Las juezas Karina Rodríguez, Ana Rodríguez y Adriana Planás, de forma unánime, suspendieron el inicio del juicio oral por presunto contrabando, cohecho pasivo agravado, entre otros delitos, en contra de unas 19 personas.
Antes del inicio de la audiencia de esta mañana hubo pedidos de suspensión porque existía una casación pendiente de ser resuelta en el Máximo Tribunal de la República.
Ante esta situación, dispusieron que la actuaria judicial se constituyera ante la Sala Penal de la Corte para conocer la situación del recurso extraordinario de casación promovido por una de las defensas de los procesados.
Con ello, hubo un cuarto intermedio hasta que volvió la actuaria, quien informó finalmente que el recurso de casación se encuentra actualmente en el despacho del ministro preopinante, con lo que no había aún resolución.
Tras conocer la información, las magistradas dispusieron la suspensión del juicio oral hasta tanto se expida la Sala Penal sobre el recurso pendiente. Por otro lado, también dispusieron la entrega de las evidencias a los nuevos abogados que tomaron intervención.
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Además, se libró un oficio a la Dirección del Estado Civil de las Personas, para determinar la veracidad de la información sobre la muerte del procesado Alberto Fernando Andrioti, uno de los acusados en el caso.
En el caso, según la acusación, la recaudación ilícita se hacía de manera semanal y provenía de los distintos puestos de control de Aduanas. Supuestamente en el sistema de pedido y recepción de dinero por los funcionarios aduaneros también tenían participación personas ajenas a la institución.
Conforme con la acusación fiscal, el dinero supuestamente se entregaba al coordinador u otras personas asignadas por el mismo para ese fin, ya sea en su oficina o en el domicilio particular de Benítez, en Asunción.
Además de Benítez, la acusación involucra a 9 funcionarios del ex-Detave, 6 particulares que se desempeñaban como secretarios, así como 3 efectivos policiales, destinados a los puestos de control; además de 2 empresarios.
