Los jueces Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres se retiraron para realizar la deliberación sobre el juicio oral que comenzó en el mes de mayo del 2025 sobre las supuestas coimas requeridas por la ex agente fiscal acusada por supuesto cohecho pasivo agravado, extorsión y persecución de inocentes, en calidad de autora.
En el caso la Fiscalía solicita imponer 12 años de prisión para la ex fiscala Ana Girala. Además, para la ex secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz requiere 9 años de cárcel; para la ex asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, la sanción de 4 años de encierro.
Igualmente, requiere para las abogadas Liz Elena Martínez, 3 años y 6 meses; Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, 3 años de prisión, y para Marcos Aurelio Velazco Mendoza, 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
Esta mañana se dieron la réplica de la última de las defensas. Tuvo uso de la palabra el abogado Luis Carlos Orué Servín, defensa del acusado Marcos Aurelio Velazco.
Luego de esto, vinieron las palabras finales de los acusados. Ana Girala señaló que lo único que quería decir sobre todas las cosas era que confiaba en el Tribunal de Sentencia y que iban a dictar una sentencia con imparcialidad.
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Finalmente, la ex agente recordó al Tribunal que tenía una hija pequeña, para que lo tuviera en cuenta a la hora de dictar resolución.
Después, los demás acusados solicitaron también que sean criteriosos para dictar sentencia, que tuvieran en cuenta las pruebas que fueron presentadas.
Durante el juicio, los fiscales expusieron que supuestamente el grupo solicitaba dinero, regalos e incluso donaciones a cambio de beneficiar a procesados con abreviados o evitar imputaciones.
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Con respecto a la ex fiscala Ana Girala, los agentes sostienen que su conducta se encuadra en múltiples hechos punibles cometidos de manera reiterada y dentro del marco de una estructura organizada dentro de la Fiscalía de San Lorenzo.
Indican que la procesada habría incurrido en delitos como asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes, configurándose un concurso real de hechos punibles que eleva el marco penal aplicable.
