El contrato ya había sido suspendido anteriormente, tras una denuncia presentada por la Cámara Paraguaya de la Industria del Software por un supuesto direccionamiento.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había abierto una investigación sobre los precios de referencia del llamado, pero posteriormente dio su visto bueno y el IPS siguió con la compra.
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Ahora, fue la Contraloría General de la República (CGR) la que emitió recientemente un dictamen en contra del contrato, en el que se desglosan posibles irregularidades en el procedimiento.
El titular de la DNCP, Pablo Seitz, detalló que el proceso queda nuevamente suspendido y se estará revisando de oficio si es que la licitación pudo haber estado direccionada.
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La CGR menciona en su informe que el IPS no proporcionó evidencia sobre la realización del estudio sobre la necesidad para la adquisición del software, por lo cual recomienda al IPS documentar de forma detallada la detección de la necesidad de la contratación.
También se menciona que en el pliego de bases y condiciones se establecieron requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente.
La cifra de G.39.886 millones es lo que acordó invertir el IPS en el sistema de software a ser aplicado en Alto Paraná.
