Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
La senadora Lilian Samaniego justificó su firma en la declaración para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral frene la adquisición de máquinas de votación, argumentando que no existe acceso libre al Código Fuente ni garantías de transparencia, lo que pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Una comitiva del movimiento disidente Colorado Añetete visitó a los ministros de la Justicia Electoral para abordar el pedido de senadores de suspender la licitación para la compra de artefactos para sufragar. Calificaron el pedido de no tener precedentes y de constituir una medida de presión e intromisión.
La Cámara de Senadores aprobó una llamativa declaración dirigida al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para frenar la compra de máquinas electorales y recurrir al arrendamiento nuevamente.
El dirigente colorado Iván Chilavert denunció que unas 350 personas fueron trasladadas a su seccional para votar en las internas y municipales del próximo año. Dijo que hasta la dirección de su propio domicilio se utilizó para los traslados irregulares.
Senadores mantuvieron una reunión con los ministros del TSJE para consultar sobre algunas dudas que existen sobre el llamado de licitación de las máquinas de votación. Entre ellas, la presunta afinidad que existe entre un grupo empresarial cercano al jefe de Estado y uno de los integrantes del único consorcio que sigue en carrera.
Los ministros del TSJE confirmaron presencia en el Senado para este jueves a fin de responder cuestionamientos sobre la licitación de máquinas de votación y también por el temor de que sean hackeadas. El proceso está suspendido por protestas. Quedó un solo oferente y hay sospechas de irregularidad.
Carlos María Ljubetic, director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, explicó por qué las elecciones en Ciudad del Este para elegir al sucesor del intendente destituido Miguel Prieto (Yo Creo) se harán con papeletas y por qué el sector del jefe comunal removido no podrá presentar su candidato.
A un día de vencer el periodo de tachas y reclamos, la oposición denuncia serias irregularidades en las inscripciones en el Registro Cívico Permanente, que serían para amañar elecciones. Dos personas cargaron, cada una, 500 traslados en un día, y hay 500 direcciones que no existen.
La mayoría en el Senado aceptó convocar a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar el proceso electoral, ante las dudas que se presentan en el proceso licitatorio para la compra de las máquinas de votación.
La nueva Comisión Permanente de Asuntos Electorales, presidida por Arnaldo Samaniego (ANR), presentó un informe que revela un millonario ahorro que representará la compra de las máquinas. El proceso se encuentra actualmente suspendido debido a una nueva protesta.
Senador del PDP advirtió sobre el traslado de 16.000 personas a la Capital del país a través del Registro Cívico Permanente (RCP) que podría ser un artificio para asegurar la victoria de un partido en las Municipales del 2026.
Tribunal Electoral decidió eliminar a dos oferentes, de esta manera, solo queda el Consorcio Paraguay Democrático. El TSJE busca comprar 28.000 máquinas de votación por USD 93 millones.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realiza la verificación de cinco máquinas de votación por oferente desde el miércoles y continuará hasta este viernes. Se espera que a fines de julio ya esté cerrado el proceso con la elección del ganador. Los tres oferentes que siguen son Smartmatic, MSA y Miru Systems.
Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), indicó que esperan cerrar la licitación de unas 28.000 máquinas de votación, por casi USD 93 millones, a fin de este mes, siempre y cuando no se presente una nueva protesta.
Senadores le piden al presidente que quienes no cumplan con sus objetivos se retiren. El Gobierno cumple dos años y el nombre que suena más fuerte es el de la secretaria de la cartera sanitaria, María Teresa Barán.
El grupo de hackers de Cyber Team anunció que volvió a hackear al Tribunal Superior de Justicia Electoral, además de sumarse el Ministerio de Defensa Pública y el Viceministerio de Economía.
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe por “graves irregularidades” en el distrito de Nueva Asunción, relacionadas con la inscripción o el traslado electoral de personas que no residirían en la zona y que formarían parte del padrón para votar en 2026. Cabe recordar que, en los últimos diez años, se registraron más de 300.000 traslados en todo el país, muchos de ellos cuestionados por su carácter irregular.
Con el objetivo de que más jóvenes se candidaten a cargos electivos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) organizó un encuentro de dos días en Itapúa denominado Gestión de Gobiernos Locales y Gobernabilidad Democrática.
El Tribunal de Sentencia suspendió el inicio del juicio oral para el ex candidato presidencial, Paraguayo Payo Cubas, por una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa contra la resolución que dispuso que sea juzgado en Asunción. Es en el caso de las manifestaciones tras las elecciones presidenciales frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
La cuenta de la red social X del ministro Jorge Enrique Bogarín González, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), fue hackeada este miércoles.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación de la defensa del ex candidato presidencial, Paraguayo Cubas, contra la resolución que dispuso que el juicio oral debe ser en Asunción, por los incidentes frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Aún queda una acción de inconstitucionalidad pendiente.
La defensa del ex candidato presidencial Paraguayo Cubas planteó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal y una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el fallo que determinó que debía ser juzgado en Asunción, por la supuesta coacción a órganos constitucionales tras las elecciones.
Autoridades del Tribunal Electoral solicitaron a críticos de las máquinas de votación que expliquen cómo y dónde se podrían hackear los equipos. Como respuesta, analistas informáticos paraguayos de Cybsec (una de las principales empresas de provisión de servicios profesionales de seguridad de la información) remitieron una nota pidiendo una máquina para demostrar que puede ser hackeada.
Luis Benítez, analista informático, instó al TSJE a que entregue una máquina de votación para poder demostrar que el aparato puede ser hackeado, ya que asesores del organismo electoral niegan esa posibilidad.
Ante los cuestionamientos de técnicos y políticos sobre la falta de medidas de ciberseguridad en las máquinas de votación próximas a adquirir, desde el TSJE alegan que el oferente adjudicado deberá contar con técnicos encargados del área para evitar la contaminación de los resultados electorales.
Las firmas Consorcio Paraguay Democrático, Consorcio Comitia SA y Miru Systems pugnan por la provisión de unas 28.000 máquinas de votación por USD 93 millones. El diputado Mauricio Espínola denunció que una de ellas tendría vínculos con Santiago Peña.
El tribunal de apelación penal dispuso que el juicio oral al ex candidato presidencial Paraguayo Payo Cubas se haga en Asunción, no en el Alto Paraná, como habían resuelto los jueces en el caso de las protestas frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE) anunció que seguirá con la licitación para la adquisición de máquinas de votación electrónica, pese a cuestionamientos de un grupo de senadores, que pidió suspender el proceso licitatorio internacional.
Protestas de Miru Systems y Bypar SA fueron rechazadas por Contrataciones Públicas. Ahora, el TSJE tiene vía libre para continuar el proceso de compra de 28.000 máquinas de votación.
Mauricio Espínola y Roberto Eudez González Segovia pidieron un informe detallado sobre la licitación del TSJE. La DNCP tiene 15 días para responder.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) trabajaría con los tres poderes del Estado y otras instituciones para unificar las leyes de financiamiento político en un solo cuerpo normativo.