Fue decisión dividida de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Antonio Garay, con la disidencia de su colega Manuel Ramírez Candia, quienes de esta manera destrabaron la causa en cuestión.
Ahora, los camaristas deberán estudiar la apelación contra el fallo que lo absolvió de culpa y reproche al ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón y a su esposa María Selva Morínigo por los hechos de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
En el caso, José Agustín Fernández se excusó de entender en la causa el 31 de marzo pasado, luego de que el ex fiscal general, el 25 de marzo, le recusara porque había admitido una presentación de la Coordinadora de Abogados del Paraguay en el caso, lo que sería una suerte de presión o inclinación a una de las partes.
Además, Díaz Verón sostuvo que durante su gestión se había realizado un proceso de investigación a un funcionario de ese tribunal, que derivó incluso en el allanamiento de su despacho.
Su inhibición fue impugnada por el camarista Arnulfo Arias, con el argumento de que ese Tribunal de Apelación tiene intervención en el juicio desde el 2018, sin que haya variado su integración. Asimismo, que los hechos descriptos no eran motivo para apartarse de la causa.
El ministro Eugenio Jiménez fue preopinante, quien señala en su análisis que José Agustín Fernández invocó las causales de “enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos” y “cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia”. Indica que las causales son contrarias entre sí, ya que si invoca una no puede hablar de la otra causal. Además, debe haber pruebas, hechos concretos.
Además, el ministro recuerda que anteriormente Díaz Verón había recusado a Fernández y al camarista Delio Vera, por el citado allanamiento, lo que ellos habían rechazado, el 12 de julio de 2023. Con ello, dice que fundamentó su cambio de postura.
De esta manera, vota por admitir la impugnación del camarista Delio Vera Navarro y confirmar a José Agustín Fernández en la causa.
Además, explica que la fiscalas Claudia Aguilera y Natalia Silva habían apelado la sentencia del 21 de diciembre de 2023, que absolvió a los acusados. El caso llegó al Tribunal de Apelación el 7 de marzo de 2024, sin que hasta ahora haya resolución.
De esta manera, vota por remitir el caso a una auditoría de gestión para conocer e individualizar a los responsables de la mora en resolver el caso.
Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia entiende que al haber solo un inhibido, cuyo apartamiento fue impugnado, los otros dos miembros del Tribunal deben resolver la cuestión, salvo que no lleguen a un consenso. Vota por devolver el caso al Tribunal de Apelación.
El ministro Garay se adhirió al voto de su colega Eugenio Jiménez, con lo que se confirma al camarista José Agustín Fernández en el caso.
Absueltos en juicio
En el caso, en diciembre del 2023, los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez habían absuelto a Javier Díaz Verón y a su esposa por los citados cargos, durante el juicio oral que duró varios meses.
Es más, durante la lectura de sentencia, el juez Darío Báez señaló que el Estado paraguayo debe pedir disculpas a todos los procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Le cobraron muy caro, señor fiscal”, expresó al considerar que la causa tuvo un “tinte político”. En todo momento, desmeritó la investigación del Ministerio Público.
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El magistrado citó que a Verón y Morínigo no solo se les hizo “perder el tiempo”, sino que el Estado los separó como pareja y de la familia al llevarlos presos a diferentes cárceles, así como también fueron perjudicados económicamente.
En el juicio oral, las fiscalas Claudia Aguilera y Natalia Silva habían solicitado la pena de ocho años de cárcel para el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y para su esposa cinco años de prisión.
Sin embargo, los jueces argumentaron que hubo “una falta total de investigación, tenemos una investigación deficiente que ha pretendido confundir a este tribunal y a la ciudadanía”. Con ello, absolvieron al fiscal.
La Fiscalía acusó al ex titular del Ministerio Público y su esposa de no poder justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentó ocultar los bienes a través de su esposa.
