03 abr. 2026

Fiscalía General del Estado

El senador Basilio Bachi Núñez defendió a su colega Hernán Rivas apelando al principio constitucional de la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, evitó responder si la bancada cartista está convencida de la validez del título de abogado de Rivas. Y si existe blindaje al papá de Rivas en causa municipal.
El agente policial encargado de la seguridad de un ciudadano brasileño señaló que en ningún momento participaron en el robo de un cargamento de USD 250.000 en chía. Sostuvo que su orden era resguardar la seguridad de una persona, quien se desplazaba con camiones repletos del citado cargamento.
El ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez utilizó el objeto de gasto 831 de forma irregular con la venia de la Junta Municipal, según la acusación de la Fiscalía en el caso de los detergentes de oro. En 2020, destinó más de G. 6.944 millones a compras directas sin reglamentación previa, en coordinación tardía con la SEN y sin supervisión externa. La Fiscalía centra la acusación en dos contratos por G. 1.690 millones.
El senador Rafael Filizzola advirtió que la acusación contra Hernán Rivas por falsificación de título universitario abrirá un debate jurídico complejo, ya que sus decisiones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) podrían ser impugnadas.
El abogado Enrique Wagener fue citado por la Fiscalía para declarar en el marco de la denuncia presentada sobre un esquema de mafia que involucra la compraventa de contratos, nombramientos y aumentos salariales en la Municipalidad de Asunción.
Ciudadanos autoconvocados protestaron este lunes frente al local de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, a cargo de la fiscal adjunta Soledad Machuca, exigiendo acciones firmes contra la corrupción. Alegaron que desde dicha unidad, encargada de investigar sonados casos de corrupción vinculadas a político, reina el secretismo y la opacidad.
La concejala de Luque Belén Maldonado denunció en la Fiscalía al presidente de la República, Santiago Peña, tras haber sido expulsada de manera violenta por sus guardias. La edil encaró al mandatario en un acto público para exigir información sobre el proyecto autopista elevada.
La senadora Esperanza Martínez dijo que el resultado del informe de intervención de Asunción fue lapidario y ratifica que se “timbeó” con el dinero de los contribuyentes. Espera una investigación exhaustiva y no un blanqueo del Ministerio Público.
La Codeasu emitió un comunicado donde plantea que la renuncia de Nenecho es una confirmación de la corrupción instalada durante su gestión.
La familia del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC) emitió un comunicado a un año del asesinato del legislador a manos de la Policía Nacional, repudiando el “silencio” de la clase política y la falta de resultados en la investigación para esclarecer su muerte, la cual está camino a quedar sin efecto.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, desestimó la denuncia contra Vicente Mario Bataglia, ex presidente del Instituto de previsión Social, y otros ex directivos del ente, por supuesta lesión de confianza. Esto a pedido de la fiscala adjunta Soledad Machuca, tras el trámite de oposición que le dio el magistrado.
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat (MUVH) y el Ministerio Público firmaron un convenio de cooperación para que funcionarios de la Fiscalía accedan programas de vivienda.
Pese a que el Ministerio no ha anunciado hasta ahora ningún tipo de investigación sobre las graves denuncias de planillerismo que implican cobros indebidos de honorarios y otros delitos, los dos sobrinos de la senadora Noelia Cabrera ya presentaron una nota a la Fiscalía.
La Sala Penal de la Corte destrabó la causa de Francisco Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado, y resolvió que el camarista José Agustín Fernández sea quien estudie el caso. Aunque Fernández se había apartado, su colega Arnulfo Arias impugnó esa decisión y los ministros le dieron la razón. Además, se remitirán los antecedentes para analizar la mora en la resolución en el expediente.
La Inspectoría General del Ministerio Público dispuso la apertura de un sumario administrativo a la asistente fiscal María Kathryn Román Trinidad, quien presta servicios en la Unidad Penal 3 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty por la presunta comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Dos mujeres relatan que la Justicia ni el Poder Legislativo ni el Ministerio de Salud dan respuestas para frenar los embargos ilegales por demandas que les inventaron. Sostienen que viven con G. 1 millón mensuales y tienen enfermedades.
