La fiscala Yeimy Adle acusó y pidió juicio oral para Pastor Emilio Soria, ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), y otras siete personas, por formar un supuesto “esquema” de cobro ilegal del certificado que habilita la importación de productos frutihortícolas.
Según la acusación, el 21 agosto de 2023, Soria asumió como titular del Senave y empezó a nombrar a funcionarios en cargos de confianza. Designó como titular de la Secretaría General a su sobrino Miguel Ángel Báez Soria, y a otros más de su círculo en cargos directivos, incluyendo a sus funcionarios en el Mercado Central de Abasto de Asunción.
Sin embargo, en marzo del 2024, Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación con Capacidad Restringida de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (Asicopace), de Abasto, denunció que, a los comerciantes, se les exigían pagos indebidos para expedir el documento que habilita la importación de los productos frutihortícolas, como tomates, papas y cebollas.
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Ese certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) en ese entonces costaba solo G. 17.715; sin embargo, exigían hasta G. 10 millones con el fin de autorizar la expedición del papel.
Tras una investigación, la fiscala concluyó que entre diciembre del 2023 y abril del 2024, varios importadores se encontraron con problemas con Senave, ya que no les expedían los certificados.
En coincidencia con las demoras, los importadores recibieron llamadas y visitas, tanto de funcionarios del Senave, como de personas ajenas a la institución que iban de parte de los funcionarios, quienes contaban con acceso completo a sus datos.
Estas personas exigían sumas de dinero en efectivo como “colaboración” o “gratificación por la celeridad” para agilizar las aprobaciones de las Afidis que habían solicitado, que se aprobaba de inmediato después de pagar.
¿Cuál era el modus operandi?
La fiscala Yeimy Adle explicó que Soria, como presidente, formó un “esquema organizado” y era el que facilitaba supuestamente los teléfonos de sus funcionarios a los importadores, cuando estos se quejaban de las “excesivas demoras”.
El esquema estuvo conformado así: Ramona Ysabel Arce, nexo con los funcionarios; ella habría agilizado las aprobaciones de las Afidi a cambio de sumas de dinero en efectivo.
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Plinio Alcibidades Gamarra, también otro de los nexos, apresuraba la aprobación de los certificados, a cambio de transferencias a su cuenta, dinero luego transferido supuestamente al presidente Pastor Soria.
Sergio Marcos Rodríguez, funcionario del Senave, quien se encargaba del control de cargas en el Mercado de Abasto, habría exigido a importadores dinero transferido a Plinio. Y para él también pedía cierto monto, según la Fiscalía.
Del esquema también habrían participado el director de Protección Vegetal, Herminio David Batte, quien verificaba las autorizaciones de las Afidi que ingresaban a la Ventana Única del Importador; y Juan José Lezcano, inspector oficial de Puerto Falcón.
Estos autorizaban “de forma inmediata” las acreditaciones, “luego de que los importadores se veían obligados al pago fuera de los cánones legalmente establecidos”.
El presidente del Senave, Pastor Emilio Soria, fue acusado por cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de dinero.
