El ministro Ángel Barchini realizó una conferencia de prensa este lunes en la que volvió a defender el proceso de adjudicación del seguro médico para funcionarios del Ministerio de Justicia, cuya licitación fue suspendida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras denuncias por supuestas irregularidades.
Al respecto, el ministro señaló que una empresa fue descalificada porque no tenía todas las documentaciones formales, mientras que la segunda firma, que era la más barata, supuestamente no contaba con todas las condiciones necesarias. Ante esto, alegó que quedó adjudicado el Consorcio SC IV.
El consorcio está conformado por las empresas Cardioteq SA y Sarnaja SA y, según la página de la DNCP, está representado en el llamado por Óscar Valenzuela, Roxana Pino Rodríguez y Mirtha Rodríguez, a quienes Barchini aseguró que desconoce.
“No los conozco ni me preocupé en quiénes son, sino en los servicios que prestan”, alegó.
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Reiteró que la empresa fue adjudicada “conforme al dictamen de la comisión evaluadora” y aseguró que la licitación actualmente está en el ámbito de Contrataciones Públicas, que debe determinar las acciones correspondientes tras el análisis.
Manifestó que el proceso contó con modificaciones porque en la licitación anterior, que correspondía al 2021, se habían presentado solo dos empresas y lo que él quería es que se amplíe la cantidad de oferentes y se contrate al que ofrezca “el mejor servicio”.
“Se habló de modus operandi. Acá no va a ocurrir eso, se terminó el carnaval y el robo al público. Se va a trabajar con el mejor servicio para el Ministerio de Justicia y los funcionarios penitenciarios. Lo que se hizo fue reajustar y ampliar el pliego de base para que puedan participar todas las empresas. Les expliqué que lo que buscaba era darles mejor seguro médico, el más apto, por eso se modificó”, alegó a su vez.
Detalló que fueron ocho las empresas que accedieron al pliego de bases y condiciones, pero que finalmente cinco se presentaron a la licitación, hasta llegar a la adjudicación.
También afirmó que la contratación es por un monto alto, de más de G. 68.000 millones, porque es plurianual, es decir, tendrá vigencia por dos años, y que el seguro médico beneficiaría a poco más de 3.000 funcionarios y no a más de 13.000 como se había señalado.
En caso de aprobarse, el beneficio alcanzaría a los hijos de los titulares, hasta los 22 años, y a los hermanos, hasta 40 años; con una cobertura para internaciones clínicas de hasta G. 30 millones; descartables, hasta G. 8 millones; terapia intensiva, por hasta G. 40 millones; stent 100%, al igual que los marcapasos temporales.
El seguro para los funcionarios del Ministerio de Justicia estará disponible en el Sanatorio Español, en el Migone, en el Hospital Bautista, Hospital Universitario, entre otros hospitales y sanatorios privados de Asunción.
“Quiero dejar bien en claro que acá la única visión de este ministro y de sus funcionarios es actuar con absoluta transparencia y que el beneficiado sea el pueblo paraguayo. No tengo el apoyo de sindicatos, porque algunos están recibiendo las prebendas de empresas interesadas que van a perder su negociado”, acotó.
Denunció que “la mayoría” de los funcionarios penitenciarios están “involucrados en hechos de corruptos”, así como aseguró que los centros penitenciarios son manejados por los clanes criminales.
“Los alimentos que se daban en los centros penitenciarios eran para perros y no para humanos, eso es lo que estamos cambiando. Ha habido fugas que hasta ahora están siendo objeto de sumarios administrativos. Se han organizado orgías en las cárceles, se ha metido drogas, alcohol. Queremos que coman bien, que se deje de robar el dinero. Todo lo demás se repartía entre los funcionarios, las bandas criminales en las cárceles, además de la superpoblación como si fueran lacras humanas”, añadió Barchini durante su defensa a la cuestionada licitación.
En contrapartida, sostuvo que existe entre un 85% o 90% que “sí debe ser auxiliado, protegido y tratar de buscar el fin del derecho penal, que puedan volver a reinsertarse a la sociedad”, por lo que van a buscar la forma de generar fuentes de trabajo para ellos e incluso que accedan a seguro del Instituto de Previsión Social (IPS).
“En las cárceles vamos a poder fabricar y darle mano de obra a la gente, vamos a poder darle becas, vamos a meter la palabra de Dios, que es tan importante en los centros penitenciarios”, dijo.
Entre las denuncias por presuntas irregularidades también se mencionaba una supuesta declaración falsa del oferente adjudicado, por lo que la Dirección Nacional de Declaraciones Públicas ordenó la cancelación del contrato del llamado a licitación con ID 431067 del seguro médico para funcionarios del Ministerio de Justicia, por un monto total de G. 68.894.750.000.
