21 jul. 2024

Justicia contrata seguro médico por USD 11 millones para funcionarios

El acuerdo fue suscrito a mediados de año y la empresa beneficiada pertenece a una persona cercana al actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Serán favorecidos 3.000 funcionarios.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, contrató para la institución a su cargo un millonario seguro médico para los funcionarios. Este servicio les costará a los contribuyentes G. 76.575.720.000, lo que equivale a más de USD 11 millones al cambio actual, según se desprende del portal de Contrataciones Públicas.

El contrato suscrito con una empresa médica tendrá una duración de dos años, por lo que se deduce que cada mes y por los próximos dos años se deberá pagar casi USD 500.000 para solventar el servicio médico de los funcionarios, justo en momentos en que el sistema penitenciario se encuentra en extrema necesidad, a tal punto que la situación facilita que los grupos ligados al narcotráfico tengan el control de las cárceles.

La empresa que ganó el multimillonario contrato es del empresario Juan Almirón, quien formó parte del equipo político de Arnaldo Giuzzio en el 2018 y se candidató para senador por el movimiento Somos Paraguay.

De hecho, en el 2013, se postuló por el Partido Democrático Progresista (PDP) para el Parlasur.

El seguro médico contratado por la secretaría de Estado beneficia a más de 3.000 funcionarios, entre nombrados y contratados. Por cada beneficiario, la ciudadanía pagará más de G. 950.000 al mes para que tenga seguro médico junto con su familia.

El contrato se firmó a mediados de este año y fue publicado en el portal de Contrataciones Públicas el 26 de junio pasado.

El contrato terminará en junio de 2023, meses antes que asuma el nuevo gobierno, que será en agosto de ese año.

EMPRESA. La empresa ganadora de la multimillonaria licitación fue Servicio Integral Médico SA, representada por Juan Antonio Almirón Riveros, ex candidato a senador por el movimiento Somos Paraguay, liderado por Arnaldo Giuzzio, actual ministro del Interior.

En 2013, también con Giuzzio, Almirón fue parte del Partido Democrático Progresista (PDP), liderado por la senadora Desirée Masi. Desde junio hasta este mes de octubre, la empresa, ubicada al lado de la iglesia de Trinidad, ya recibió más de G. 3.400 millones.

La citada firma tiene 45 licitaciones ganadas desde febrero de 2012, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

BENEFICIARIOS. Según el contrato, están beneficiados todos los funcionarios permanentes y contratados del Ministerio de Justicia, además del grupo familiar de los mismos, entiéndase cónyuge (ya sea por matrimonio legalmente constituido o por matrimonio aparente de hecho, reconocido por sentencia judicial firme y ejecutoriada), sus hijos e hijos de su cónyuge hasta los 21 años de edad. En caso de no asegurar al cónyuge podrá asignar a sus padres. Además, del titular soltero: Sus hijos hasta los 21 años de edad y sus padres.

En caso de no contar con padres ni hijos, se podrá incluir hasta 1 hermano con límite de 35 años de edad en relación de dependencia económica. Los menores bajo tutela judicial serán considerados como parte del grupo familiar.

11 millones de dólares por 2 años fue el contrato suscrito con una empresa médica por parte del Ministerio de Justicia.

No se pudo obtener su versión

Última Hora intentó conseguir la versión de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, pero no respondió las llamadas.

En 2018, el plantel de funcionarios del Ministerio de Justicia, que por entonces eran 2.500, accedió por primera vez a un servicio de seguro médico corporativo. Sin embargo, en aquella oportunidad, el contrato con el seguro médico fue de solo 18 meses; por ende, el presupuesto fue mucho más bajo que el actual. El seguro corporativo de aquel año previó la cobertura del pago de honorarios profesionales, paramédicos, ambulancias y traslados. Asimismo, incluyó la libre elección de profesionales de salud (dentro de una lista de prestadores habilitados por la contratista), centros de diagnósticos, traumatológicos y servicios sanatoriales para capital y ciudades del interior donde el Ministerio de Justicia tenga dependencias.

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