18 oct. 2025

Coordinadora de víctimas de pagarés piden otra reunión con ministros de la Corte

Los miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los pagarés presentaron una nota dirigida a la Corte para solicitar la confirmación de la audiencia fijada para el próximo 11 de agosto en el Poder Judicial. Quieren seguir el diálogo sobre el tema, a más de estudiar las propuestas presentadas.

Protesta. Víctimas de la mafia de los pagarés cuando se manifestaron frente al Palacio de Justicia.

ÚH/Daniel Duarte.

La nota fue presentada por los representantes de la Coordinadora, Pedro Coronel y Gabriela Sanabria, y tiene como objetivo seguir con el diálogo sobre la problemática que afecta a cientos de docentes, jubilados y funcionarios que siguen sufriendo el descuento de sus salarios ante procesos presuntamente irregulares.

Los mismos piden a la Corte la confirmación de la audiencia para el día 11 de agosto, a las 09:00 horas, en esa máxima instancia judicial.

Refieren que la “audiencia tiene como objetivo continuar con el diálogo sobre la mafia de los pagarés, la búsqueda de soluciones, el estudio de las propuestas presentadas, según el expediente número 8729, fecha 15 de julio de 2025”.

Además, los mismos anexaron una corrección del documento y la ampliación de la propuesta presentada por la Coordinadora ante el Máximo Tribunal.

El pasado 21 de julio, los ministros Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, se habían reunido con los miembros de la Coordinadora, y pidieron un plazo de 22 días a un mes, para reunirse nuevamente para evaluar las acciones a tomar en el caso.

Lea más: Ministros de la Corte darán respuesta en 22 días por mafia de pagarés

Los representantes de las víctimas les habían presentado un escrito de 17 páginas, que los ministros se comprometieron a leer y evaluar a acciones de los parlamentarios.

Teniendo en cuenta este plazo es que solicitan la reunión para el 11 de agosto próximo, de modo a coordinar las acciones.

Según las víctimas, a nivel país, existen unas 17 mil personas afectadas, de las cuales, 15 ya tomaron la determinación de quitarse la vida al no poder aguantar la situación.

Entre las propuestas que habían presentado estaban los juzgados especiales y jueces especiales, el traslado de los expedientes a juzgados de Paz en los distritos de residencia de las víctimas, la suspensión selectiva de los embargos, basados en las pruebas.

Incluso, la posibilidad de una cumbre de poderes para tratar de dar soluciones a la situación que se plantea.

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