Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción
Un hombre denunció haber sido víctima de un esquema de estafa, tras haber aceptado un ofrecimiento de “vendedor” y “cajero virtual” en una tienda de venta de celulares en TikTok. En la práctica, el hombre terminó recibiendo dinero a su cuenta y transfiriendo a terceros el dinero de presuntas estafas.
Para mañana viernes 8 de mayo, a las 08:30, la abogada Zully Ortiz, imputada por el caso de la mafia de los pagarés, debía presentarse en el Juzgado de Villa Hayes para su audiencia preliminar, junto con los dueños de una empresa que habría hecho pagar a una víctima tres veces la deuda. Sin embargo, la principal acusada cambió hoy de defensora y solicitó la suspensión de la audiencia.
La fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió que el ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación Arturo Javier Ayala sea llevado a juicio oral en el caso de la mafia de los pagarés, rectificando así la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento, con el objetivo de que actúe como testigo de los demás acusados.
El fiscal Luis Piñánez solicitó hoy más antecedentes al Juzgado en la causa que se inició en contra de los camaristas Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro (jubilado), quienes están denunciados por supuesto prevaricato, al sobreseer definitivamente al senador Hernán Rivas. El agente confirmó que lo que se investiga es si violaron o no la ley.
En las nuevas movidas dispuestas por el fiscal general, Emiliano Rolón, el fiscal Christian Manuel Benítez fue cambiado de Emboscada y pasa a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se trata de quien se había prestado a firmar la acusación contra los ex ministros de Mario Abdo Benítez por supuesta revelación de secretos vinculados a Horacio Cartes.
Una denuncia que será presentada en los próximos días expone que durante años las empresas Manager SRL y Asistencia Integral Financiera (ASIF), que forman parte de un mismo grupo empresarial, habrían operado en un esquema crediticio que habría dejado atrapados a docentes y enfermeros en un círculo interminable de deudas.
La fiscala Silvia González imputó a la fiscala Gloria Rojas, quien llevaba adelante la investigación por el crimen de la adolescente María Fernanda, ocurrido en mayo de este año. Supuestamente, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar con un abogado una salida procesal. El profesional pidió G. 30 millones, que la agente estaba en conocimiento, sospechan.
El fiscal de Alberdi, Rubén Riveros, habría solicitado junto con un abogado más de G. 120 millones a una mujer para supuestamente beneficiar a su esposo, procesado por abuso infantil. Tarda, “pero se hace”, le habría dicho el agente a la esposa.
La Fiscalía investiga los exámenes de correspondencia de los jueces hoy acusados, sobre quienes pesan pedidos de juicio oral por el esquema de estafa con pagarés, considerado uno de los más grandes del país. Se analiza además si los magistrados se enriquecieron ilícitamente.
Cerca de 2.000 bolsas de cebolla y 250 de papa de presunto contrabando fueron incautados en un importante operativo encabezado por la DNIT, junto con la Senave y Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Sin haber firmado pagarés, y pese a haber saldado su deuda, una enfermera fue demandada por la asesora legal de una asociación, aparentemente con dos pagarés fraguados. La Fiscalía sospecha que se trata de una estafa y terminó imputándola.
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de la ex ministra de la Mujer Nilda Romero Santacruz. La solicitud fue presentada por la fiscala Elena Fiore Franco, tras constatar que existe una correspondencia razonable y positiva entre sus ingresos y egresos.
El Ministerio Público realizó su segunda jornada de capacitación a fiscales del Departamento Central y Asunción, respecto al uso de tobilleras electrónicas. Mencionaron que esta herramienta es una respuesta concreta frente a la criminalidad.
La Fiscalía expuso detalladamente en su acusación en contra del ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, cómo idearon el plan por el que habrían logrado desviar millonarios montos diarios, anulando facturas. En total se hicieron 6.390 anulaciones, según reveló la investigación.
Un auxiliar de despachante es el único detenido por supuesto pedido de coima a un importador, mientras que tres funcionarios de la DNIT están bajo investigación por si estarían en complicidad en el pedido de dinero. El director de Ingresos Tributarios anunció “cambios administrativos” e investigación interna.
El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar colegios.
Es la tercera vez en lo que va del año que intentan, sin éxito, realizar la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso va a juicio o no. Según la Fiscalía, el cuñado, el guardaespaldas y otros allegados habrían formado parte de un esquema que desvió fondos destinados a la reparación de escuelas para construir una vivienda familiar.
Desde agosto del 2024 está en la Corte la apelación general que presentó Miguel Prieto, por lo que la Fiscalía volvió a insistir en que se declare inadmisible el recurso. En la causa ya hay acusación. Esta es una de las más de 40 causas iniciadas en su contra.
Las juezas de paz de los distritos de La Encarnación y Catedral decidieron no hablar ante los fiscales que investigan la trama de estafas masivas con pagarés. Con esto, se completaron la comparecencia de los cinco jueces involucrados que fueron citados por el Ministerio Público para declarar.
La jueza de paz Carmen Analía Cibils había apelado la admisión de su imputación, pero según el Tribunal de Apelaciones, se trata solo de un “desacuerdo” contra la causa en su contra.
El ex ministro Arnaldo Giuzzio, quien denunció a Horacio Cartes, cuestionó varias irregularidades en la investigación de la Fiscalía. Dijo que el juez debe apartarse, ya que siendo fiscal, fue uno de los que le investigó en un caso por supuesta denuncia falsa.
La profesional Diana Molinas Macchi habría operado con funcionarios del Juzgado de Paz de la Encarnación. Supuestamente instó a la jueza a sacar resoluciones, pese a saber que las notificaciones no se hicieron.
El juez Víctor Nilo Rodríguez también se abstuvo de declarar ante los fiscales que investigan la trama de la mafia de los pagarés. Se presume que sacó 174 resoluciones en violación de la ley. Ayer ya se había presentado la ex jueza Liliana González de Bristot.
La Corte Suprema de Justicia designó este miércoles a la nieta del ex ministro Óscar Bajac, a un pariente del declarado significativamente corrupto, Jorge Bogarín, y al fiscal Rodrigo Estigarribia para jueces especializados en Crimen Organizado y Delitos Económicos.
El Consejo de la Magistratura conformó varias ternas para importantes tribunales especializados contra el crimen Organizado y Delitos Económicos, entre los que se encuentran reconocidos fiscales, jueces y también parientes.
Comerciantes del Mercado de San Lorenzo se enfrentaron en una batalla campal con agentes de la Policía Nacional. El hecho se registró tras un operativo anticontrabando que se realizó en dos comercios del lugar.
Para el próximo miércoles 26 y jueves 27 de julio está fijada la audiencia preliminar por el caso Conajzar ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú. El Tribunal de Apelación Especializado le confirmó en la causa tras rechazar la recusación en su contra.
Una mujer denunció que en tres empresas diferentes ya sacaron celulares y electrodomésticos a su nombre con una cédula denunciada como extraviada hace más de un año.
La audiencia donde el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás decidirá si eleva o no a juicio oral el pedido de comiso autónomo sobre los bienes de Darío Messer y su hijo, Dan Wolf Messer, ya fue fijada.
La Fiscalía General del Estado designó a dos fiscales de la Unidad Anticorrupción para investigar al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por presunto soborno.
El fiscal Osmar Legal indicó que Marcio Aguacate Sánchez y su pareja, Agudelia Vargas, adquirieron una estancia, un supermercado, una peluquería y otros inmuebles con las ganancias obtenidas del sicariato. La mujer se abstuvo de prestar declaración indagatoria este jueves ante la Fiscalía.