05 jun. 2026

Aprueban informe al TSJE ante traslado irregular a Nueva Asunción (Chaco’i)

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe por “graves irregularidades” en el distrito de Nueva Asunción, relacionadas con la inscripción o el traslado electoral de personas que no residirían en la zona y que formarían parte del padrón para votar en 2026. Cabe recordar que, en los últimos diez años, se registraron más de 300.000 traslados en todo el país, muchos de ellos cuestionados por su carácter irregular.

TSJE - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL.jpg

Foto: Archivo ÚH.

En la plenaria de la Cámara Baja en el estadio de pedidos y formulaciones, el diputado Rubén Rousillón (HC-Presidente Hayes) realizó una denuncia respecto a traslados masivos de personas que son arreadas para votar en el nuevo distrito de Nueva Asunción o Chaco’i.

De acuerdo con el legislador, se está llevando a un proceso de inscripción masiva de gente que está siendo inscripta para participar de las elecciones municipales que se vienen, pero que no residirían en el lugar. Supuestamente, y de acuerdo con su denuncia, las personas reciben un importe para ir a inscribirse para votar en un sitio en donde no residen.

“Es un proceso a todas luces irregular dado que son masivas las inscripciones y no es un día de elecciones”.

Según Rousillón, el problema radica en la gente que va a inscribirse para votar en el distrito de Nueva Asunción, “van a inscribirse masivamente, pero no son del lugar, sino que son de otros lugares, de otros distritos”

Lamentó que este tipo de prácticas inexorablemente “vaya en contra de la democracia y en contra de lo que es la voluntad popular de los genuinos ciudadanos que habitan ese distrito”.

Adelantó que ya pidió la intervención tanto de la Justicia Electoral como de la Fiscalía electoral.

“Ya pedimos la intervención de la gente de la Justicia Electoral y hemos presentado un escrito para la intervención pertinente y también para que se pueda dar un sumario administrativo y una auditoría de gestión, respectivamente.

Hizo además reproducir ante sus colegas, imágenes de WhatsApp, donde se puede ver el ofrecimiento de parte de los punteros de G.100.000 para la inscripción en los distritos respectivos.

“Gente quien quiera ganar G.100.000 solo para inscripción”, señala uno de los mensajes expuestos. En otro pasaje se detalla que el monto a pagarse en caso de personas de la tercera edad podría ascender de G. 400 a 500.000.

Cabe señalar que, en la práctica, el traslado masivo de electores constituye un delito electoral, y se consuma cuando una persona que no reside en una determinada zona es inscripta para votar en ese distrito. Una de las artimañas a las que recurren los políticos sin arraigo ni preferencia electoral en su jurisdicción consiste, precisamente, en traer votantes de otras zonas –los famosos “monos”– para que terminen votando por ellos, a cambio de una suma de dinero, como se describió anteriormente.

Nota relacionada: RCP registró 308.000 traslados y denuncian descontrol y amaños

Piden intervención de ministros

Semanas atrás, los liberales ya habían alertado de esta práctica en la zona en cuestión. Dada la gravedad del asunto, el propio titular de la organización política, Hugo Fleitas, pidió una reunión con ministros de la Justicia Electoral.

Más contenido de esta sección
A pocos días de las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el diputado Adrián Vaesken afirmó que dentro de la nucleación existen dos corrientes políticas bien definidas que se disputan la conducción partidaria. También cuestionó que los movimientos deban abonar por la logística de los locales partidarios.
Las internas coloradas de este domingo en Asunción trascienden a la definición de una candidatura a la Intendencia. La disputa entre Camilo Pérez y Arnaldo Samaniego también pone en juego los liderazgos políticos con peso propio dentro de la ANR que aspiran a cargos de poder que estarán en juego en las generales del 2028.
El diputado Raúl Benítez cuestionó la demora de la Corte Suprema de Justicia para resolver la acción presentada por la ex senadora Kattya González y aseguró que el máximo tribunal debe definir si pone límites al “abuso” cometido por la mayoría cartista en el Senado o si avala ese precedente.
Afiches y pegatinas de precandidatos a concejales proliferan en columnas de la ANDE y otros espacios públicos de Asunción, pese a ordenanzas municipales que prohíben expresamente utilizar infraestructura de servicios públicos para propaganda electoral. La normativa prevé incluso el retiro de los materiales y la aplicación de multas a los responsables.
Desilusionados de la clase política, del Estado y la democracia, los electores del norte del país reclaman a los precandidatos alrededor de G. 200.000 como “ayuda” solo para trasladarse a los locales de votación el día de las internas. Como los políticos no pueden sostener un gasto tan importante, recurren al crimen organizado, según la investigación científica liderada por el criminólogo Juan Martens.
La diputada Rocío Vallejo expuso un supuesto esquema dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) que, según sostiene, permite reducir drásticamente los montos reclamados al sector privado mientras se autorizan elevados pagos en honorarios profesionales. La denuncia describe un circuito que se repetiría en distintos expedientes y que tendría como principal perjudicado al Estado paraguayo.