El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, resolvió abrir nuevas causas respecto a la mafia de los pagarés, que nuevamente involucrarían a dos de los juzgados de Paz de Asunción ya investigados y a dos de las juezas ya imputadas. El pedido de abrir las causas lo hicieron los fiscales que se abocan a la primera investigación.
La Fiscalía habla de nuevos expedientes en donde hay sospechas de estos nuevos hechos que no se pueden incluir en la causa principal, que hoy se está llevando adelante, debido al avanzado estado en que se encuentra, que está a puertas de que se presente acusación u otro requerimiento conclusivo.
Los fiscales asignados son Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Primera causa
Uno de los casos estaría relacionado con el obrar de la jueza Nathalia Garcete, actuarios y ujieres del Juzgado de Paz de la Catedral del 2° turno, contra quienes se sospecha que cometieron prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
Se habían iniciado juicios ejecutivos tras las demandas de los abogados Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarín y Édgar Ayala, de la firma Carsa, en los que se habrían usado informes falsos de notificaciones.
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Segunda causa
También se le vincula a la jueza Carmen Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación, “quien habría dictado resoluciones judiciales en aparente violación de la normativa procesal civil”.
Fueron en expedientes demandados por la abogada Diana Belén Molinas, como representante de Global Enterprises.
Se llevaron adelante juicios sin que los demandados sepan y para ello, habrían sido clave supuestamente la participación del actuario judicial Ricardo Cuevas y del ujier notificador Nicolás Antúnez, este último quien habría informado falsamente de notificaciones a los demandados, “con el conocimiento de todos”.
Se sospecha prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
Tercera causa
Se abrió una tercera investigación respecto a los trámites que se hizo ante el Juzgado de Paz de La Encarnación, en una causa de acción preparatoria de juicio ejecutivo, conocida como PH Sociedad Anónima contra Andrea Lorena Balbuena.
Luego de que se haya presentado la demanda y se hayan librado los mandamientos de embargo ejecutivo, la ujier Audrey Galeano –ya imputada en la causa principal de mafia de los pagarés– habría informado falsamente de haber notificado el 14 de junio de 2024, donde se le citaba a la deudora a reconocer su firma.
Y la notificación supuestamente se hizo en la República de Argentina, específicamente en la dirección General de San Marín 132, San Miguel de Tucumán.
También aquí intervino la abogada Talía Benítez, quien solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento de tener cierta la firma, ya que no se presentó la demandada, “sabiendo la imposibilidad material de la realización de la notificación”.
Con este informe del ujier y del actuario, la jueza Analía Cibils sacó una resolución el 28 de octubre de 2024, donde se hace efectivo el apercibimiento y se iniciaba el juicio.
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Tanto Cibils como Garcete están imputadas por dictar resoluciones en supuesta violación de la ley, en la causa principal de la trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés.
