Como si fuera la saga de Rápido y Furioso, así salió la aprobación de un pliego de bases y condiciones (PBC) necesario para el llamado a licitación de la concesión del servicio de gestión de basura, una de las problemáticas más grandes de la Municipalidad de Asunción, que pareciera que a propósito estaría viciada de irregularidades. En esta nota se presentan los aspectos más llamativos y polémicos del tema.
Pablo Seitz, el director de Contrataciones Públicas, dijo que desde la institución no están conformes con la redacción de la ley de compras de Petropar sancionada por el Congreso. El documento está en manos del Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia resolvió rescindir el contrato con la empresa que fue adjudicada para la provisión de un sistema informático de atención a los usuarios de la Dirección de los Registros Públicos, tras incumplimientos y problemas que se registraron con su implementación.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine una acción de inconstitucionalidad planteada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) contra un fallo. Con la decisión, la estatal deberá pagar G. 11.432.631.840 más IVA a la empresa Engineering.
Seis sindicatos de trabajadores de Petropar manifestaron su desacuerdo al proyecto de ley que crea un fondo de estabilización del precio del combustible y plantean cuatro medidas para que la estatal pueda intervenir en los precios del mercado.
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dijo que más instituciones incurrieron en el mismo modus operandi de compras con fondos Covid que la Municipalidad de Asunción, que dejó fuera de competencia al ente.
La DNCP dictaminó el cierre del caso de las llamativas facturas de la Municipalidad de Asunción, durante la anterior gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.
El directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) resolvió la absolución de las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec, ambas del clan Ferreira, por supuesta manipulación de licitaciones. Según la Conacom, las empresas no violaron la ley de competencia, debido a que dos firmas vinculadas entre sí pueden acudir a una misma licitación, pero pujando en ítems diferentes, ya que no es una conducta prohibida en la ley.
El acuerdo fue suscrito a mediados de año y la empresa beneficiada pertenece a una persona cercana al actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Serán favorecidos 3.000 funcionarios.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso la inhabilitación de la firma Engineering SA por el plazo de 12 meses, tras concluir el sumario administrativo a la licitación de la polémica Pasarela de Ñandutí.
