Los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, concedieron la prórroga extraordinaria requerida por la fiscala Yeimi Adle, en la que requirió más plazo para la pesquisa contra el ex fiscal y su ex asistente por cohecho pasivo agravado.
La agente debía presentar su pedido el 13 de marzo pasado cuando debía presentar el requerimiento conclusivo el próximo 14 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.
Ahora, con el fallo, la representante debe presentar su acusación el próximo 14 de octubre, con relación a los dos procesados en la causa.
Según explica la resolución, “conforme al acta de imputación se le atribuye a los imputados la realización del hecho punible de cohecho pasivo agravado. El agente fiscal solicita la prórroga por el plazo de seis meses, fundando el pedido en que se encuentra pendiente la extracción de datos del CPU y de los teléfonos celulares incautados en el allanamiento realizado”.
El Tribunal de Apelación consideró que el pedido estaba fundado en atención a que el plazo requerido resulta indispensable para la extracción de datos de los aparatos electrónicos incautados en un procedimiento fiscal.
También señala los informes técnicos respecto a “los datos extraídos de los mismos, lo cual constituiría prueba digital que podría ser incorporada a juicio siendo necesaria su correcta obtención”.
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“La extracción de datos fue solicitada y autorizada en tiempo y forma, pero se encuentra pendiente de realización, es una circunstancia que objetivamente fundamenta la necesidad de un plazo mayor para la investigación”, explica el fallo.
De esta manera, finalmente, los camaristas hacen lugar al pedido de prórroga extraordinaria requerida por la fiscala, con relación a los procesados, el ex fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre y la asistente Lilian Andrea Florenciano Alfonzo.
El proceso penal
En el caso, el 13 de octubre del 2025 habían sido filmados en un procedimiento encubierto donde habían requerido la suma de G. 7 millones para requerir una salida procesal menos gravosa a una persona procesada por supuesta lesión grave, según dice la imputación.
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Alega la agente fiscal que, supuestamente, previo pago, iban a requerir el sobreseimiento provisional a favor de Mauricio Soel Méndez Gómez, procesado por presunta lesión grave, cuya pena va hasta los 10 años de cárcel.
Durante la entrega vigilada, la comitiva fiscal-policial halló la suma de los G. 7 millones en efectivo en la oficina de ambos, los cuales previamente habían sido fotocopiados.
La fiscala Adle, con agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, allanó la Fiscalía de Emboscada, ubicada sobre las calles Arecutacuá y San Agustín, donde se realizó la entrega vigilada que terminó con la incautación del dinero, tras la sospecha de un hecho de cohecho pasivo agravado.