Continuó esta mañana ante los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, el juzgamiento público en Tribunales al ex ministro del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En el caso, la Fiscalía acusa a Giuzzio de que supuestamente recibió favores de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, para poder ser adjudicado en las licitaciones del Estado, las cuales nunca se dieron.
En la audiencia, declaró Arturo Benítez, funcionario de la Senad, quien dijo que a través de una persona, conoció a Marcus Vinicius, quien tenía una empresa de blindajes que comerciaba con futbolísticas y empresarios, pero que no tenía mayores datos. Explicó que le hizo consultas jurídicas y hablaron de la criptominería.
Reveló que conversó varias veces con Vinicius y que nunca hablaron de licitaciones del Estado, que las charlas fueron de la criptominería que en ese tiempo estaban en auge, aunque él mismo tampoco entendía mucho.
Ante la insistencia de la fiscala Verónica Valdez sobre si Vinicius le habló de las licitaciones, lo que motivó incluso aclaraciones del Tribunal, refirió que no, pero lo suponía ya que conversaba que quería realizar tipo de trabajos manutención y blindaje tanto privados y con el Estado.
Benítez dijo también que no conocía a Lindomar Reges Furtado y no sabía si Vinicius blindó algún vehículo para el Estado.
Según la fiscala Verónica Valdez, el testimonio es clave porque se prueba la intención de Vinicius de licitar para el Estado, lo que forma parte de la acusación del Ministerio Público.
Giuzzio, por su parte, dijo que el testigo nunca dijo específicamente que Vinicius tenía intención de comerciar con el Estado, y que creía que la fiscala estuvo en otro juicio oral.
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Además, ya llegaron desde el Brasil, los datos extraídos de los teléfonos celulares de Lindomar Reges Furtado, condenado a 37 años de cárcel en Brasil tras ser hallado culpable por tráfico internacional de drogas, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero.
La agente explicó que esta mañana se entregarían copias a las partes para conocer su contenido, para determinar si será necesaria una traducción antes de avanzar con el procedimiento correspondiente.
Con ello, el Tribunal permitió una prueba que ninguna de las partes conoce el contenido de un procesado en el Brasil que no es Vinicius ni Giuzzio, según los cuestionamientos de la defensa.
En el caso, los abogados apuntan que no existió pedido de coima, además de que nunca hubo licitaciones ni en su administración ni en la siguiente, sino que es una persecución política por haber denunciado al ex presidente Horacio Manuel Cartes Jara.
Sin embargo, Marcus Vinicius, quien supuestamente concedió favores a Giuzzio, no está procesado en la causa, pese a que, según la acusación, habría sobornado el funcionario. Es más, es testigo de la Fiscalía.
