no puede comprarle sus medicamentos oncológicos a su papá, quien es olero, ni apoyarle a su mamá, que es empleada doméstica. “Me pasé mi vida estudiando, y no fue para esto”, dijo entre sollozos.
Ella ya pagó G. 104 millones, pero sigue luchando para saldar las deudas que le inventaron, por lo que sale a vender pilotines por la calle, y superpancho en los conciertos.
En el Juzgado de Villa Elisa se enteró que pagarés figuran por un celular Samsung de alta gama y por un juego de living. “Nunca tuve esto. Nada de eso está en mi casa”.
De los G. 7 millones que debe ser su salario, ella solo cobra G. 1.600.000”
Juan Carlos Ibarrola: “Quiero que dejen de descontarme”
Juan Carlos Ibarrola, funcionario del Ministerio de Salud, en el 2015, supuestamente adquirió un aire acondicionado por G. 1.980.000 de la empresa Vanessa y Asociados SA de Fernando de la Mora.
“Grande la sorpresa al acercarme al cajero y no encontré toda mi plata. Hace dos meses empezaron a descontarle G. 2.500.000. “Esto va a continuar”, lamentó.
Dijo que Giraduría del Ministerio de Salud dio curso al pedido de un juez separado del cargo en noviembre del 2024, Roberto Carlos Herrera, de Benjamín Aceval.
“El proceso no se cumplió como debe ser. Ellos pusieron una foto de que notificaron en mi casa que es una mansión. Yo quisiera tener esa casa así”, sostuvo.
En la Giraduría le dieron un papel desde donde se da la autorización para que se le descuente. “Ahora estoy pidiendo la nulidad del caso y también estoy pidiendo que se deje de descontarme”, refirió.
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Zunilda Zárate: “Tengo miedo para ir a cobrar”
Zunilda Zárate es docente y llegó hasta la capital del país desde la compañía Py’aguapy de Tacuatí, Departamento de San Pedro.
Hace unos años se le notificó para que vaya a reconocer si era su firma o no la que estaba por un pagaré que ella dice que es falso. El resultado del perito salió “dubitativa la firma” y el caso caducó.
Sin embargo, al parecer, la causa siguió y se enteró en el 2023 de un embargo por G. 3 millones por parte de la empresa Doradogar. Nuevamente ahora le salta la segunda parte que debe pagar, de G. 30 millones.
A raíz del caso, ella ya sufrió dos preinfartos. “Me caí ahí en el piso porque me asustó saber que mi sueldo era solo G. 700.000, siendo que yo cobro G. 2.500.000”. “Es desesperante. Y yo cada mes tengo miedo para ir a cobrar”.
Ahora debe pagar el nuevo embargo hasta marzo del 2028. Le preguntamos cómo se vive con tan poco dinero; ella respondió: “Trabajando, criando gallinas, y como uno puede en la campaña”, lamentó.
Ignacio Arce: “Llegué a cobrar G. 900.000"
Es un docente que recorrió 250 kilómetros, desde Tacuatí, San Pedro, hasta Asunción. En el 2020 empezó a tener embargos firmados por la ahora ex jueza Nathalia Garcete, del Juzgado de Paz de La Catedral, por demandas de varias empresas y personas que compraron pagarés.
“Yo en el año 2021 hice un préstamo de G. 2 millones y compré un electrodoméstico. Vendieron mi pagaré. Yo llegué en 2022 a cobrar G. 900.000 por un año”, contó.
Si bien hoy ya no cuenta con embargos, pide que se le devuelva los G. 18 millones que llegó a pagar durante cinco años, aunque las empresas que le demandaron ya no existen.
Desde la empresa de RyM Comerciales le dijeron que la persona que le hizo firmar el pagaré se había fugado con la plata y vendieron el pagaré de él.
Iris Villasboa: “Son empresas fantasmas”
La docente Iris Villasboa viajó desde Concepción para exigir justicia, ya que tiene doce embargos en total, tres de ellos pendientes, pero todos son de montos siderales, ya sea G. 20, G. 30 a G. 40 millones, que entran de manera consecutiva desde el 2015.
La mayoría son en concepto de compras vía MEC que solían hacer y que ya pagó todo.
“No niego que tengo descuentos convencionales, pero después ya vinieron embargos de casas que yo ni conozco”, lamentó. “Son empresas fantasmas porque no encuentro ni una oficina donde reclamar”.
El calvario no cesa, ya que paga las 12 cuotas de una demanda, y vuelve a entrar otras 12 o 15 cuotas faltantes de la misma empresa.
“A veces te privás de muchas cosas. No puedo ayudar a mi familia, a mi mamá y uno se siente muy mal. Pedimos indemnización o por lo menos pedimos nulidad y que se termine”, explicó.
La docente hizo las denuncias penales en las Fiscalía de Luque, Asunción y Villa Hayes y solo de este último le llamaron a declarar, las otras no avanzan.
Zila Zárate: “El propio Juzgado me condena injustamente”
Zila Zárate es una docente que está inhibida desde hace nueve años y sus bienes iban a llevar a remate, pero se logró parar.
“Todo mi caso es inventado, yo no soy funcionaria pública y ellos inventaron que yo era funcionaria del Ministerio de Salud, que yo era enfermera”, cuenta.
Ella fue demandada en Luque por la firma Comaco SRL, por parte del abogado Milciades Toledo. Presentaron un pagaré de más de G. 4 millones, que salió de la empresa Clin Chash Vito ABM SA, pero que sería falsificado. Ambas empresas serían de la misma persona.
Pese a las pruebas, la jueza Norma Ortiz le mantiene inhibida y rechazó el último incidente. “El propio Juzgado que a mí tenía que impartir justicia es el que me condena injustamente”, lamentó.
Carmen Bogado: “Cobraba solo G. 25.000"
Carmen Bogado es docente jubilada desde el 2006 que llegó desde la ciudad de Cambyretá. “A partir de mi jubilación sucedieron los embargos por una casa denominada Muebles San José y la abogada era Silvia Ortiz y me dejaba sin ningún guaraní, no existía el 50% de descuento tope”, comentó.
Su caso llegó al extremo, porque iba al banco y se encontraba con tan solo G. 25.000 “y tenía dos hijos y ellos pasaron muy mal”, recuerda, tanto así que su hija debió emigrar al exterior a trabajar.
Ella era la directora de una institución y les daba a los cobradores lugar para dormir, sin saber que eran su verdugo. “Cuando firmábamos, había abajo una letrita pequeña que no leíamos y muchas veces no podíamos en efectivo pagar y entonces hacíamos por descuento”, recuerda.
Hoy ella apoya a sus compañeros que siguen padeciendo la misma situación.
