El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) nuevamente despojó de sus fueros a la magistrada Analía Cibils en los dos nuevos procesos en su contra y dictaron de oficio su enjuiciamiento, que queda suspendido hasta que se resuelva su causa penal.
Luego de un análisis hecho por la ex ministra Alicia Pucheta, integrante del JEM, se obtuvieron seis votos para el desafuero y enjuiciamiento.
La primera nueva causa contra Analía Cibils
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero imputaron a la jueza de Paz suspendida Analía Cibils en dos causas más, además de la que ya tiene, y está para juicio oral.
En la primera, es por un hecho ocurrido desde abril del 2024, cuando la empresa PH Sociedad Anónima tramitó ante el Juzgado de Paz de La Encarnación una acción preparatoria de juicio ejecutivo contra Andrea Lorena Balbuena.
Llamó la atención la dirección fuera de Paraguay: Gral. José de San Martín 132, San Miguel de Tucumán, Argentina.
De igual manera, el 17 de mayo de 2024, la jueza Analía Cibils emplazó a la demandada a comparecer en un plazo de tres días para reconocer o no las firmas de los documentos, bajo apercibimiento de que, si no se presentaba, las firmas serían consideradas reconocidas y los documentos, autenticados.
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Para el Ministerio Público, citar a una persona que se encuentra en el extranjero solo puede ser realizada vía exhorto judicial, lo cual no se hizo.
Por eso, la supuesta notificación sería falsa y pese a eso, el 14 de junio del 2024, la ujier notificadora Audrey Galeano elevó su informe de que efectivamente Andrea Lorena Balbuena fue notificada y que supuestamente sí se hizo en Argentina.
Como nadie se presentó a reconocer las firmas, la abogada de la empresa PH Sociedad Anónima, Talía Benítez, pidió a la jueza Analía Cibils hacer efectivo el apercibimiento y la magistrada sacó una resolución declarando que la notificación fue practicada “en legal forma”, pese a saber de su falsedad.
La segunda causa
También se le vincula a la jueza Carmen Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación, quien habría dictado 38 resoluciones judiciales en aparente violación de la normativa procesal civil.
Fueron en expedientes demandados por la abogada Diana Belén Molinas como representante de Global Enterprises y la jueza habría recurrido a informes de notificaciones falsos y a los informes de los actuarios judiciales Ricardo Cuevas y Martina Rivela.
Se llevaron adelante juicios sin que los demandados estén bajo conocimiento y aquí habría sido clave supuestamente la participación del actuario judicial Ricardo Cuevas y del ujier notificador Nicolás Antúnez, este último quien habría informado falsamente de notificaciones a los demandados, “con el conocimiento de todos”.
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Los hechos por los cuales se le imputa
La Fiscalía imputó por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso a Analía Cibils, mientras que a los actuarios Ricardo Cuevas y Marina Rivela y la ex ujier Audrey Galeano, por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, y cómplice de prevaricato.
Mientras, la abogada Thalía Benítez fue imputada por instigadora al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
