18 may. 2026

Video: En caso mafia de los pagarés, la jueza de Paz irá a juicio oral junto con otros seis procesados

La jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, y otros seis acusados afrontarán juicio oral. Además,el magistrado Humberto Otazú se opuso a dar la suspensión del proceso para otros dos procesados por el caso, para los que la Fiscalía se allanó al pedido.

6b2d86dc-038a-416d-881f-62c393f0e8bd.jpeg

Preliminar. El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú elevó hoy a juicio oral el caso contra la jueza de Paz y los coprocesados del Juzgado de La Catedral.

Foto: Gentileza.

Siete de los nueve procesados para quienes se hizo la audiencia preliminar en uno de los casos de la mafia de los pagarés, irán a juicio oral, según resolvió esta siesta el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

Entre los que irán a juzgamiento público están la suspendida jueza de Paz de La Catedral del segundo turno, Nathalia Garcete, actualmente también enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Además, el juez le dio trámite de oposición a los pedidos de suspensión condicional del procedimiento, para los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala Melo, donde la fiscala Belinda Bobadilla se allanó. Ahora, la Fiscalía General deberá ratificar o acusar a los mismos.

A más de la citada magistrada, también irán a juicio oral la actuaria Olivia Asunción Mosqueda Núñez, así como los abogados Sun Yung Bang (de Plan Urbano S.A.), José Ignacio Olmedo Lansac y César Rubén Bogarín Alen (abogados de CARSA y Olmedo Lansac, presidente de dicha firma).

Igualmente, afrontarán juicio oral los oficiales de Justicia Óscar Fernando Rivela Gregor, Cristian Daniel Martínez Meaurio.

El juez rechazó el sobreseimiento definitivo planteado por las defensas de la jueza Garcete, Mosqueda y Olmedo, también se rechazó las exclusiones probatorias, a más de admitirse la mayoría de los incidentes de inclusión probatoria.

Preliminar La Catedral.

Respecto a la nulidad de la acusación del Ministerio Público, Otazú incluso leyó la acusación fiscal, donde explicaba los hechos por los cuales acusaron a los procesados. Argumentó que cumplían con los requisitos legales.

El juzgador rechazó los pedidos de suspensión condicional del procedimiento para los oficiales de Justicia, Óscar Rivela y Cristian Martínez, que declararon en la audiencia, ya que se les acusaba de varios hechos punibles. En estos casos, la Fiscalía se opuso.

Justamente, respecto a los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala Melo, donde la Fiscalía se allanó al pedido de suspensión del proceso, le dio trámite de oposición, con el argumento de que también se les acusaba de varios delitos, y que no podía ser que se admita en un caso y se rechazara en otro.

Serán citados a preliminar

En la causa, se deberá fijar nueva fecha para audiencia preliminar para los acusados Carlos Neffa Persano (en representación de Gestiones y Cobranzas S.A.), Juan Alberto Bogado, los ujieres Mariam Adelaida Ortiz Aquino, el actuario Pablo Cabrera Irigoiti; y el oficial de justicia Lucio Renato Sosa Cáceres, quienes habían logrado la suspensión de la diligencia al inicio.

Los siete procesados son los primeros que irán a juicio oral por el caso, mientras que el fiscal general deberá expedirse si ratifica o si acusa a los dos ujieres que pidieron la suspensión condicional del procedimiento durante la audiencia.

Justamente, los dos ujieres, Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala Melo, fueron los que habían declarado en la audiencia y comentaron la forma en que la jueza les impuso que le entregaran el monto del 30% del pago de las notificaciones, lo que fue tenido en cuenta por los agentes fiscales.

Más contenido de esta sección
BAGATELARIO. Los casos de hurtos de accesorios de autos son catalogados como robos menores.
ESQUEMA. El aumento de los robos desnuda una industria ilícita estructurada que mueve millones.
REVICTIMIZACIÓN. La Justicia desgasta a una víctima de abuso hasta la impunidad de la causa.
DERECHO COMPARADO. En otros países, la versión de la víctima es válida para lograr una condena.
DESCONTROL. Nativas estarían siendo sometidas a la explotación sexual, según denuncias de vecinos.
NO HAY DENUNCIAS. Desde la Fiscalía y la Policía Nacional aseguran que no hay denuncias oficiales.
ALARMANTE. La cifra de casos es superior a la registrada en mayo del 2025.
AVISO. Los padres podrían ser sancionados si no alertan que los aparatos serán para los menores.
CONSENTIDO. Los adolescentes de entre 16 y 17 deberán tener consentimiento de padres o tutores.
Una sistemática red de estafas fue puesta al descubierto tras una serie de denuncias contra una playa de autos en la ciudad de Villa Elisa que utilizaba una astuta estrategia para evadir a la Justicia: cambiar su razón social y nombre comercial cada dos meses y embaucar a víctimas con cuotas excesivamente bajas.