La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió la Resolución 3645/25 por la cual hace lugar parcialmente a la protesta promovida sobre el arrendamiento de las máquinas de votación.
En concreto, la DNCP dio lugar a 11 de los 35 puntos protestados. Con esto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se vio obligado a realizar modificaciones en su pliego de bases y condiciones (PBC) este lunes, y este martes, en horas de la mañana, ya realizó los demás cambios exigidos mediante la primera adenda del llamado.
Se trata del llamado a licitación denominado “Arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios conexos para la aplicación del sistema de votación y escrutinio electrónico para las Elecciones Municipales del 2026, Ad Referéndum al presupuesto 2026”. El llamado tiene el ID 476.307 y el valor del llamado es de USD 34.101.788 (G. 240.578 millones al cambio actual).
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Acciones del TSJE
Christian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJE, informó que el lunes recibieron la respuesta de la DNCP y en la fecha ya presentaron la primera adenda del llamado con los cambios solicitados.
De esta manera, desde este miércoles 12, correrá el plazo de cuatro (4) días hábiles para que los oferentes revisen los cambios. Si no existe ninguna nueva protesta, desde el martes 18 de noviembre, la DNCP podrá establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas (antes de las protestas estaba fijada para este 20 de noviembre, pero tras las protestas se deberá establecer una nueva fecha).
Las tres empresas que protestaron fueron Myru Systems y las empresas paraguayas; Bypar SA y Smartline (no guarda relación con Smartmatic, oferente en la licitación anterior para la venta de las máquinas).
En concreto, se busca alquilar 18.000 máquinas para las elecciones internas y municipales del 2026 (7 de junio y 4 de octubre).
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Cambios en el PBC
En el PBC original decía que el oferente debía acreditarse como fabricante de las máquinas de votación ofertada. Ahora dice que se debe acreditar o declarar bajo fe de juramento ser fabricante de la máquina de votación ofertada.
El segundo cambio consiste en la experiencia como proveedor de máquinas de votación. De una experiencia previa de venta o alquiler de máquinas del 40% del total de la cantidad que busca el TSJE (el 40% de 18.000 es 7.200) se bajó al 30% (5.400).
El tercer cambio guarda relación con la exigencia de experiencia en 3 o más procesos electorales con la utilización de votos electrónicos, eso bajaron a 2 procesos.
El cuarto cambio se trata sobre el gerente de proyectos que debe presentar cada oferente. El TSJE solicitaba que este gerente tenga una experiencia mínima de 10 años y ahora bajó a 8 años de experiencia.
El quinto cambio menciona sobre el depósito que deben tener los oferentes para guardar las máquinas de votación que no se pueden almacenar en el TSJE. Este depósito debía estar a una distancia no superior de 20 kilómetros de la sede central del TSJE (sobre la avenida Eusebio Ayala), esto aumentó a 30 kilómetros. Solo por citar 5 de los 11 cambios en el PBC.
Debido a la presión de la Cámara de Senadores, que a través de un proyecto de declaración, publicado el 27 de agosto pasado instó al TSJE a cancelar el llamado y recurrir nuevamente al arrendamiento, el TSJE se vio presionado a cancelar el llamado para la compra de 28.000 máquinas de votación por USD 93 millones, solo dos días después, el 29 del mismo mes.
Había legisladores tanto de la oposición como del oficialismo que ponían en duda la fiabilidad de estos equipos.
