Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputaron a la abogada Diana Belén Molinas Macchi, sumándose así a la lista de profesionales que estarían involucrados en la causa de la mafia de los pagarés.
La causa es por supuesta instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
El caso se inició a raíz de una denuncia de una persona que dijo que en el 2022, la empresa Nexo adquirió un pagaré firmado por él y allí iniciaron una acción preparatoria de juicio ejecutivo ante el Juzgado de Paz de La Encarnación, estando como jueza Carmen Analía Cibils (hoy suspendida e imputada también por la mafia de pagarés).
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Según la imputación, el denunciante dijo haber abonado toda la deuda completa, más los costos y costas, a través de un embargo de su salario. Incluso que soportó tres embargos consecutivos.
Ya el 22 de agosto de 2024 le llegó un nuevo oficio judicial, comunicándole un nuevo embargo por G. 12.915.940.
La denuncia dice que nunca fue notificado y denunció que tanto “la jueza denunciada, en complicidad con el actuario judicial, validó el juicio ejecutivo, que debería ser rechazado por falta de notificación al denunciado”.
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A partir de allí, se pudo rastrear a la empresa que terminó demandando y se pudo verificar que la abogada presentó un total de 25 demandas, de parte de la firma Global Enterprises Paraguay SA.
La abogada “habría instado al Juzgado el avance del proceso, adjuntando los mandamientos de intimación de pago y embargo informados como diligenciados por un oficial de Justicia”.
Según los fiscales, la profesional sabía que estos informes eran falsos, y que estas notificaciones no se hicieron.
Cinco juzgados
La Fiscalía investiga a funcionarios de cinco Juzgados de Paz de Asunción (Recoleta, Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación), quienes supuestamente estarían involucrados en el tema de la mafia de los pagarés.
A su vez, abogados y oficiales de Justicia también fueron imputados y siguen siendo investigados por el Ministerio Público.