Un consorcio de periodistas internacionales denominado “Forbidden Stories” recopiló documentación clave respecto al caso ocurrido en 2020 en Pedro Juan Caballero al que tuvieron acceso y denunció inacción de la Fiscalía posibilitando la impunidad del principal sospechoso. El Ministerio Público salió al paso y negó cualquier insinuación de complicidad con estructuras criminales.
La Fiscalía amplió la investigación contra el ex intendente de Lambaré Armando Gómez por el presunto delito de estafa mediante sistemas informáticos. La causa se centra en la supuesta anulación de facturas pese al ingreso efectivo del dinero, lo que habría generado un perjuicio que alcanzaría los G. 10.000 millones.
La fiscala que investiga al ex viceministro Federico Mora denegó a la denunciante acceder a las copias de la causa. Según el abogado, el ex funcionario sigue sin ser imputado, pero que no saben cómo avanza la causa, por lo que recurren ahora al fiscal general.
El titular del Ministerio Público no hizo lugar al pedido de sacar a los fiscales del caso del senador cartista. La recusación a los agentes había paralizado el juicio, ahora, con esto se podrá iniciar el juzgamiento. Aunque el legislador todavía podría recurrir a la Corte Suprema.
Otro de los trabajadores que sufrió quemaduras por la explosión de una caldera falleció esta madrugada. El primero había perdido la vida en la explosión, que ocurrió el pasado jueves en una planta laminadora en Santa Rosa del Aguaray. Los propietarios fueron imputados por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Otro obrero que sufrió quemaduras sigue internado.
El Tribunal de Apelación Penal, con voto dividido, revocó la desestimación y ordenó que continúe la investigación de una causa por supuesta estafa y otros, a la cual se le dio el trámite de oposición, ratificado por la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, por lo que la jueza Cynthia Lovera desestimó el caso.
El Ejecutivo creó el sistema de búsqueda de personas desaparecidas tras el asesinato de la joven María Fernanda. En el Parlamento hay un proyecto en estudio.
Dos constructoras se suman a la denuncia de que en el estudio contable MB Contabilidad, en CDE, utilizaba sus talonarios para consignar montos millonarios por supuestas ventas que ellos no autorizaron. La fiscala ya ordenó la detención de la contadora y no descartó que haya más víctimas.
El Ministerio Público continúa con las auditorías aleatorias en el interior del país para evaluar la gestión de los fiscales y, principalmente, que las investigaciones no sean irregulares.
La autopsia hecha a la joven María Fernanda Benítez, de 17 años, hallada calcinada en un patio baldío de Coronel Oviedo, revela elementos que hacen sospechar que su muerte fue por intoxicación de monóxido de carbono.
Unos 400 nuevos casos –presuntamente irregulares– se suman a la investigación de los 781 expedientes por los que ya el Ministerio Público formuló imputación contra cinco jueces de paz de Asunción. La Fiscalía ya pidió más informes a la Corte.
Una mujer es investigada por captar supuestamente a mujeres y mantenerlas en una propiedad en Minga Guazú, hasta enviarlas a Europa, con el fin de explotarlas sexualmente. La Fiscalía habla que la investigación recién inicia.
En el encuentro entre los titulares del Ministerio Público de Paraguay y Colombia, se reafirmó la “voluntad institucional” para seguir investigando el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci. Los fiscales también hicieron un reconocimiento póstumo al agente fallecido.
El 86% de los casos siguen ocurriendo en el entorno familiar del menor, según datos del Ministerio Público. Además, el dato global de todas las vulneraciones a niños, niñas y adolescentes sobrepasan las 8.000 denuncias.
Cinco menores de edad fueron sacados del estado de abandono. Todos ellos quedaron a cargo de una mujer, mientras buscan una familia de acogida. Cuestionan la lentitud de las autoridades de la zona. Ya hay orden de captura contra el denunciado.