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Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentan esta mañana sus alegatos finales en el juicio oral contra la ex fiscala Ana Girala por supuesta coima y extorsión, entre otros. Serían unos quince hechos, de los cuales, en dos de ellos, la acusada solicitó hasta canastas de Navidad y meriendas a los afectados.
Un testigo, que fue beneficiado con el criterio de oportunidad en un caso, declaró esta mañana ante el Tribunal de Sentencia que juzga a la ex fiscala Ana Girala y a los demás coprocesados en el caso por supuestas coimas.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
La jueza de Ejecución de Villa Hayes, Rosana Rojas, quien tuvo incumplimiento de horario de manera sistemática, mañana podría haber sido removida del cargo, pero hoy la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia. También admitió la dimisión de la jueza Isabel Bracho, imputada y suspendida por un pedido de coima en un caso de narcotráfico.
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
Luego de que la jueza Isabel Bracho fuera imputada por supuestamente recibir una coima de USD 50.000 de Walter Galindo para beneficiarlo en su causa por tráfico de drogas, el JEM decidió sacarle la inmunidad de proceso que pesaba sobre la magistrada suspendida. Ahora el juez Humberto Otazú debe evaluar si admite o no la imputación.
La suspendida jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, dio esta mañana una conferencia de prensa, donde negó haber recibido coima. Señaló que había sobreseído a Walter Galindo Domínguez, con el allanamiento del fiscal Osmar Segovia.
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra la ex fiscal Egidia Gomes, hermana del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes y contra la actuaria judicial Ruth Ferreira, procesadas por supuesta coima y otros hechos punibles en el caso de Walter Galindo. Además, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el desafuero de la magistrada Isabel Bracho.
El pleno de la Corte, tras una larga discusión, suspendió con goce de salario básico a la jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, quien fue imputada por supuesto cohecho pasivo agravado, en el caso del supuesto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
La jueza Isabel Bracho, la ex fiscala Egidia Gómez y la actuaria Ruth Ferreira fueron imputadas por manipular evidencias y maniobrar a cambio de sumas millonarias de dinero para que Walter Galindo pueda salir de prisión. El caso ya llegó al juez Humberto Otazú, quien deberá decidir si admite o no la causa.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la recusación del ex ministro Miguel Óscar Bajac contra los miembros integrantes de la citada Sala, los camaristas Claudia Criscioni, José Waldir Servín y Silvana Luraghi, quienes confirmaron su condena de 3 años de prisión y 2 años 6 meses para el funcionario Rafael Luis María Ramírez Doldán.
El fiscal de Alberdi, Rubén Riveros, habría solicitado junto con un abogado más de G. 120 millones a una mujer para supuestamente beneficiar a su esposo, procesado por abuso infantil. Tarda, “pero se hace”, le habría dicho el agente a la esposa.
Porque está pendiente un recurso de casación en la Corte, el tribunal de Sentencia suspendió el juicio oral por el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), por un supuesto esquema de coimas, descubierto a mediados del 2019, entre los que está acusado el general retirado Ramón Ernesto Benítez.
La Sala Penal de la Corte confirmó la pena del ex ministro Miguel Óscar Bajac, a 3 años de cárcel por un pedido de coima. Además, también ratificó la sanción para el funcionario judicial coprocesado en el caso.
El fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, en conferencia de prensa, señaló que es inocente y que fue engañado por su asistente para reunirse con la abogada y la hermana del imputado. Alegó que creyó era hermana de la víctima, ya que le dijo que habían conciliado. Además, denunció que la Fiscalía quiso abrir su celular sin autorización del juzgado.
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, admitió la imputación contra la asistente Lidia Andrea Florenciano y, a la vez, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el desafuero del fiscal Bernardo Elizaur Aguirre, para que pueda ser imputado por presunto cohecho pasivo agravado.
