La Comisión de Asuntos Electorales celebró una reunión extraordinaria con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con el objeto de hablar, sobre todo lo relacionado al proceso de adquisición de las máquinas de votación. Estuvieron presentes, Jaime Bestard, presidente del organismo, así como Jorge Bogarín, vicepresidente y César Rossel, miembro.
La licitación de las máquinas de votación aún no ha sido adjudicada. El TSJE se encuentra en la etapa de la apertura del primer sobre relacionado a las cuestiones técnicas y las capacidades financieras. El único oferente que sigue en carrera es el Consorcio Paraguay Democrático, compuesto por Smartmatic, Celexx y Excelsis SA.
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Senadores
El liberal Líder Amarilla fue el primero en hacer uso de la palabra para advertir que se puede convertir, este llamado, en una guerra comercial entre las empresas debido al alto costo de la licitación (USD 93 millones).
“Cada uno tenemos la experiencia de que una sola empresa gana todas las licitaciones relacionadas al rubro tecnológico en el Paraguay. Desde las entradas hasta todas las tecnologías. Hay una línea de adjudicar al mismo holding todos los negocios del Estado. Necesitamos que la Justicia Electoral garantice la parte técnica”, señaló.
El legislador hacía alusión al holding ueno Saeca, que tiene a firmas como ITTI y Technoma (vinculadas a Peña) con pasados comerciales con Excelsis, una de las empresas integrantes del único consorcio que sigue en competencia por la millonaria licitación.
A la consulta, Bestard respondió que están conscientes de la guerra comercial y del predominio de una u otra empresa o la influencia que pueda tener en el órgano electoral, y que es clave preservar la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
“Somos conscientes de que no debemos dejarnos influenciar en la decisión que tomemos por tal o cual sector. Que no haya ninguna empresa predominante que nos quiera imponer condiciones”, respondió.
Más cuestionamientos
Colym Soroka, senador por la ANR, preguntó por qué los oferentes no puedan tener ISO de garantías que transmitan mayor seguridad en los aparatos próximos a adquirir.
“Mirando el país vecino, Brasil, que es interesante en su sistema electoral. No puedo entender por qué no podemos tener los ISO de garantías y esos ISO son el 15.408, 27.001 y el 9001", refirió.
Al respecto, Bestard respondió que estas certificaciones se obtienen tras un proceso de varias elecciones en un plazo de 6 a 18 meses, con la prueba de funcionamiento efectivo de las máquinas.
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La también oficialista Lizarella Valiente cuestionó los “antecedentes nefastos” a nivel internacional que tiene uno de los oferentes (en alusión a MSA y Smartmatic). Ahora, en setiembre de este año se inicia un juicio que tienen que enfrentar altos funcionarios por sobornos en otros países”, expresó.
Al respecto, el presidente del TSJE señaló que fueron muy rigurosos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) hasta cuestionados por la DNCP por el exceso de pruebas de certificación de los órganos electorales en las que participaron estas empresas que solicitaron.
“Son certificaciones oficiales. Tenemos conocimiento de las denuncias contra esa empresa y contra otras empresas participantes que igualmente son delicadas. Pero nos basamos en documentos y certificaciones como del condado de los Ángeles de los Estados Unidos con un patrón de 6 millones de electores. Allí ya participó uno de los oferentes y existe esa certificación”, manifestó.
Liberales
Senadores liberales siguieron con las preguntas. Por ejemplo, Sergio Rojas instó a que se implemente la huella dactilar ya que existe el “voto calesita” (carga de votos). Sostuvo que existe un promedio general de votación del 60%, pero existen mesas en las que la participación es del 100%.
Rossel señaló que el tema huellas dactilares no es factible porque sumaría más gasto electoral. En concreto, se necesita entre USD 20 y 30 millones para adquirir la biometría, ya que debe estar separada a las máquinas de votación para evitar que se vulnere el secreto del voto. Sostuvo que están interesados, pero todavía no tienen el presupuesto para llevar adelante.
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Dionisio Amarilla señaló que equipos similares en el Brasil fueron adquiridos a USD 1.300 cada uno mientras que aquí costará el doble (más de USD 3.000).
Bogarín refirió que en el Brasil se usan urnas electrónicas y no máquinas de votación, por ello la diferencia en los costos.
Celeste Amarilla cuestionó que existen inconsistencias en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
Al respecto, el presidente del TSJE respondió que están abiertos a responder todas las consultas que tengan. Bogarín agregó que van a seguir yendo a comisiones para aclarar todas las dudas.
Éver Villalba cuestionó que el proceso no fuera acompañado por los partidos políticos para dotar de mayor transparencia. Además que las características del software no cumplen las exigencias, ya que no permite su interpretación ya que viene encriptado el proceso.
Rossel refirió que la máquina solo se utilizará para el Paraguay, por lo que no existe un modelo similar utilizado en otros países.
Contexto
Actualmente, esta licitación ha sido protestada por dos de los tres oferentes; Miru y MSA, el pasado viernes 8 de agosto, motivo por el cual la licitación quedó suspendida por tiempo indefinido.
Estas protestas han sido ya contestadas por el TSJE el lunes 18 y miércoles 20 pasado, respectivamente. Ahora queda en manos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolver la cuestión.
De acuerdo con la Ley 7021/2022, en su artículo 128, la DNCP deberá resolver la protesta en un plazo máximo de 35 (treinta y cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente a la apertura del procedimiento; es decir, desde el lunes 11 de agosto.
