28 jun. 2026

Fiscalía imputa a funcionaria judicial que habría recibido coima

Luego de caer detenida durante una entrega vigilada, con G. 3 millones solicitados a nombre de la jueza y G. 1 millón para un informe favorable, la fiscala Yeimy Adle imputó a la funcionaria judicial Antonia Galeano. Reveló que al parecer pedía dinero para favorecer a procesados con el uso de tobilleras electrónicas.

ALLANAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE SAN LORENZO (6)

ALLANAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE SAN LORENZO (6)

Foto: Gentileza.

La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a Antonia Galeano, funcionaria de Estadísticas del Poder Judicial de San Lorenzo, por cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias. La mujer habría solicitado y recibido dinero para ayudar a un procesado por tenencia de drogas y cayó detenida ayer, en un operativo de entrega vigilada.

La funcionaria a cambio de G. 6 millones había prometido a la familia mediar con la jueza María Elena Cañete, para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, acusado y a puertas de un juicio oral por posesión de sustancias, salga de prisión y obtenga el arresto domiciliario, usando la tobillera electrónica.

Incluso, habría pedido G. 1 millón más para obtener un informe favorable de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec).

Ver más: Dos funcionarios del Poder Judicial caen por pedido de coima

“Nadie trabaja gratis”, habría dicho

El 27 de abril, el papá de Marcelo Fabián Peña Mancuello denunció ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía que la funcionaria judicial estaba pidiendo dinero.

Ya en reiteradas ocasiones, el abogado de joven, el ex fiscal Vicente Rodríguez Barreto, había solicitado medidas menos gravosas a favor de su hijo, pero le fue negada.

ALLANAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE SAN LORENZO (6)

El dinero incautado en poder de la funcionaria, el martes.

Foto: Gentileza.

El último intento se dio en abril. La jueza María Elena Cañete fijó el 21 de ese mes, a las 08:30 la audiencia de revisión de medidas.

Antes de la de la hora fijada, la funcionaria Antonia Galeano se habría contactado con los familiares del procesado ofreciéndose como mediadora para conseguir la libertad o el arresto.

Según la imputación, incluso, le habría señalado que tenía forma de contactar con la jueza, la actuaria, el ujier y la dactilógrafa del Juzgado, y también con gente de la Omdec.

ALLANAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE SAN LORENZO (6)

Se hizo un allanamiento en la oficina de Antonia Galeano en el Poder Judicial.

Foto: Gentileza.

El encuentro habría sido en la vivienda de la funcionaria. El papá de Peña Mancuello le preguntó si esto tendría un costo, y su respuesta fue: “Nadie trabaja gratis”. A partir de ese encuentro, la comunicación fue vía telefónica.

Lea más: Fiscalía no descarta mafia para dar arrestos domiciliarios

Pagos fraccionados

Antonia Galeano le habría exigido la suma de G. 6.000.000 para que el Juzgado emita la resolución favorable y un día antes, le dijo que no pudo conseguir todo el dinero, solo la mitad.

Entonces, el día de la audiencia el 21 de abril, a las 07:00 en un estacionamiento cercano al juzgado de San Lorenzo, al lado de una capilla, se entregó los G. 3.000.000.

ALLANAMIENTO EN EL PODER JUDICIAL DE SAN LORENZO (6)

El operativo se realizó el martes pasado.

Foto: Gentileza.

Pasaron las horas, y la funcionaria le contactó nuevamente según la denuncia para pedirle G. 1.000.000 más. Este monto era aparte y supuestamente para entregarle al personal técnico del Omdec para que saquen el informe de factibilidad en 24 horas, ya que en caso contrario, se rechazaría nuevamente la solicitud.

Como el informe no estuvo ese día, la jueza rechazó la solicitud y el Omdec recién envió su informe el 22 de abril.

Según la denuncia, la funcionaria a partir de allí “le habría insistido para que le entregue los Gs. 3.000.000 faltantes y el Gs. 1.000.000 por el informe”.

Entrega vigilada

El operativo encubierto donde cae Antonia Galeano se realizó en el estacionamiento del Shopping San Lorenzo, donde la denunciante entregó el dinero a la funcionaria Antonia Galeano (41), tras una conversación de negociación que quedó grabada previa autorización judicial.

Tras la entrega vigilada, la comitiva fiscal, con agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, se constituyeron hasta el Poder Judicial, donde fue allanada una oficina de la Sección Estadística y otra de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo.

En el sitio, los intervinientes se incautaron documentos originales y copias certificadas.

Más contenido de esta sección
Luego de casi cuatro años, el Tribunal de Apelación Penal anuló la condena contra Natalia Zucolillo, directora de Abc Color y el periodista Juan Carlos Lezcano, en la querella por difamación iniciada por la ex viceministra de Tributación, Marta González. Se dispuso un nuevo juicio oral.
El conocido caso de comisarías, donde está procesado el actual senador y ex ministro Rafael Filizzola, vuelve a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que uno de los camaristas se inhibiera y esto haya sido impugnado por su colega, con lo que el Máximo Tribunal debe de nuevo destrabar el caso.
Un grupo de enfermeras jubiladas llegaron al noveno piso del Palacio de Justicia para solicitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, una auditoría de las causas que afectan a 46 enfermeras, quienes serían víctimas de un esquema similar al de la mafia de los pagarés.
Un equipo de la Fiscalía, encabezado por el agente Carlos Acuña, se encuentra realizando un allanamiento en la sede del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), donde se habrían expedido 313 títulos falsos de licenciatura en Educación Escolar Básica, Educación Inicial y Ciencias de la Educación, según una denuncia presentada a mediados de junio.
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la recusación y ratificó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú en el caso del juez de Paz de la Catedral, Gustavo Villalba, y otros cinco encausados, en otro de los casos de la mafia de los pagarés. Además, lo citaron para audiencia disciplinaria.
La condena de 25 años de cárcel para una mujer que acabó con la vida de su hija de 3 años y luego intentó quitarse la vida fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación promovido por la defensa de la encausada.