Con una discusión previa, y la evidente división de opiniones, finalmente, el pleno de la Corte Suprema dispuso la suspensión con goce de salario básico de la magistrada de Lambaré, Isabel Bracho, quien fue imputada por el fiscal Néstor Coronel ante el juez Humberto Otazú. Además de la instrucción de un sumario administrativo, junto con su actuaria Ruth Ferreira, también procesada.
El ministro Eugenio Jiménez propuso la instrucción de un sumario administrativo y una suspensión de la magistrada Isabel Bracho, que había sido imputada el martes ante el citado juez de Delitos Económicos. Además dijo que igual situación estaba la actuaria Ruth Ferreira, también imputada.
Su colega Víctor Ríos solicitó que, antes de tomar la determinación, se citara a la jueza para el próximo lunes, para oirla y luego decidir la medida, dando así el derecho constitucional a la defensa, conforme señaló.
Además, el integrante de la Sala Constitucional también dijo que no tenía a la vista el acta de imputación, a más de la acordada que se debía primero oír a la magistrada. Asimismo, sostuvo que no estaba rota aún la presunción de inocencia, y que no se podía tomar la imputación como “verdad sagrada” y que podían haber errores.
La réplica de su colega Jiménez Rolón fue que se habla sobre la base del error, por supuesto que puede existir, que hay una imputación para este tipo de actos procesales, no puedo considerar que estamos ante una situación demasiado llamativa y se ratificó en el pedido.
Ríos alegó que por supuesto actúa pensando en el error. “Por eso se habla de estándares probatorios, y donde se coloca el error, y sabemos que somos falibles, podemos equivocarnos. Lo que evaluamos es a quién cargamos en el error. Además, la propuesta no es incompatible, lo que digo es que esperemos hasta el lunes para oír a la magistrada”, acotó.
Añadió que tenían que partir de la presunción de inocencia, y que la misma no está rota. Es más, afirmó que esto no iba a manchar la imagen del Poder Judicial, sino que lo fortalecerá, ya que es una muestra del respeto al debido proceso.
Eugenio Jiménez Rolón respondió que entendía la posición de su colega Ríos, que era respetable, pero que el error es un vicio que puede existir, pero que tiene que ser alegado, y solo tenían la imputación en este caso. Afirmó que coincidía en que se debía respetar a rajatabla la presunción de inocencia, por eso siempre se refirió a estaría y otros términos.
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En la discusión, también intervino el ministro Gustavo Santander, que respaldó a su colega de Sala, y dijo que las propuestas no eran incompatibles, sino que solo se debía citar primero a la magistrada.
Al final, la votación fue de cinco votos a favor de la suspensión, Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia, César Garay, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera, y por citar primero a la jueza, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, todos de la misma Sala.
Después, se planteó el tema de que fuera con o sin goce de salario básico. Ríos propuso que sea con goce de salario básico, lo que fue respaldado en principio, pero luego se propuso que sea sin goce de salario, ya que el supuesto cohecho fue para favorecer a un narcotraficante, según César Garay.
Incluso, el ministro Ríos les preguntó a sus colegas si entendían lo que acababan de hacer. Esto, refiriéndose a que se suspendía a la jueza sin tener a la vista los antecedentes del caso, porque pese a que el ministro Ramírez Candia había leído la imputación era una cuestión personal y que ninguno de los ministros lo había hecho. Alegó que si la misma Corte tomaba esa determinación, que sería en el caso de los jueces de Garantías.
Después, hubo dos rondas de votaciones, donde quedaron cuatro a cuatro, por la postura sin goce de salario, Eugenio Jiménez, César Garay, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander, mientras que por la suspensión con goce de salario básico, Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel, quien desempató finalmente con su doble voto, ante el empate y la ausencia de la ministra Carolina Llanes.
Finalmente, fue designado como interino el juez Penal de Central, Rodrigo Ibarrola, sin perjuicio de sus funciones.
