El Ministerio Público reafirmó su actuación “técnica y jurídica” en el caso del asesinato del periodista brasileño Leo Veras, ocurrido en Pedro Juan Caballero en el año 2020, y negó categóricamente cualquier insinuación de complicidad con estructuras criminales.
Esto se dio a raíz de denuncias de varias organizaciones, entre ellas Forbidden Stories, que tuvieron acceso a documentos relacionados con casos judiciales claves que revelan cómo la Fiscalía paraguaya no investigó adecuadamente al cabecilla de la organización de narcotráfico sospechoso del asesinato, Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, pese a los reiterados pedidos de colaboración por parte de sus homólogos brasileños.
Veras, un brasileño afincado en Paraguay, tenía poco más de 50 años cuando fue asesinado.
En las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan quienes cubren la información criminal en Pedro Juan Caballero, Veras era uno de los pocos periodistas locales que se atrevían a publicar sobre el crimen organizado y las redes de narcotráfico, a través de breves noticias en su portal web Porã News, fundado por él mismo.
Su muerte hizo sonar todas las alarmas y puso en evidencia no solo el frágil estado de la libertad de prensa en Paraguay, sino también las fallas del sistema de Justicia encargado precisamente de resolver estos crímenes.
La causa había sido elevada a juicio oral y público, y culminó con la sentencia definitiva liberando a Cachorrão del caso y permitiendo que este se fugara. “Ante esa decisión, el Ministerio Público interpuso una Apelación Especial señalando vicios sustanciales en el proceso, tales como la exclusión indebida de pruebas ya admitidas, la negativa del tribunal de origen a incorporar testigos claves, y contradicciones en la motivación del fallo”, alegó el Ministerio Público.
Mencionó que el Tribunal de Apelación dio la razón a la Fiscalía al señalar que la sentencia apelada presentaba inconsistencias, incoherencias y contradicciones, y que se habían vulnerado principios fundamentales como la libertad probatoria, la sana crítica racional y la motivación exigida por ley.
“En consecuencia, resolvió anular el fallo y ordenar la realización de un nuevo juicio oral con otro tribunal”, expresó en un comunicado el Ministerio Público.
Desde la institución se destaca que la apelación presentada no fue una reacción subjetiva, sino una acción fundada en irregularidades objetivamente verificadas, que fueron posteriormente admitidas por el Tribunal de Apelación.
“De esta manera, el Ministerio Público reafirma su actuación técnica y jurídica en el caso. La Fiscalía insistió en que actúa con rigor técnico, conforme a derecho y bajo control jerárquico en cada una de las etapas del proceso, logrando que la causa siga su curso para un nuevo juzgamiento”, manifestó el Ministerio Público.
