La concejala municipal de Luque Belén Maldonado presentó una denuncia contra el presidente Santiago Peña a raíz de un incidente ocurrido en un acto público. La edil increpó al mandatario para pedir información sobre la autopista elevada proyectada en su comunidad y, seguidamente, fue expulsada a la fuerza del lugar por los guardias presidenciales.
Durante una audiencia pública en el polideportivo de la Cooperativa de Luque, la concejala Belén Maldonado tomó el micrófono para solicitar información sobre la construcción de la autopista elevada, pero fue expulsada por los guardias del presidente Santiago Peña. La edil precisó que personal del Regimiento Escolta Presidencial la retiró “con empujones, golpes y agresiones, extendiéndose la violencia también hacia miembros de la comunidad que me acompañaban”.
Resaltó que esos hechos constituyen “una clara expresión de violencia política contra la mujer, puesto que la agresión ocurrió en un contexto de participación pública, con la finalidad de silenciar mi voz y amedrentarme en el ejercicio de mis funciones como representante electa”.
La concejala liberal estuvo acompañada por el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, y otros referentes para presentar la denuncia en la Fiscalía General. “No fue una decisión fácil, sabemos a qué nos estamos enfrentando, a gente con mucho poder, la máxima autoridad prácticamente del país, hasta peligrosa”.
Asimismo, indicó que quiere dejar un precedente, “porque no tienen por qué cercenar nuestra libertad de expresión, contemplada en la Constitución, y cada paraguayo debe sentirse libre de cuestionar”.
Aseveró que el gobierno de Peña dejó un mensaje claro: “Hablás y te callamos, y de manera hasta violenta”.
Resaltó que ella se encontraba haciendo su trabajo y se acercó a pedir el acceso a la información sobre la autopista elevada. “Eso era lo que estábamos solicitando porque es su obligación también. Sinceramente, no esperaba esta represalia”, comentó.
“En el momento en que los guardias me sacaron no podía creer lo que estaba ocurriendo. Incluso puse resistencia, porque no quería aceptar que me expulsaran de esa manera de mi propia comunidad”, narró.
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Agregó que la violencia ejercida no solo atentó contra su integridad personal, sino también contra el derecho de la ciudadanía luqueña a ser representada, vulnerando principios constitucionales de democracia, participación y libertad de expresión.
También se refirió a que se trató de un ataque organizado y orquestado, ya que personas del oficialismo dieron aviso a los guardias de su presencia, y “con expresiones discriminatorias de parte del presidente de la República, quien no impidió el ataque y quiso obstaculizar mis preguntas, negándome la participación democrática y legítimamente obtenida por el voto popular en elecciones municipales”.
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En el escrito, la edil luqueña solicita la apertura de investigación penal contra los responsables materiales e intelectuales de la agresión sufrida, así como la aplicación de medidas de protección conforme a la Ley 5777/2016, incluyendo prohibición de acercamiento y garantías de seguridad para el ejercicio de sus funciones.
También pide la imputación de los responsables por violencia política contra la mujer, violencia física y otros hechos a determinar en el curso de la investigación.