Mensajes y grabaciones complicarían al fiscal Bernardo Aguirre y a su asistente fiscal, por pedir supuestamente G. 10 millones para que un acusado obtenga la suspensión condicional del procedimiento. El monto luego bajó a G. 7 millones, que fue entregado hoy en la Secretaría de la Fiscalía, en Emboscada.
Existen unos 3.200 terrenos de dominio privado municipal que se encuentran en situaciones irregulares, muchos de los cuales son ocupados precariamente. Desde la Comuna asuncena, en lugar de facilitar las gestiones correspondientes para que los ocupantes regularicen sus expedientes, habrían pedido coimas de hasta G. 1.000.000 para realizar los trámites.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló las condenas de 4 y 3 años de cárcel de dos policías que habían sido sentenciados por supuesta coima y extorsión a un conductor para no hacerle la prueba de alcotest y devolverle su vehículo. Con ello, deberá repetirse el juicio oral. Hubo falta de motivación en el fallo, alegan.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la sentencia que condenó a tres procesados que se hicieron pasar por actuaria y funcionario del Juzgado de Garantías, y una abogada, por supuestamente pedir dinero a una mujer para solucionar un problema judicial de su hijo. Con ello, ahora se deberá repetir el juicio oral contra los tres acusados.
La Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias planteadas por los condenados, el ex diputado Carlos María Soler y Pedro Enrique Gómez de la Fuente, en la causa donde cobraron coima por trámites realizados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El jefe de Administración fue removido del cargo, mientras continúa siendo investigado junto a otros dos funcionarios de la DNIT por un supuesto pedido de coima, denunciado por un importador.
La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay se sumó al pedido de otros gremios y reclamó la eliminación del documento Afidi, el permiso oficial que se otorga para importar productos frutihortícolas.
El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena para el ex diputado (PPQ) Carlos María Soler, quien compurgará su condena de 4 años el 3 de julio de 2029. El mismo se presentó en forma voluntaria en la Oficina de Guardia del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) difundió un comunicado en el que solicita al Gobierno nacional “abrir un debate serio y valiente” sobre la necesidad de reformar de manera integral el modelo de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), tras la imputación al ex director del Senave Pastor Soria, quien supuestamente montó un esquema de entrega de cupos de importación de frutas y hortalizas mediante coimas.
Karen Leguizamón, de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas, se pronunció tras la destitución de Pastor Soria al frente del Senave. Afirmó que el sector sigue remando contra todo tipo de corrupción para poder trabajar tranquilos.
El presidente de la República, Santiago Peña, dio por terminadas las funciones de Pastor Soria al frente del Senave. Horas antes, el mismo fue imputado por presuntamente haber formado parte de un “esquema” de supuesto cobro ilegal de aranceles para autorizar la expedición del certificado que habilita la importación de productos frutihortícolas.
Según la denuncia, funcionarios del Senave solicitaban hasta G. 10 millones para expedir certificados que cuestan solo G. 17.715, que habilitan importar productos como papas, tomates y cebollas. Muchos importadores pagaban “ante la amenaza de perder su producción”. En la causa también está imputado el ex intendente de Lambaré.
Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y quien negoció los votos claves de las agrupaciones Junts, PNV y Bildu para lograr la investidura de Pedro Sánchez en España, fue enviado a prisión preventiva. Se trata de otro duro golpe al Gobierno, sacudido por varios casos de corrupción.
Dos efectivos militares de la Armada Paraguaya fueron detenidos tras ser filmados, supuestamente, pidiendo coima a una embarcación mientras realizaban patrullaje en aguas del río Paraguay. Ambos se encuentran recluidos en la cárcel de Viñas Cué.
Agentes de la Patrulla Caminera retuvieron a una mujer motociclista y le habrían solicitado G. 400.000 para pasar por alto una infracción por falta de registro de conducir. El hecho ocurrió en Mariano Roque Alonso y fue captado por el teléfono celular de un testigo.