El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Luis Piñánez imputó a la abogada Lourdes Rocío Aranda, quien era asesora jurídica de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) hoy inexistente, por una supuesta estafa a una enfermera, víctima de la mafia de los pagarés.
Luciana Bernardet Torres, como enfermera, formaba parte de la asociación, donde los empleados de Clínicas accedían a víveres, ropas. Según su denuncia, en agosto del 2018, le dijeron que tenía una deuda de G. 3.721.000, que ella saldó en ese momento y le dieron a cambio una constancia de pago.
“Cinco años después, Luciana Bernardet se percató del descuento de dinero en su cuenta de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF) para cobro de su jubilación, constatando posteriormente que el motivo se debió a una demanda que tiene con la señora Julia Mabel Acosta Rojas, quien actualmente posee los derechos por Amuclin”, dice la imputación.
Pese a nunca haber firmado un pagaré, y no tener deudas con la ahora inexistente asociación, fue demandada por G. 41 millones, por una mujer que no conoce y estando detrás la abogada Lourdes Aranda, sospecha la Fiscalía.
A la mujer, mes a mes, se le descuentan G. 1.456.253 desde diciembre del 2024.
Fue denunciada por dos pagarés, uno por valor de G. 4.812.000 y un segundo, por el monto de G. 5.184.000, supuestamente firmados por Luciana Bernardet.
En total, lo que supuestamente adeudaba eran G. 9.996.203 y se inició el juicio ejecutivo en el Juzgado Civil a cargo del juez Martín Acosta Conde, quien ordenó el embargo por más de G. 41 millones, por la presunta deuda y los intereses.
La mujer dijo que nunca fue notificada, esto, porque, pese a lo que establece la ley, las notificaciones se hicieron en el Hospital de Clínicas, siendo ella ya jubilada desde el 2017.
La víctima dijo que la asociación nunca prestó dinero a sus asociados, y que aportaba mensualmente la suma de G. 2.500, con descuento automático.
Incluso, en poder del fiscal obra la copia autenticada de la constancia de cancelación de pago que le había entregado la propia Lourdes Aranda, el 30 de agosto de 2018.
Medidas alternativas
El fiscal Luis Piñánez solicitó medidas alternativas a la prisión, la obligación de fijar domicilio, la comparecencia mensual en el Juzgado, una caución real por valor de G. 42.697.060 y la prohibición de salida del país.
Una larga lucha
Luciana Bernardet lideró ya varias movilizaciones para reclamar que la falta de ese dinero que le descuentan le está costando la vida.
“Vivo gracias a Dios. Dios es grande y provee, con eso vivo, con la mitad de un sueldo mínimo. Con eso pago luz, agua, medicamentos, la asistencia de mis suegros. En la miseria me dejaron después de haber trabajado 34 años”, declaró recientemente.
