La Red de Democracia y Transparencia realizó un llamado a la Cámara de Senadores para revertir las modificaciones del proyecto de financiamiento político, atendiendo que la sanción de la Cámara de Diputados pone en peligro la calidad de la democracia paraguaya.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, buscó desmarcarse del pacto que permitió destrozar el proyecto de financiamiento político para evitar un mayor control e impedir la publicación del patrimonio de las autoridades.
Los diputados, en su mayoría colorados, volvieron a truncar la posibilidad de que la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos pueda ser publicada. El documento aún debe ser estudiado en particular.
El diputado colorado Basilio Núñez insistió este martes en que es inviable la modificación de la ley de financiamiento político que busca la trazabilidad de fondos de las campañas electorales. Los legisladores tratarán la normativa este martes en sesión extraordinaria.
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, consideró que la Contraloría se apresuró en remitir el informe de su declaración jurada a la Fiscalía, sin antes darle la oportunidad de aclarar las supuestas inconsistencias. Aseguró que la institución carece de sustento para acusarlo.
Desde la Contraloría General de la República (CGR) ratificaron que las declaraciones juradas de bienes de cinco ministros del Gabinete del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deben ser analizadas por la Fiscalía, ya que "los datos levantan ciertas sospechas".
La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en las declaraciones juradas de varios ministros y ex ministros del Poder Ejecutivo. Por tal motivo, este lunes se remitió un informe al Ministerio Público.
El Ministerio Público apeló la resolución por la cual se hace lugar a un pedido para el traslado a Paraguarí de la causa que implica al diputado Miguel Cuevas, su esposa e hijo. La familia es investigada por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón hizo pública su declaración jurada de bienes, tras ser promulgada la Ley 6355/2019, que blinda las declaraciones juradas de los empleados públicos.
La Cámara de Diputados se ratificó este miércoles en su versión del proyecto de ley sobre la publicidad de las declaraciones juradas, con lo que quedó sancionada la propuesta que establece que solo se podrá acceder mediante una orden judicial.
