La decisión fue adoptada por la abogada Sandra Mayeregger, encargada de la Inspectoría General, tras la recepción de una denuncia formal presentada por un abogado particular, quien acusó a la asistente fiscal María Kathryn Román Trinidad, de la Unidad 3 del fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto, por supuestamente estar cobrando por dictámenes y otras actuaciones.
Según la denuncia, la funcionaria habría solicitado una suma de dinero a cambio de la emisión de un dictamen en el marco de un juicio sucesorio, hecho que no se habría concretado posteriormente.
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El denunciante acompañó a su presentación capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp como elementos de prueba.
Asimismo, se indicó que el hecho estaría vinculado a una práctica reiterada en la referida sede fiscal, de acuerdo con lo manifestado por el denunciante.
El expediente fue asignado al asistente fiscal Eduardo Torales, quien llevará adelante la instrucción sumaria conforme a lo dispuesto en la Resolución 657/2024 por la que se aprueba el nuevo reglamento interno del Ministerio Público.
El denunciante presentó un comprobante de depósito bancario que habría sido realizado a la cuenta de la funcionaria.