La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público investiga por supuesto enriquecimiento ilícito a los cinco jueces de Paz acusados en la mafia de los pagarés. La Fiscalía había advertido en su acusación que existiría un sistema de recaudación en los Juzgados y que los jueces semanalmente recibían el dinero de las notificaciones que nunca se realizaban.
La Contraloría General de la República (CGR) había enviado a la Fiscalía los exámenes de correspondencia de presuntas irregularidades que hoy están siendo indagadas.
Se remitió por los cinco magistrados:
- La jueza Carmen Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación).
- La jueza Nathalia Guadalupe Garcete (Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno).
- El juez Gustavo Villalba (Juzgado de Paz de la Catedral 1er Turno).
- La ex jueza Lilian González de Bristot (Juzgado de Paz de San Roque).
- El ex juez Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado de Paz de La Recoleta).
Las sospechas ahora están siendo investigadas por varios fiscales.
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Un sistema de recaudación en los Juzgados
Ujieres notificados y actuarios colaboraron con la investigación de la mafia de los pagarés, contando a detalle lo que sabían de un aparente esquema de recaudación en los Juzgados de Paz de La Encarnación, Recoleta y San Roque, de Asunción.
Como cada demandante debe pagar para que se notifique a los deudores en los juicios ejecutivos, las casas de cobranza que interponían las demandas llevaban en “paquetes” los casos para notificar, y el dinero que ingresaba era alto, ya que las notificaciones en la realidad no se hacían, sino que solo se firmaba que sí se realizaron.
El ujier Arturo Ayala Franco contó que “por el volumen” de notificaciones que tenía para firmar, la jueza Carmen Analía Cibilis debía recibir su parte, que eran unos G. 25 millones semanales.
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Ese monto era el objetivo, pero podría aumentar “si ingresaban más empresas a litigar en el Juzgado”.
El dinero se le entregaba a la jueza en efectivo, los días viernes en su oficina. Y si el ujier no llegaba a alcanzar los G. 25 millones, debía pagar la siguiente semana con retroactivo.
Incluso, la jueza llevaba “un sistema de control de la cantidad de notificaciones que se entregaban y pagos hechos”.
En una reunión con la magistrada, ella le habría puesto al tanto sobre “la forma de trabajo” y los montos.
Las grandes empresas iban presentando muchos juicios y, por ende, tendrían un “costo diferenciado” en el cobro de las cédulas de notificación.
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A las empresas se les hacía un descuento del 20% a 30% a la tarifa establecida por la Corte Suprema a través de una acordada, que fijó precios de notificación de acuerdo con las distancias.
