El plazo para que el Ministerio de Hacienda confirme o retire la adjudicación del Consorcio Salud SD para los seguros vip de más de 2.400 funcionarios y sus familias vence este sábado 8 de abril. Hasta ese día, la entidad debe establecer si se firma o no el contrato, después de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) haya anulado y enviado a una reevaluación.
Desde el área de Prensa de Hacienda señalaron que la evaluación sigue su curso y que, mientras se espera una definición, la prestación del servicio continúa a favor de Docto SRL y Samaja SA, las dos proveedoras que se unieron para participar en la licitación del Ministerio de Hacienda, bajo el Consorcio Salud SD.
En marzo pasado, la DNCP anuló la adjudicación debido a que dicha empresa no contaba con documentos respaldatorios en el informe del Comité de Evaluación y se detectaron irregularidades en la manipulación del pliego de bases y condiciones, con cambios que bajaron el nivel de experiencia y solvencia.
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La decisión de Contrataciones Públicas se dio después de que uno de los oferentes haya protestado y se constató que para la evaluación no se adjuntaron documentos que justifiquen la elección de la empresa ganadora.
Se trata del llamado de licitación N° 419.853 de Contratación de Servicios para la Seguridad Social de los Funcionarios del Ministerio de Hacienda, en el que fueron adjudicadas dos empresas.
La primera es justamente Consorcio Salud SD, representado por Isabel Juliana Chaparro Denis y Roxana Pino Rodríguez, que se quedó con el 99,04% del rubro con un contrato por G. 61.972.588.800, mientras que la segunda es Grupo Proinsa SA, de Benjamín Sosa Miranda y Santiago Gadea Prado, que se quedó con G. 600.000.000, el 0,96% del total adjudicado.
En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), utilizado en principio hasta el 2022, se encuentra que las empresas concursantes debían tener experiencia en el servicio de seguro médico con venta por un monto equivalente al 50% de lo presupuestado como máximo de la licitación, en un plazo de tres años.
Además, debían tener al menos un contrato de prestación de medicina prepaga con organizaciones públicas o privadas de al menos 2.460 titulares por tres años consecutivos; 10 años de antigüedad en el rubro y demostrar contratos vigentes con sanatorios, laboratorios, y médicos. En tanto, llamativamente dichos requerimientos se modificaron para 2023.
Además, se reveló que la empresa Samaja, del Consorcio Salud SD, fue adjudicada en noviembre de 2022 con G. 6.586 millones por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) también con inconsistencias en el pliego que sufrió bajas en la cobertura y exigencias, mismo modus operandi que aparentemente se usó para Hacienda.
De acuerdo con fuentes del MDS, son varios los estudios médicos que no figuran en la cobertura, además de que se detectaron modificaciones en las cláusulas, sección requisitos de calificación y criterios de evaluación en cuanto a experiencia requerida, capacidad técnica y requisito documental.
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Samaja fue sancionada por ello el 18 de febrero del 2019 y la DNCP señaló que el “proveedor ha proporcionado información falsa o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, contrato o en un procedimiento de conciliación o protesta”.
Por su parte, Docto SRL fue amonestada tanto el 15 de setiembre de 2020 como el 9 de julio de 2021, ya que en las dos oportunidades se demostró que brindó información falsa o actuó con dolo o mala fe en procedimientos de contratación, según la página de Contrataciones.
Pese a las irregularidades constatadas, Samaja ya participó de 17 procesos licitatorios con el Estado, de los cuales ganó 14 contratos, mientras que Docto SRL, ya participó en 51 concursos, quedándose con más de 30 adjudicaciones públicas.
