Luciana Bernardet, una enfermera jubilada y víctima de la mafia de los pagarés, sigue reclamando a la Justicia, entre lágrimas, que no le dan respuesta y que le siguen descontando mensualmente, luego de que le hayan inventado una deuda. “Siguen dejándonos sin comida, ¿hasta cuándo?”, reclamó.
A la mujer se le descuenta G. 1.450.000 mes a mes desde noviembre del 2023 y esto está previsto que se alargue hasta marzo del 2026.
Luciana había comprado provistas y ropas a través de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y saldó su deuda en el 2018, o eso creía. Finalmente, terminó siendo demandada y con embargos incesantes.
"¿Cómo vive?”, se le preguntó. “Vivo gracias a Dios. Dios es grande y provee, con eso vivo, con la mitad de un sueldo mínimo. Con eso pago luz, agua, medicamentos, la asistencia de mis suegros. En la miseria me dejaron después de haber trabajado 34 años”, lamentó la mujer en contacto con NPY.
Vivo gracias a Dios. Vivo con la mitad de un sueldo mínimo. Con eso pago en luz, agua, medicamentos, la asistencia de mis suegros. En la miseria me dejaron después de haber trabajado 34 años.
Ahora recalca que las soluciones “parche” que están dando desde Salud con el tema de los descuentos tampoco le favorecen, ya que ella es jubilada del Hospital de Clínicas y eso no depende de Salud.
“Nuestras autoridades no funcionan, ¿qué es lo que pasa?”, dijo muy conmocionada.
Su causa en Fiscalía
Ella había denunciado el caso ante el Ministerio Público y recién después de presiones, se asignó a un fiscal especializado en Delitos Económicos el agente Luis Piñánez, pero cuestionó que nuevamente no avanza su causa.
“Cuando tomó la Fiscalía el caso dije: ‘Ahora se soluciona mi problema. Ahora tengo un fiscal’. Y hasta ahora no hay solución”, expuso Luciana.
Dijo que ya fue a declarar ante el fiscal el pasado 24 de junio. “Él dijo que era lo último y después ya iba a seguir más rápido mi causa. Este es el momento que no tenemos ninguna información”, sostuvo.
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Tampoco en el Juzgado le permiten cesar con los descuentos.
La mujer había denunciado por estafa a la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, que era la que le dijo que su deuda en Amuclin estaba saldada, pero fue quien promovió la demanda en su contra. Fue la docente Julia Mabel Acosta, quien sin conocerle, la que terminó demandándola a través de la abogada.
Diez años de calvario para otra mujer
Otra mujer, también víctima de la mafia, vive con muletas a raíz de la descalcificación de sus huesos. Lleva una vida difícil, que se complicó más porque ya no puede pagar ni sus medicamentos completos que requiere su tratamiento.
Está soportando descuentos desde el 2015 hasta el día de hoy. Eso significa diez años de incesantes embargos, que ella ya ni sabe de qué es.
También es una enfermera jubilada desde hace tres años, que entregó a sus estafadores G. 110 millones a lo largo de los años.
“Nos dimos cuenta que esta mafia tiene tentáculos muy largos y que están involucradas personas de alto poder que se están beneficiando con nuestra plata. Estoy tratando de sobrevivir porque no se puede sobrevivir con G. 1 millón”, lamentó.
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Relató que le vienen descontando G. 1.200.000 mensual, que supuestamente acabará en setiembre, pero reconoce que tiene miedo de que allí entre un nuevo embargo.
"¿Quién te va a devolver esa plata? El Estado no te va a devolver, ni mucho menos esta gente estafadora. Hay días que no tenemos ni para comer”, dijo muy conmocionada.
