Las juezas de paz Carmen Analía Cibils, del Juzgado de La Encarnación, y Nathalia Garcete, del Juzgado de Catedral 2° Turno, se presentaron está mañana ante el Ministerio Público para prestar su declaración indagatoria en la causa de la mafia de los pagarés, pero ambas se abstuvieron de hablar.
Las magistradas están imputadas por los supuestos hechos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ya que –con resoluciones– habrían perjudicado a cientos de víctimas del esquema de estafa.
Según el Ministerio Público, ambas juezas de paz sabían, consentían y acordaban, supuestamente, que los expedientes y las actuaciones fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Respecto a Cibils, según la carpeta de investigación, habría sacado 237 resoluciones, presuntamente en violación de la ley; mientras, que Garcete habría firmado 97 resoluciones.
Son cinco jueces imputados
Hasta el momento, los cinco jueces imputados en la trama comparecieron ante los fiscales Jorge Arce, Luz Guerrero, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, para prestar su declaración indagatoria, pero todos prefirieron abstenerse de declarar.
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En las últimas dos semanas, se presentaron el juez de paz de La Catedral 1° Turno, Gustavo Villalba; y los ahora ex jueces Liliana González de Bristot (Juzgado de San Roque) y Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado Recoleta).
También actuarios y ujieres están compareciendo en la causa, planteando diligencias como pedidos de documentos internos, solicitud de informes a la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial y a otras dependencias.
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Responsabilizan a otros procesados
Según fuentes, surgieron rumores en la causa, en donde varios de los jueces estarían responsabilizando a los actuarios y los ujieres como los únicos responsables del esquema.
A esto se suman los abogados de las empresas de gestión y cobranzas, que también buscan responsabilizar a los actuarios, ujieres y jueces.
