Por tercera vez, se suspendió la audiencia preliminar en donde está acusada la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y otras trece personas que habrían formado parte de un esquema para perjudicar a la Comuna por más de G. 338 millones.
Esta vez, el procesado Guido Vargas recusó al juez Humberto Otazú, a través de su abogado Juan David Campuzano, y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.
La primera vez, en febrero de este año, se había suspendido la preliminar, porque la intendenta apeló la fijación de la audiencia, pero se rechazó su apelación.
En mayo, específicamente el 23 de ese mes, se había intentado hacer nuevamente la preliminar, pero Enrique Lovera, ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comuna de Quyquyhó, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú.
Acusada de usar dinero público para construir su casa
El fiscal Anticorrupción Silvio Corbeta acusó a la intendenta, ya que junto con el diputado habrían construido la casa familiar en Asunción, con dinero de la Municipalidad, cuando el legislador era intendente.
La inversión en la vivienda –ubicada en el barrio San Vicente de Asunción– totalizó G. 1.108.599.918, pero el dinero utilizado “no provino de fuentes lícitas de ingresos legales que (Esteban Samaniego) tuvo como intendente, sino a costa del desvío del patrimonio administrado por su persona”.
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Se habla de un “esquema de corrupción dentro de la Comuna, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados sin números de contratos para lesionar el patrimonio de la Municipalidad”. El monto del presunto perjuicio asciende a G. 338.595.000.
¿Quiénes habrían colaborado?
Fueron varias personas, específicamente sus familiares y allegados, las que efectivizaron distintos cheques, que totalizaron esa suma.
Según el fiscal, entre el 2011 y el 2016, Patricia Adriana Corvalán efectivizó cinco cheques por valor de G. 117.500.000.
Todo este monto debía destinarse a “remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos de la ciudad de Quyquyhó”, pero no fue así.
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Aparte de ella, el cuñado de Samaniego, Damián de Jesús Galarza, efectivizó G. 40 millones, mientras que la madre del ahora diputado, Blanca María Álvarez, retiró G. 20.000.000.
También habría formado parte del esquema el guardaespaldas del entonces intendente, Christian Daniel Domínguez, quien llegó supuestamente a efectivizar G. 93.500.000 y también Samaniego habría retirado G. 67.595.000.
Todos esos montos fueron usados para la construcción de la vivienda, según el Ministerio Público.
Si bien la casa está a nombre de la mamá del hoy diputado, según el fiscal Anticorrupción, Samaniego se valió de ella para acrecentar su patrimonio.
