coima
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia concedió libertad ambulatoria al funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) Pánfilo Saldívar, quien fue procesado por presunto tráfico de influencias al pedir dinero para reservar turno para una cirugía.
Tres testigos declararon esta mañana en el juicio oral contra el ex ministro Arnaldo Giuzzio por supuesto cohecho pasivo agravado. Explicaron que estuvieron en la demostración del blindaje de la firma del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius.
El pleno de la Corte Suprema decidió no confirmar en su cargo a la fiscala de Alberdi María Angélica Acosta Bjasso, quien actualmente afronta juicio oral por un caso de presunto cohecho pasivo agravado (coima).
Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentan esta mañana sus alegatos finales en el juicio oral contra la ex fiscala Ana Girala por supuesta coima y extorsión, entre otros. Serían unos quince hechos, de los cuales, en dos de ellos, la acusada solicitó hasta canastas de Navidad y meriendas a los afectados.
Las declaraciones del embajador Gustavo Leite sobre un supuesto “olor a coima” generaron algunas reacciones en el oficialismo. Mientras el senador Silvio Ovelar relativizó los dichos al atribuirlos a un contexto económico más complejo, Basilio Núñez sostuvo que deben ser denunciados formalmente y defendió las críticas internas.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado concedió seis meses más de plazo a la fiscala Yeimi Adle, para investigar al ex fiscal Bernardo Elizaur Aguirre y a su ex asistente Lilian Andrea Florenciano, procesados por un caso de supuesta coima.
La jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer declaró extinguida la pena en la presente causa con relación a la ex defensora pública Yrene Peña, quien fue condenada en un procedimiento abreviado a dos años de prisión por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.
Comenzó esta mañana el juicio oral contra el ex ministro Arnaldo Giuzzio por supuesta coima. La Fiscalía solicitó incluir extracciones de datos de teléfonos de Lindomar Reyes Hurtado obtenidas en otra causa. La defensa solicitó, entre otros planteamientos, la exclusión de la declaración de Marcos Vinicius, por encontrarse también imputado, ya que presuntamente habría sido quien entregó el soborno.
Un testigo, que fue beneficiado con el criterio de oportunidad en un caso, declaró esta mañana ante el Tribunal de Sentencia que juzga a la ex fiscala Ana Girala y a los demás coprocesados en el caso por supuestas coimas.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
La jueza de Ejecución de Villa Hayes, Rosana Rojas, quien tuvo incumplimiento de horario de manera sistemática, mañana podría haber sido removida del cargo, pero hoy la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia. También admitió la dimisión de la jueza Isabel Bracho, imputada y suspendida por un pedido de coima en un caso de narcotráfico.
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
Luego de que la jueza Isabel Bracho fuera imputada por supuestamente recibir una coima de USD 50.000 de Walter Galindo para beneficiarlo en su causa por tráfico de drogas, el JEM decidió sacarle la inmunidad de proceso que pesaba sobre la magistrada suspendida. Ahora el juez Humberto Otazú debe evaluar si admite o no la imputación.
La suspendida jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, dio esta mañana una conferencia de prensa, donde negó haber recibido coima. Señaló que había sobreseído a Walter Galindo Domínguez, con el allanamiento del fiscal Osmar Segovia.
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra la ex fiscal Egidia Gomes, hermana del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes y contra la actuaria judicial Ruth Ferreira, procesadas por supuesta coima y otros hechos punibles en el caso de Walter Galindo. Además, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el desafuero de la magistrada Isabel Bracho.
El pleno de la Corte, tras una larga discusión, suspendió con goce de salario básico a la jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, quien fue imputada por supuesto cohecho pasivo agravado, en el caso del supuesto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
La jueza Isabel Bracho, la ex fiscala Egidia Gómez y la actuaria Ruth Ferreira fueron imputadas por manipular evidencias y maniobrar a cambio de sumas millonarias de dinero para que Walter Galindo pueda salir de prisión. El caso ya llegó al juez Humberto Otazú, quien deberá decidir si admite o no la causa.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la recusación del ex ministro Miguel Óscar Bajac contra los miembros integrantes de la citada Sala, los camaristas Claudia Criscioni, José Waldir Servín y Silvana Luraghi, quienes confirmaron su condena de 3 años de prisión y 2 años 6 meses para el funcionario Rafael Luis María Ramírez Doldán.
El fiscal de Alberdi, Rubén Riveros, habría solicitado junto con un abogado más de G. 120 millones a una mujer para supuestamente beneficiar a su esposo, procesado por abuso infantil. Tarda, “pero se hace”, le habría dicho el agente a la esposa.
Porque está pendiente un recurso de casación en la Corte, el tribunal de Sentencia suspendió el juicio oral por el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), por un supuesto esquema de coimas, descubierto a mediados del 2019, entre los que está acusado el general retirado Ramón Ernesto Benítez.
La Sala Penal de la Corte confirmó la pena del ex ministro Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por un pedido de coima. Además, también ratificó la sanción para el funcionario judicial coprocesado en el caso.
El fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, en conferencia de prensa, señaló que es inocente y que fue engañado por su asistente para reunirse con la abogada y la hermana del imputado. Alegó que creyó era hermana de la víctima, ya que le dijo que habían conciliado. Además, denunció que la Fiscalía quiso abrir su celular sin autorización del juzgado.
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, admitió la imputación contra la asistente Lidia Andrea Florenciano y, a la vez, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el desafuero del fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, para que pueda ser imputado por presunto cohecho pasivo agravado.
Mensajes y grabaciones complicarían al fiscal Bernardo Aguirre y a su asistente fiscal, por pedir supuestamente G. 10 millones para que un acusado obtenga la suspensión condicional del procedimiento. El monto luego bajó a G. 7 millones, que fue entregado hoy en la Secretaría de la Fiscalía, en Emboscada.
Existen unos 3.200 terrenos de dominio privado municipal que se encuentran en situaciones irregulares, muchos de los cuales son ocupados precariamente. Desde la Comuna asuncena, en lugar de facilitar las gestiones correspondientes para que los ocupantes regularicen sus expedientes, habrían pedido coimas de hasta G. 1.000.000 para realizar los trámites.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló las condenas de 4 y 3 años de cárcel de dos policías que habían sido sentenciados por supuesta coima y extorsión a un conductor para no hacerle la prueba de alcotest y devolverle su vehículo. Con ello, deberá repetirse el juicio oral. Hubo falta de motivación en el fallo, alegan.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la sentencia que condenó a tres procesados que se hicieron pasar por actuaria y funcionario del Juzgado de Garantías, y una abogada, por supuestamente pedir dinero a una mujer para solucionar un problema judicial de su hijo. Con ello, ahora se deberá repetir el juicio oral contra los tres acusados.
La Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias planteadas por los condenados, el ex diputado Carlos María Soler y Pedro Enrique Gómez de la Fuente, en la causa donde cobraron coima por trámites realizados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El jefe de Administración fue removido del cargo, mientras continúa siendo investigado junto a otros dos funcionarios de la DNIT por un supuesto pedido de coima, denunciado por un importador.
La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay se sumó al pedido de otros gremios y reclamó la eliminación del documento Afidi, el permiso oficial que se otorga para importar productos frutihortícolas.
El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena para el ex diputado (PPQ) Carlos María Soler, quien compurgará su condena de 4 años el 3 de julio de 2029. El mismo se presentó en forma voluntaria en la Oficina de Guardia del Departamento Judicial de la Policía Nacional.