coima
Luego de que la jueza Isabel Bracho fuera imputada por supuestamente recibir una coima de USD 50.000 de Walter Galindo para beneficiarlo en su causa por tráfico de drogas, el JEM decidió sacarle la inmunidad de proceso que pesaba sobre la magistrada suspendida. Ahora el juez Humberto Otazú debe evaluar si admite o no la imputación.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la recusación del ex ministro Miguel Óscar Bajac contra los miembros integrantes de la citada Sala, los camaristas Claudia Criscioni, José Waldir Servín y Silvana Luraghi, quienes confirmaron su condena de 3 años de prisión y 2 años 6 meses para el funcionario Rafael Luis María Ramírez Doldán.
El fiscal de Alberdi, Rubén Riveros, habría solicitado junto con un abogado más de G. 120 millones a una mujer para supuestamente beneficiar a su esposo, procesado por abuso infantil. Tarda, “pero se hace”, le habría dicho el agente a la esposa.
Porque está pendiente un recurso de casación en la Corte, el tribunal de Sentencia suspendió el juicio oral por el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), por un supuesto esquema de coimas, descubierto a mediados del 2019, entre los que está acusado el general retirado Ramón Ernesto Benítez.
La Sala Penal de la Corte confirmó la pena del ex ministro Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por un pedido de coima. Además, también ratificó la sanción para el funcionario judicial coprocesado en el caso.
El fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, en conferencia de prensa, señaló que es inocente y que fue engañado por su asistente para reunirse con la abogada y la hermana del imputado. Alegó que creyó era hermana de la víctima, ya que le dijo que habían conciliado. Además, denunció que la Fiscalía quiso abrir su celular sin autorización del juzgado.
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, admitió la imputación contra la asistente Lidia Andrea Florenciano y, a la vez, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el desafuero del fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, para que pueda ser imputado por presunto cohecho pasivo agravado.
Mensajes y grabaciones complicarían al fiscal Bernardo Aguirre y a su asistente fiscal, por pedir supuestamente G. 10 millones para que un acusado obtenga la suspensión condicional del procedimiento. El monto luego bajó a G. 7 millones, que fue entregado hoy en la Secretaría de la Fiscalía, en Emboscada.
Existen unos 3.200 terrenos de dominio privado municipal que se encuentran en situaciones irregulares, muchos de los cuales son ocupados precariamente. Desde la Comuna asuncena, en lugar de facilitar las gestiones correspondientes para que los ocupantes regularicen sus expedientes, habrían pedido coimas de hasta G. 1.000.000 para realizar los trámites.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló las condenas de 4 y 3 años de cárcel de dos policías que habían sido sentenciados por supuesta coima y extorsión a un conductor para no hacerle la prueba de alcotest y devolverle su vehículo. Con ello, deberá repetirse el juicio oral. Hubo falta de motivación en el fallo, alegan.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la sentencia que condenó a tres procesados que se hicieron pasar por actuaria y funcionario del Juzgado de Garantías, y una abogada, por supuestamente pedir dinero a una mujer para solucionar un problema judicial de su hijo. Con ello, ahora se deberá repetir el juicio oral contra los tres acusados.
La Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias planteadas por los condenados, el ex diputado Carlos María Soler y Pedro Enrique Gómez de la Fuente, en la causa donde cobraron coima por trámites realizados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El jefe de Administración fue removido del cargo, mientras continúa siendo investigado junto a otros dos funcionarios de la DNIT por un supuesto pedido de coima, denunciado por un importador.
La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay se sumó al pedido de otros gremios y reclamó la eliminación del documento Afidi, el permiso oficial que se otorga para importar productos frutihortícolas.
El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena para el ex diputado (PPQ) Carlos María Soler, quien compurgará su condena de 4 años el 3 de julio de 2029. El mismo se presentó en forma voluntaria en la Oficina de Guardia del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) difundió un comunicado en el que solicita al Gobierno nacional “abrir un debate serio y valiente” sobre la necesidad de reformar de manera integral el modelo de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), tras la imputación al ex director del Senave Pastor Soria, quien supuestamente montó un esquema de entrega de cupos de importación de frutas y hortalizas mediante coimas.
Karen Leguizamón, de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas, se pronunció tras la destitución de Pastor Soria al frente del Senave. Afirmó que el sector sigue remando contra todo tipo de corrupción para poder trabajar tranquilos.
El presidente de la República, Santiago Peña, dio por terminadas las funciones de Pastor Soria al frente del Senave. Horas antes, el mismo fue imputado por presuntamente haber formado parte de un “esquema” de supuesto cobro ilegal de aranceles para autorizar la expedición del certificado que habilita la importación de productos frutihortícolas.
Según la denuncia, funcionarios del Senave solicitaban hasta G. 10 millones para expedir certificados que cuestan solo G. 17.715, que habilitan importar productos como papas, tomates y cebollas. Muchos importadores pagaban “ante la amenaza de perder su producción”. En la causa también está imputado el ex intendente de Lambaré.
Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y quien negoció los votos claves de las agrupaciones Junts, PNV y Bildu para lograr la investidura de Pedro Sánchez en España, fue enviado a prisión preventiva. Se trata de otro duro golpe al Gobierno, sacudido por varios casos de corrupción.
Dos efectivos militares de la Armada Paraguaya fueron detenidos tras ser filmados, supuestamente, pidiendo coima a una embarcación mientras realizaban patrullaje en aguas del río Paraguay. Ambos se encuentran recluidos en la cárcel de Viñas Cué.
Agentes de la Patrulla Caminera retuvieron a una mujer motociclista y le habrían solicitado G. 400.000 para pasar por alto una infracción por falta de registro de conducir. El hecho ocurrió en Mariano Roque Alonso y fue captado por el teléfono celular de un testigo.
Un conductor estacionó por un minuto en un lugar prohibido en Asunción. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se percató de la infracción e intentó llevarse el rodado con una grúa. Pero el caso acabó en un pedido de coima y fue filmado por una ciudadana.
El video de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción que aparentemente cobró coima a una infractora recorrió las redes sociales. Argumentaron que se trató de un pago legal de multa con factura emitida.
Una presunta conversación entre el dueño de una camioneta retenida y un supuesto agente de Policía revela un intento de coima de G. 15 millones para liberar el vehículo y a su conductor.
La ex fiscala Patricia Filippi Sarubbi fue condenada este jueves a cuatro años de prisión tras ser hallada culpable del delito de cohecho pasivo agravado. Según la investigación, solicitó la suma de G. 70 millones a un jefe comunal para no imputarlo por un hecho de enriquecimiento ilícito.
Un automovilista denunció que tres agentes de la Patrulla Caminera le pidieron el pago de una coima de G. 400.000 para la liberación de su automóvil, tras un error en la fecha de su habilitación vehicular.
Un automovilista denunció la rotura de un espejo retrovisor por parte de agentes de la Patrulla Caminera durante una barrera sobre la ruta Mariscal Estigarribia o también conocida como Calle Última.
La Fiscalía allanó una oficina del Indert en el marco de una investigación por el supuesto pedido de coima de parte de funcionarios para la titulación de un asentamiento. Sin embargo, desde el Ministerio Público desmintieron tal afirmación.
Un hombre que trabaja como delivery tuvo su moto retenida por los agente de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT) y decidió quemar el biciclo. Denunció que uno de los agentes le insinuó pagarle una coima para devolverle la moto.
Mario Vega, ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), fue absuelto por un tribunal de sentencia que lo juzgó por los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y asociación criminal. La Fiscalía había pedido 9 años y seis meses de condena.