La fiscala especializada en Delitos Económicos Silvia González imputó a su colega, la fiscala Gloria Rojas por cohecho pasivo agravado y pidió el desafuero, ya que se sospecha que participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre de este año.
El caso inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado, estando embarazada.
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La cronología
Denunció que el 14 de noviembre la fiscala Gloria Rojas le citó en su despacho, en la Fiscalía de Coronel Oviedo y le dijo supuestamente que el otro procesado Ricardo Villamayor “ya estaría arreglando su situación”, recomendándole que hiciera lo mismo.
Franco Acosta supuestamente le dijo que seguro el monto base era G. 20.000.000 y que él no tenía. “Me dijo entonces que entregue lo que tenga nomás pero que solucione”, según declaró.
La fiscala Gloria Rojas le habría indicado que se comunicara con el abogado Juan Carlos Bedoya. Con este arreglo, le habría asegurado que “le daría un cambio de calificación y una salida de suspensión condicional del procedimiento”.
Según la denuncia, Rojas le advirtió que le acusaría el 17 de noviembre, y que después recién iba a pedir cambiar la calificación.
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Franco Acosta contactó con el abogado y este le informó que necesitaba G. 25 millones para obtener la salida procesal. Luego, el 20 de noviembre le habría pedido G. 5 millones y ya el pedido totalizaba los G. 30 millones.
Además, debía entregar G. 1 millón en concepto de donación.
El 21 de noviembre Franco Acosta volvió a reunirse con Rojas. “Al iniciar la conversación, la fiscal le preguntó directamente: ‘Treinta’, pese a que Acosta no había mencionado aún ninguna cifra”. En la ocasión, le dio instrucciones de qué pasos realizar para la obtención del cambio de calificación y la suspensión condicional.
Según la fiscala Silvia González, ese diálogo “evidenciaba que la fiscal tenía pleno conocimiento del monto que Bedoya le había indicado”
Finalmente, en fecha 26 de noviembre, se hizo una entrega vigilada de dinero con autorización judicial y se encontró en poder del abogado Juan Carlos Bedoya el dinero.
Medidas cautelares
La fiscala de Delitos Económicos pidió al juez que envíe los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la Corte Suprema y a la Fiscalía General.
Solicitó también una caución de G. 200 millones, “de acuerdo a la naturaleza del hecho que se investiga” y que se le prohíba acceder a la Fiscalía de Coronel Oviedo.
El terrible feminicidio
María Fernanda, embarazada de cuatro meses, fue hallada sin vida y quemada en un patio baldío de Coronel Oviedo el 31 de mayo. El presunto autor del crimen sería su ex pareja, otro adolescente, quien le habría asesinado luego de enterarse que ella estaba en gestación y al parecer le haya obligado a abortar, hecho que no se concretó.